La niña cuyo caso conmovió a Uruguay a principios de año cuando se conoció que tras ser víctima de abuso sexual había quedado embarazada, deseaba tener al niño y formar una familia con el violador, fue sometida a una cesárea el viernes 16 de octubre luego de que un control de rutina indicara que su presión arterial no permitía que continuara con la gestación una semana más para que el embarazo llegara a término.

Según informó el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), ella y su bebé se encuentran en condiciones “óptimas” y permanecerán bajo el cuidado de la institución.

Apenas dos días antes del parto, la abogada Hebe Martínez Burlé se contactó con la familia para ofrecer sus servicios en forma gratuita luego de conocer, a través de Subrayado, que esta deseaba entablar una demanda contra el Estado pero carecía de los recursos económicos para hacerlo. “Tomo el asunto por razones humanitarias. La situación de esta chiquita me conmovió profundamente cuando se conoció el caso a principios de año”, explicó a Sudestada la abogada reconocida por su participación en varias causas vinculadas a los Derechos Humanos.

Martínez Burlé está actualmente estudiando la historia clínica vinculada al período de gestación que transitó la niña, incluyendo las actas de la comisión médica que resolvió la continuidad del embarazo, y está recabando documentos acerca de su salud mental antes de la situación de abuso sexual. Además prevé estudiar a fondo el proceso judicial que culminó con el encarcelamiento del violador.

Tras el análisis de estos archivos determinará las responsabilidades que podrían caberle al Ministerio de Salud Pública y al Poder Judicial, para presentar la demanda civil contra estas reparticiones del Estado en noviembre.

Aunque el estudio de estos textos recién comenzó, Martínez Burlé afirmó que a primera vista pueden notarse “irregularidades importantes” como el hecho de que el caso se tratara en primera instancia en un juzgado de familia en lugar de un juzgado penal. También criticó que se dictara una orden de restricción de acercamiento a la niña en lugar de procesar al abusador directamente por violación.

Asimismo la abogada dijo que hay diferencias entre lo que declara la madre de la niña y lo que sostiene la historia clínica. “La madre afirma que fue todos los días a ver a la hija caminando porque no tenía dinero para el boleto, pero en la historia clínica se informa que ella no se preocupó por el estado de salud de la niña”, detalló como ejemplo.

Martínez Burlé también está siguiendo los pasos necesarios para reunirse con la niña y comprobar personalmente las condiciones en que se encuentra tras varios meses de internación en un hogar del INAU.

Padres reclaman retorno de la niña al hogar familiar

Los padres de la niña dicen que quieren ayudar a su hija con la crianza del bebé y no entienden por qué la Justicia ordenó su internación en el INAU cuando fue la madre quien denunció la violación. Además han sostenido públicamente que han dado muestras de ejercer las obligaciones inherentes a la patria potestad.

Raquel, la madrina de la niña, aseguró por su parte que la semana pasada resolvió recurrir a la televisión porque la familia esta “destruida” y no ha tenido apoyos suficientes para sobrellevar la situación. “Le arruinaron la vida a la nena y a la familia. La madre está destrozada. Durante los tres meses que la chiquilina estuvo internada en el Pereira Rossell, la madre iba todos los días a verla y pedía por favor que le hicieran un aborto, pero como es una persona que tiene dificultades para hablar y es analfabeta la ignoraron completamente. En ese tiempo los médicos le hicieron estudios a la nena para ver si estaba capacitada física y mentalmente para tener un hijo, pero dejaron pasar el tiempo y no le hicieron el aborto. La madre pedía que la recibiera la directora pero nunca la quiso atender, la ignoraron, la dejaron de lado y ella está mal por ver a su hija en esta situación que no pudo evitar”, sostuvo.

Pero además afirma que el destrato hacia la madre en el Pereira Rossell continúa y que muestra de ello es que cuando concurrió en junio a solicitar la historia clínica de la niña se le dio fecha para retirarla el 25 de setiembre. Llegado ese día –explicó la mujer– no pudo retirarla “porque no estaba pronta”, razón por la que tuvo que volver al día siguiente.

Relató que no ha habido un acompañamiento a la familia a pesar de que su vulnerabilidad no es solo económica sino también psico emocional ya que la madre y varios de los hijos tienen enfermedades mentales. Explicó que la organización El Farol, que integra el Programa Calle del INAU y en la que trabaja la asistente social que ayudó a la madre a solicitar la realización del aborto, actualmente solo proporciona a la familia una canasta de alimentos.

Según datos obtenidos por Sudestada, la asistente social incluso fue objeto de una investigación administrativa por parte del INAU por las gestiones que realizó buscando obtener un aborto para la niña y desde hace tres meses se encuentra de licencia médica.

A pesar de las dificultades, Raquel aseguró que la familia ha estado pendiente de la niña, concurriendo regularmente a visitarla al hogar especializado en atención integral a la salud donde residió hasta el viernes y afirmó que los padres estaban molestos por una disposición que en el último tiempo restringió esos encuentros a una vez por semana.

