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03/11/2016

De la picana a la caja registradora

Armando Méndez operó para el Terrorismo de Estado, fue director de Aduanas del gobierno de Lacalle y hoy es un poderoso empresario que vende servicios al gobierno del FA
El ex represor es un próspero hombre de negocios, cara visible del Grupo Armando Méndez y Asociados formado por Afilcar SA, una firma dedicada a la instalación de alarmas, Compu Seguridad, especializada en la prestación de servicios de seguridad informática y la empresa ADA (Apoyo al Departamento de Automóviles) que trabaja para el Banco de Seguros del Estado (BSE). Todas sus empresas han contratado con el Estado, incluso durante los últimos once años de gobierno frenteamplista.

Se desempeñó en el Batallón de Infantería Nº 1 –más conocido como el “Batallón Florida”– que estaba ubicado en el Buceo. Integró el Servicio de Inteligencia (S2), junto con el represor Carlos Calcagno, y luego ocupó un cargo en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), liderado por el entonces general Esteban Cristi.
Cumplió tareas junto a José “Nino” Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge “Pajarito” Silveira, Eduardo Ferro y Calcagno, entre otros represores, autores de robos, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.

Aquel joven militar fue un afortunado al punto que ganó el premio mayor de una rifa del Hospital Pereira Rossell, que le permitió gestionar un campo de una mil cuadras cerca de Montevideo.

Méndez fue uno de los protagonistas de las negociaciones que terminaron con la entrega de buena parte del Movimiento de Liberación Nacional y fue el encargado de negociar el dinero y las condiciones de la salida de Uruguay del ex tupamaro colaborador de la represión militar, Héctor Amodio Pérez, y su pareja, Alicia Rey.

Fue también uno de los colaboradores más cercanos al coronel Ramón Trabal, el hombre que creó el Servicio de Información de Defensa (SID). En aquel entonces viajó a Panamá y tomó cursos en la Escuela de las Américas, donde el gobierno de Estados Unidos centralizó la formación militar antiinsurgente para toda América Latina.

Luego de un breve pasaje por la Cárcel de Mujeres, donde ocupó un cargo jerárquico, el oficial tuvo algunas diferencias con la cúpula de la dictadura cívico-militar. Hasta 1982 estuvo al frente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cargo desde el cual se opuso al general Gregorio Álvarez durante el denominado Operativo Conserva, un negociado encabezado por el entonces dictador que le permitió amasar una fortuna exportando carne enlatada hacia Argentina.

Ya entrada la democracia, en 1986 fue ascendido al grado de teniente coronel y, luego, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle lo nombró director nacional de Aduanas, aunque su pasaje por el organismo fue fugaz.

Luego se convirtió en un exitoso empresario, de bajo perfil, que encabeza el Grupo Armando Méndez y Asociados, un conglomerado de empresas vinculadas a los seguros de automóviles, la informática y la seguridad privada.

Hace pocas semanas, el sindicato de empleados bancarios (AEBU) reclamó poner fin a las “privatizaciones” en áreas sensibles del BSE y denunció el vínculo existente entre el banco estatal y la empresa ADA, que creó hace más de 20 años el represor.

ADA fue contratada para realizar las tasaciones mientras se terminan de concretar varias investigaciones administrativas por las cuales fueron separados más de una decena de tasadores del BSE.



Hasta ahora, ADA le brindaba el servicio de recepción de denuncias de siniestros en exclusiva al Banco de Seguros y tanto el sindicato bancario como el PIT-CNT pelean para que el área de tasaciones regrese a manos del Estado.

“Nos preocupa lo de Armando Méndez, va más allá de lo comercial, estamos hablando de una persona que tuvo una participación directa en la represión, lo cual es asombroso que se haya mantenido impune en todo este período”, explicó Rafael Fernández, presidente de la Comisión Representativa del BSE e integrante del Consejo de Banca Oficial de AEBU a La República.

Desde hace al menos 18 años ADA cumple tareas para el BSE. “Para nosotros, hay detrás una política de privatizaciones que va más allá de tal o cual sumario (…) El BSE resolvió utilizar a ADA como apoyo para que no se produjera una demora en las tasaciones y se pensaba que iba a ser un 20 por ciento del total. Sin embargo, a comienzos de año, más del 80 por ciento de las tasaciones las hacían las empresas privadas”, dijo Fernández.
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