La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por la falta de investigación en Uruguay de las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra de autoridades, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

La CIDH había recibido durante el último período de audiencias, realizado en Sucre (Bolivia) una carta de las personas amenazadas denunciando que a dos años de los hechos el Estado uruguayo no avanzó en la investigación.

“La Comisión urge al Estado a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia”, manifestó la comisión, en un comunicado.

“De conformidad con información pública de 13 de febrero de 2019 –a dos años de las amenazas de muerte recibidas–, un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso”, reseñó la CIDH.

El pronunciamiento recuerda que el 1 de marzo de 2017 “la Comisión condenó las amenazas dirigidas a autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron de alguna manera en casos de violaciones a derechos humanos durante la dictadura”.

Refirió también que las amenazas “hacían mención al suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974”.

Los mensajes intimidantes también afirmaban que por cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista que estaba integrada por los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia, el juez francés Louis joinet, el activista brasileño Jair Kirshke, la ex fiscal Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, el fiscal de Corte Jorge Díaz y la investigadora italiana Francesca Lessa

La Comisión subrayó “la especial gravedad de estas amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay, además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”.

Por estos motivos, la CIDH urgió al Estado a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables. Además, la CIDH insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas”.

“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación”, afirmó por su parte la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Uruguay y sobre Memoria, Verdad y Justicia. “Además, la ausencia de dichas investigaciones menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, señaló.