Víctor L. Bacchetta

El gobierno parece estar “gastando los últimos cartuchos” para firmar el contrato e iniciar las obras del proyecto Neptuno antes de que se conozca el resultado de las elecciones nacionales, que tienen la primera votación el próximo 27 de octubre. El mismo día de la audiencia pública que fue convocada por el Ministerio de Ambiente apurando el trámite de evaluación, OSE presentó una nueva recusación del juez Letrado en lo Civil de 9º Turno, Alejandro Recarey, a cargo del litigio por la misma causa.

En julio de este año, los representantes del Poder Ejecutivo ya cuestionaron el tratamiento por la Justicia Civil de la demanda de la Comisión Nacional del Agua y la Vida (CNDAV) y el colectivo “Los Tucu-Tucu”, del departamento de San José, cuando el juez Recarey convocó a la primera audiencia de las partes para tratar la medida cautelar propuesta de no avanzar en el proyecto Neptuno hasta verificar que éste cumpla con la Constitución y que sean admisibles los impactos ambientales.

En aquella ocasión, dado que el Tribunal de Apelaciones había admitido la validez de la demanda de las organizaciones sociales en la Justicia Civil, el juez continuó con la audiencia y trasladó a la instancia superior la recusación en su caso.

No obstante, Recarey consideró que esa recusación no le impedía decidir sobre la medida cautelar y, el 24 de julio, le ordenó a OSE la suspensión de la firma del contrato del proyecto Neptuno con el Consorcio Aguas de Montevideo -formado por las empresas Ciemsa, Fast Industria y Comercio Ltda, Saceem y Berkes- que busca extraer agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí, en San José, para el suministro de agua potable a Montevideo y la región metropolitana.



La recusación de Recarey planteada en aquel momento por el Ministerio de Salud Pública fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones pocos días después y el juez quedó habilitado para seguir en la causa. Paralelamente, el Ministerio de Ambiente y OSE apelaron la medida cautelar, pero la empresa pública de agua potable le agregó la recusación del propio Tribunal de Apelaciones, por considerar que esta demanda se debe dirimir en el Contencioso Administrativo y no en la Justicia Civil.

Si el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno admitía la recusación, las apelaciones se trasladaban al Tribunal subrogante de 3º Turno, pero, como no la aceptó, la impugnación pasó a la Suprema Corte de Justicia, que hasta el momento no se ha pronunciado.

La nueva recusación de OSE a Recarey evidencia que el Poder Ejecutivo está apelando a todos los recursos para anular su actuación, pero dilata, al mismo tiempo, el tratamiento de la apelación de la medida cautelar.

El escrito presentado por OSE el pasado 3 de octubre al Juzgado de lo Civil de 9° Turno reitera prácticamente los términos de la anterior recusación contra Recarey. “El juez violentó – afirma la empresa estatal - la imparcialidad y la igualdad de las partes en el proceso, y (…) dictó sentencia en base a convicciones personales, fundando el fallo en base a una posición personal preexistente". OSE concluye que se “incurrió en prejuzgamiento al dictar la sentencia” (sic).


Juez Alejandro Recarey Foto: tomada de Telemundo

Recarey respondió al día siguiente y elevó la recusación al Tribunal de Apelaciones. En su resolución, el juez expresa que una recusación debe basarse en circunstancias comprobables de imparcialidad, pero solo las originadas por tener intereses en el proceso, por afecto o enemistad personales o por prejuzgamiento. “Estudiando uno por uno los vectores de posible sustento recusatorio, se aprecia que ninguno se plasma en la especie”, afirma Recarey.

La recusación pasa al Tribunal de Apelaciones que también está recusado, por lo cual se dilatan más las decisiones. Para juristas consultados por Sudestada, este entramado de apelaciones y recusaciones no tiene precedentes. Paradójicamente, por un lado, el Poder Ejecutivo puede impedir así unas actuaciones de la Justicia pero, por otro lado, si su objetivo es acelerar la resolución del proyecto, solo podría hacerlo en un desacato al Poder Judicial.

Evaluación ambiental cautiva

Las dos instancias de participación pública previstas en la evaluación ambiental del proyecto Neptuno, la Puesta de Manifiesto del Informe Ambiental Resumen (IAR), realizada del 30 de agosto al 26 de setiembre, y la audiencia pública, convocada el 3 de octubre en la localidad de Rafael Peraza, en San José, fueron cuestionadas por las organizaciones sociales opuestas al proyecto al considerar que violaron la norma establecida a tales efectos.

La Puesta de Manifiesto fue cuestionada al saberse que el Ministerio de Ambiente había realizado, el 27 de setiembre, una nueva solicitud de información complementaria (SIC) sobre el proyecto que la empresa aún no ha respondido. El decreto 349/005, establece que el IAR debe contener “en forma sucinta la información contenida en los documentos del proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, con las correcciones y complementaciones que se hubieran realizado en la tramitación”.

A su vez, la convocatoria de la audiencia pública cuatro días hábiles después, indicaba que no se habrían evaluado los comentarios presentados en la Puesta de Manifiesto y que la participación social tampoco tendría en esta instancia todos los elementos necesarios para opinar sobre el proyecto. En Rafael Peraza, los técnicos del Ministerio de Ambiente respondieron esos cuestionamientos con una interpretación muy particular del reglamento de las evaluaciones ambientales.

“La audiencia pública y la Puesta de Manifiesto son dos instancias diferentes y una no depende de la otra”, afirmó la química Rosario Lucas, gerente del Área de Evaluación Ambiental. Y el ingeniero Eugenio Lorenzo, director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad, alegó que la audiencia es “absolutamente independiente de las solicitudes de información complementaria, de la Puesta de Manifiesto e incluso de las respuestas que pueden estar pendientes”.


Audiencia pública en Rafael Peraza

“Desde el punto de vista formal - agregó Lorenzo -, la audiencia pública se puede realizar cuando se desee. Nosotros elegimos realizar la Audiencia Pública cuando entendimos que estaba en condiciones suficientes y más que claras para poder analizar el proyecto”. Si la ejecución de la Puesta de Manifiesto y la audiencia pública dependen del simple arbitrio de los técnicos, es obvio que esa decisión puede no contemplar el sentido de la participación social invocada.

La audiencia del proyecto Neptuno fue una prueba de lo anterior, ya que no solo tuvo lugar sin que el público tuviera todas las informaciones requeridas por el propio ministerio, sino que evidenció la existencia de una controversia de orden técnico no resuelta. Ante un público que difícilmente lo podía seguir, se desarrolló un debate entre dos sectores, el del ministerio y el consorcio, de un lado, y el de las organizaciones sociales y parte de la academia, del otro lado.

Con títulos técnicos y académicos, ambos se cuestionan mutuamente sus opiniones apelando a datos, estudios y bibliografías que no coinciden y que, por lo tanto, divergen en el enfoque y las soluciones para los problemas del agua. Una parte la componen ingenieros civiles, hidráulicos y químicos, que piensan que todo se resuelve con tecnología, y la otra biólogos y ecologistas en general, con la preocupación de conocer la naturaleza y adaptarse a sus leyes.

Bajo tales circunstancias, es evidente que la evaluación ambiental del proyecto Neptuno responde más a la determinación política del Poder Ejecutivo que a la validez de los estudios técnicos y la consideración de la participación social. Desde el primer anuncio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en marzo de 2021, la autorización de este proyecto avanzó a “salto de mata”, pasando por encima de la seriedad requerida para una decisión de este porte.