La mujer admite que a la niña se le realizaron los controles obstétricos, que se le proporcionó atención psicológica y se mantuvo el tratamiento psiquiátrico que requiere, pero consideró que llegó al momento del parto sin tener una noción clara de la realidad que vivía.

“Ella tiene un problema de nervios, es muy agresiva. Cuando se descubrió todo ella quería casarse con el violador, y odiaba a la madre porque no le firmaba para que ella se casara. Ahora como que ni se acuerda, como que está en otro mundo. Ella quedó muy mal con todo esto, parecía que ni se daba cuenta de que estaba embarazada”, indicó.

Raquel consideró que la decisión de los médicos de tomar en cuenta la opinión de la niña en abril pasado respecto a su deseo de ser madre no fue correcta, y que se debería haber considerado su estado mental para tomar una resolución fundada en su interés superior. “¿Cómo con 11 años, con un retardo avanzadísimo y con un foco esquizofrénico, puede tomarse como válido que diga ‘quiero ser’?”,se preguntó.

En los días previos al parto los temores en la familia de la niña habían aumentado porque los médicos solo les decían que llegado el momento se resolvería si se realizaría una cesárea o no. En mayo pasado la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, explicó en rueda de prensa que el cuerpo de una niña de esa edad no está apto para un parto.

Un caso entre decenas

Antes del parto el INAU había informado a la familia que tras el alumbramiento la niña y el bebé serían trasladados a otro hogar, en este caso el dedicado a madres adolescentes, donde además del acompañamiento posparto se le enseñará lo necesario para llevar a cabo una crianza adecuada.

Consultada sobre el caso, la presidenta del INAU Marisa Lindner dijo a Sudestada que estuvo “en el marco de los temas generales que hacen a un embarazo adolescente” y que el directorio se ocupó de recibir informes periódicos del estado emocional y físico de la niña desde que pasó a estar a su cuidado. La jerarca explicó que el proceso de trabajo que los equipos técnicos del hogar donde se alojó a la niña fue “muy complejo”, y que mientras médicos controlaban el desarrollo del embarazo, los equipos psico sociales dieron apoyo a la niña.

“Siempre la situación vinculada al embarazo en una edad tan temprana y resultado de una violación, de una violación a sus derechos y de la utilización de su cuerpo como mercancía deja daños muy profundos e inclusive a veces irreparables”, afirmó Linder.

En cuanto a lo que ocurrirá luego del parto, la presidenta del Inau dijo que si bien se llegó a ese momento luego de que “hubo decisiones complejas, polémicas en los marcos legales vigentes”, se evaluaron nuevas modalidades de trabajo para implementar a partir de ahora con el fin de “restituir los derechos tanto de la niña como, en un futuro, los de su bebe resultado de un proceso de violacion de sus derechos a traves de la explotación sexual”.

Los detalles que se analizaron tienen relación con el estado de salud mental de la niña, de manera de adecuar las pautas de trabajo con madres adolescentes que siguen los funcionarios de estos hogares especializados del Inau.

Según Linder, son “decenas” las que están en la órbita del INAU. De acuerdo a datos proporcionados en abril por Mónica Silva, directora de los Servicios de Salud del instituto, en los últimos tres años el INAU ha tenido que tratar tres situaciones en las que niñas de 11 y 12 años víctimas de abuso y explotación sexual, quedaron embarazadas y a las que se respetó su decisión de ser madres.

En junio pasado durante una visita a Montevideo, la vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, Sara Oviedo, se refirió al caso en De Ocho a Diez Radio Uruguay donde dijo que este era un ejemplo claro de la desprotección que padecen los niños provenientes de los contextos más vulnerables de la sociedad uruguaya.

Sin apoyo de organizaciones dedicadas a la infancia

El caso de esta niña no fue objeto de intervención por parte de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia, según pudo saber Sudestada.

El Comité por los Derechos del Niño de Uruguay no solicitó a ninguna organización que realizara un seguimiento del caso particular. Luis Pedernera, uno de los miembros del comité, tampoco tenía noticias de que alguna organización no gubernamental dedicada a los niños lo hubiera efectuado por voluntad propia.

Tampoco la representación local de UNICEF se mantuvo informada de la situación de la niña en estos meses. De acuerdo a lo explicado por Sofía Chans, del departamento de Comunicación y Prensa de esta dependencia de Naciones Unidas, esto se debe a que “en países como Uruguay hay un Estado lo suficientemente fuerte como dar respuesta y atender desde sus organismos específicos a los casos particulares que surgen, como este. Es decir, que en este caso, lo que corresponde es que INAU asuma la atención de esta situación”.

Chans puntualizó que el papel de Unicef en países como Uruguay “se centra en brindar cooperación técnica y asistencia financiera al Estado y a la sociedad civil para promover políticas públicas que atiendan y permitan cumplir los derechos de todos los niños. Con vistas a ese objetivo es que la oficina genera conocimiento y análisis sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país, aporta visiones e información calificada para el debate en torno al abordaje de ciertos temas, entre otras cosas. Es un rol más de apoyo al Estado en la definición y el diseño de políticas relativas a la infancia que permitan el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño”.