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17/12/2014

Informe: Derechos Humanos en el Uruguay 2013-2014

SERPAJ publica un nuevo documento imprescindible que integra investigación y análisis sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales 



Desde 1988 el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) edita este informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay. Se trata de una compilación de aportes de diversos actores de la sociedad civil que, desde sus también diversos campos de conocimiento y actuación, entregan un balance sobre los principales logros, así como de los nudos o tensiones que registra la temática.

Esta edición, ofrece un racconto del último bienio 2013 –2014, a la luz de las nuevas discusiones y discursos, en un período especialmente fermental, tanto para la materialización de una “nueva agenda de derechos”, como para los históricos debates ciudadanos en materia de derechos civiles y políticos.

Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2013 – 2014, integra aportes relativos a los procesos nacionales en pos de la verdad, la justicia y la memoria; política criminal; la seguridad ciudadana y la privación de libertad; las nuevas estrategias y prácticas de control e intervención estatal en el espacio público; la institucionalidad estatal de derechos humanos; la defensa nacional; la política de archivos.

Y también, la transparencia en la financiación de las campañas electorales –artículo a cargo de Sudestada–; la participación; la información y la comunicación democráticas; las políticas de drogas; el modelo de desarrollo.

Otros temas relevantes son: el trabajo decente; la vivienda digna; la educación de calidad; la salud sexual y reproductiva; la violencia de género; las personas afrodescendientes; los pueblos indígenas; matrimonio igualitario; las personas migrantes; el agua y el medio ambiente.

A través de la publicación y difusión del Informe Anual –que este año cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo–, SERPAJ busca “promover la concientización sobre el concepto y el alcance de los derechos humanos, a la vez que fortalecer el monitoreo ciudadano de las políticas públicas en la materia y las prácticas institucionales que en ellas impactan”.

Asimismo, intenta “profundizar el debate ciudadano y la participación activa a través del acceso a la información independiente, democrática y de calidad” y promover el “análisis sobre el cumplimiento del Estado respecto de las obligaciones contraídas en el plano internacional, en virtud de los tratados de los que es parte”.


Cuando no se es nadie para nadie…


Marcelo Viñar *

Paz y Justicia nunca han sido para SERPAJ ideas abstractas o utopías retóricas y anhistóricas, sino posicionamientos concretos en el devenir de los acontecimientos recientes y candentes del terruño que habitamos.

La palabra y la presencia encarnada de Perico en la institución que cofundara fue siempre la brújula que conjugó pensamiento y acción.

Nacida en la dictadura militar, en el derrumbe de la pluralidad democrática, en la conculcación de la libertad de expresión, es decir en una coyuntura violenta y beligerante, el SERPAJ supo, al interior del combate donde todo giraba en el torbellino de la dicotomía que nombraba a unos como subversivos y antipatrias, los mismos que otros designaban como militantes o héroes. En ese torbellino Serpaj supo sustraerse de esa dicotomía mortífera y cumplir la prioridad de sostener la humanidad del vulnerable, concebido por otros como enemigo a destruir.

En esos años de plomo, su bandera fue denunciar la prisión arbitraria, la tortura sistemática y refinada y sobre todo la figura monstruosa de la desaparición forzada y el robo de hijos, es decir que no les bastaba asesinar, sino además suprimir los ritos mortuorios que definen nuestra condición de humanos y destruir los códigos de filiación, que nos definen como especie desde la prehistoria a la actualidad.

Frente a una dictadura militar que martirizó y asesinó al adversario, SERPAJ tuvo la lucidez de preservar los códigos simbólicos de convivencia. Claridad de objetivos que operó como un faro, evitando muchos naufragios.

Frente a la trivialización del crimen que conlleva promover el olvido y la impunidad, la lucha por la memoria implica una ética de convivencia que marca a través de las generaciones la calidad de los vínculos sociales e históricos que nos constituyen y definen como nación.

En el ajetreo burocrático para anular la ley de impunidad, aunque se perdieran dos plebiscitos, también se logró el debate público que conjuró la mentira infame de que el horror de la tortura y la desaparición no eran sino el lamento o el gemido de izquierdistas resentidos, sino la oprobiosa evidencia de una gobernabilidad basada en el sometimiento y la opresión. No fue tarea vana el trabajo de visibilizar la injuria social que implicaba la renuncia o caducidad a la pretensión punitiva del estado.

En el tecnicismo jurídico, un sabio magistrado demostró que la ley infame era inconstitucional por la intromisión del poder ejecutivo en las potestades del poder judicial, relegando a lo accesorio las monstruosidades cometidas. Es para esa deriva simbólica que SERPAJ ha sido un faro para distinguir lo principal de lo accesorio y restituir la herencia simbólica entre generaciones.

Los procesos simbólicos son menos visibles o estridentes que la actualidad política y – como nos enseña la historia – se necesitarán varias generaciones para reparar el traumatismo colectivo. Mientras tanto, el vaso está por la mitad, los optimistas valoran los logros, los críticos, lo que falta por hacer.

Todos sabemos que hay mucho criminal impune y que la “omertá” es una enfermedad o un veneno silencioso pero eficaz. Pero esto no nos impide ver los logros del camino recorrido: la condena y prisión de torturadores emblemáticos, no sólo los ejecutores sino los decididores, y más allá del justo castigo a los criminales, del proceso jurídico y penal, el legado a la memoria colectiva de que ese pasado oprobioso existió y debemos estar alertas para evitar su reiteración. La impunidad y el negacionismo siempre han alentado al poder tiránico, una serpiente que puede aletargarse pero jamás desaparece.

