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18/12/2018

Se llama impunidad y sigue de moda

SERPAJ presentó su informe 2018 con avances y retrocesos sobre derechos humanos. En esta oportunidad el reclamo no apuntó sólo hacia el Estado y se extendió a los actores de gobierno
Pablo Alfano / Sudestada / @pabloalfano

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentó su informe anual de derechos humanos en Uruguay, un trabajo de unas 300 páginas que recoge los avances y los retrocesos registrados en el país durante este año con el aporte de académicos, militantes sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Este informe, que se edita hace 30 años, está dedicado a quienes "han colaborado generosamente con su saberes, su militancia, sus oficios, sus profesiones y su compromiso para que cada página de estos informes, ofreciera un aporte responsable. Cada análisis, relato, investigación, fotografía o testimonio pretende aportar elementos y fundamentos para reflexionar, para comprometernos en definir y defender que sociedad y que continente queremos ayudar a construir".

Este agradecimiento, plasmado en la introducción del anuario, se centró en la figura de Luisa Cuesta, quien falleció el 21 de noviembre Cuesta sin conocer la verdad sobre su hijo Nebio Melo Cuesta, detenido y desaparecido por militares en Buenos Aires en 1976.

“Luisa lleva en su nombre que la cuesta que ella subió fue un Aconcagua, y a su vez la paradoja nos demuestra cuánto nos cuesta a nosotros seguirles pidiendo a quienes tienen que decir la verdad que lo hagan, y cuánto les cuesta a los que dicen entender y sentir que eso debe ser hecho, pero no lo hacen. Hace dos años que el silencio de la marcha es cada vez más ensordecedor, y a su vez hace cada vez más inmoral el silencio de quienes tendrían que decir algo”, dijo la coordinadora general del SERPAJ, Madelón Aguerre, durante la presentación del anuario que se realizó en la sede de la Institución Nacional de de Derechos Humanos (INDDHH)


Foto: SERPAJ

Por esa razón, dijo Aguerre, el reclamo por verdad y justicia no sólo es hacia el Estado, sino también que involucran a los “actores del gobierno”. Este informe anual del SERPAJ contiene una mirada analítica sobre la forma en que se produjeron los cambios sociales, en especial en el comienzo de un año electoral y considera que sigue pendiente la verdad sobre el destino de los desaparecidos. "La impunidad no es algo que tengan que resolver los familiares, sino que son los encargados de plantearlo y exigirlo para que lo resuelvan quienes deben hacerlo", afirmó.

En una línea similar se manifestó el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, quien sostuvo que la posición como militante de los derechos humanos “siempre es muy desagradable para los gobiernos”, porque “los grandes violadores de los derechos humanos son los gobiernos”

Los gobiernos "fallan con la educación, la salud pública, los cuidados de la infancia y la vejez. Entonces, la medida en que somos efectivos en nuestras tareas de defensores de derechos humanos es la medida en que los gobiernos se enojan con nosotros", afirmó el activista brasileño.

Policía militar: "un desastre" para Uruguay

Krischke, criticó el proyecto de reforma constitucional que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga que apunta a crear una policía militarizada, ya que la Policía y los militares cumplen funciones diferentes. "Es una incompatibilidad insuperable entre dos palabras, por la sencilla razón de que ‘Policía’ viene del griego Polis, ‘ciudadanía’. Entonces, la Policía es un aparato de Estado destinado a dar seguridad al ciudadano. Y ‘militar’ es una palabra que viene de latín ‘milis’, de las milicias romanas. Y con mucha sabiduría, lo senadores de Roma no permitían que cruzaran los muros, se quedaban afuera", dijo Krischke para quien un militar fue entrenado para "enfrentar al enemigo, vencerlo y someterlo a su voluntad", algo "incompatible con la seguridad pública".

Krischke afirmó que la Policía Militar de Brasil es que más mata en el mundo: en 2016 asesinó a 4.222 personas y en 2017 la cantidad subió, casi un 20%, a 5.144 homicidios. A esto se suma que Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo después de China y EEUU.

“En Brasil tenemos la Policía que más mata, la tercera población carcelaria más grande del mundo, y no tenemos seguridad. Hay algo que está mal, algo está equivocado. Y en Uruguay también se debe discutir esto. Ayer en el noticiero vi que Larrañaga estaba muy contento diciendo que va a haber un plebiscito sobre el tema seguridad. En Uruguay se quiere copiar esto y sería un desastre, les aseguro”, dijo Krischke.

El informe completo

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