Pero el orden del día de los problemas acuciantes transita por permanencias y cambios. Seguramente cuando se lea el texto que escribo se sabrá el desenlace de la ley sobre la baja a la edad de imputabilidad penal de adolescentes, pretextado por la epidemia de “inseguridad ciudadana” que afecta a nuestro país, pero también a la región, al continente y a todo el hemisferio.


Pedirle a un dispositivo jurídico la resolución del problema de violencia ciudadana creciente es como pretender sanar un cáncer con aspirinas, esto es confundir al síntoma con la enfermedad, desconocer lo esencial y medular y focalizarse en lo accesorio.

Ha sido repetido hasta el cansancio y con razón que encerrar adolescentes no hace sino agravar el problema que dice querer atenuar. Que el encierro carcelario, más que rehabilitar, perfecciona las estrategias delictivas que dice querer abolir. ¿No recuerdan los promotores de la ley sus tiempos adolescentes impregnados por la tentación oposicionista y transgresora?

Pero dejemos esta faceta del problema a juristas y sociólogos. Desde mi experiencia de psicoanalista y docente, me autorizo a postular y sostener una lógica – hoy refrendada por los avances en Neurociencias: la reversibilidad de las conductas llamadas antisociales o sociopáticas que acontecen durante la tormenta del proceso adolescente. Y por añadidura – que los comportamientos hostiles y agresivos son más intensos y frecuentes cuando no se es nadie para nadie (anomia), que cuando se es alguien significativo para su entorno.

Robert Antelme, que supo en carne propia los horrores del campo de concentración nazi, escribe en sus “Principios en examen”: No se olvide que la historia de cada quien se escribe en la necesidad de ser reconocidos ilimitadamente. La amistad designa esa capacidad de reconocimiento. Necesidad del prójimo constantemente. Estamos sujetos encarnizadamente a ser reconocidos y tener respuesta. Cuando ésta nos falta, nos devoramos y nos volvemos bichos o bestias”.

Es por eso que SERPAJ y la unanimidad de la academia se oponen a la iniciativa de pretender resolver esta problemática dando prioridad a la órbita del derecho penal.

Es la inequidad en el acceso a derechos y oportunidades, la perpetuación de la exclusión y la anomia en una sociedad fragmentada, que ostenta simultáneamente el lujo como la indigencia, el problema a atacar.

Es con medidas educativas y humanizantes: escuelas de tiempo completo, educación pública laica y gratuita y ampliando los CAIF, Uruguay crece contigo o Jóvenes en Red, que se promoverá una sociedad más integrada y menos violenta. Claro que este propósito abarca un tiempo más extenso y significativo del que media entre uno y otro período electoral. El tema entonces, no es jurídico sino ético.

En la genealogía de un menor infractor, más allá de la fotografía actual de su acto delictivo, muchas veces abominable, hay una historia de horror y de oprobio que queda muda y silenciada en el corte sincrónico de su acto antisocial y reprobable.

Por eso es más fácil para los que hemos nacido entre almohadones y caricias de un entorno protector, pronunciar la reprobación y la condena.

Como dice Yupanqui: “Yo pregunto a los presentes quién no ha sentido el placer de la oposición y la transgresión”, sobre todo en la etapa adolescente. Freud definía la humanidad de la primera infancia como la del “pequeño perverso polimorfo”, amortiguado por la acción socializante de las dos instituciones que mitigan el “caos salvaje de lo íntimo”, propio de nuestros comienzos.

Es en esta falla de origen, en la transmisión cultural transgeneracional de la marginación que se sitúa el eje, la columna vertebral del problema a considerar. No es un problema de derecho penal, sino educativo y antropológico.

Debiéramos debatir los logros y las fallas de los programas CAIF, Uruguay crece contigo, Jóvenes en Red, y la magnitud de la dificultad en crear y contar con profesionales aptos y eficientes, es decir vocacionales para la gestión de estos programas.

Esto, junto a los debates ciudadanos sobre la relación entre la cultura hegemónica y las culturas marginales o alternativas, y las legalidades paralelas nacidas de la exclusión en una sociedad fragmentada. Debate de cómo disminuir la brecha entre salud pública y privada, educación pública y privada.

Reinventar la escuela vareliana laica, gratuita y obligatoria para todos por igual.

Interrogar los factores que incrementan la desigualdad de derechos y oportunidades, que son los que fomentan la violencia en los procesos de producción material y simbólica propios de la civilización actual.

Es una tarea de largo aliento, no de un período de gobierno, sino como la acción del forestador que nunca ve la plenitud y magnificencia del bosque que plantó.

El ser humano no nace pleno, prefabricado, se construye en la infancia y la adolescencia. Así lo prueba la experiencia de la clínica psicoanalítica y ahora los avances de la Neurociencia, que prueban la plasticidad del Sistema Nervioso Central y la reversibilidad de las conductas antisociales precoces.

Les parecerá un discurso utópico, pero es una utopía a la que no podemos renunciar. Es allí que se juega nuestro porvenir como sociedad, no en la rehabilitación carcelaria de la Colonia Berro, dispositivo inadecuado a los procesos sociales contemporáneos.




*Doctor en Medicina, Psicoanalista y Master en Psicoanálisis. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU).

Artículo publicado en el Informe Anual de SERPAJ.


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