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07/06/2019

Comando Barneix: el gobierno convocó a los amenazados a reunión el martes 11

A más de dos años de los hechos, la CIDH había pedido al Ministerio del Interior que informe de supuestos “avances” en la investigación, que los afectados niegan

Cuatro de los amenazados por el "Comando Barneix" ante la CIDH: abogado Pablo Chargoñia (izquierda), y detrás Mirtha Guianze, Francesca Lessa y Jair Kirshke, junto a Florencia Retamosa y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Foto: CIDH.

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Los defensores de Derechos Humanos y abogados amenazados de muerte el 9 de febrero de 2017 por el “Comando Barneix” negaron que hayan existido “avances” en la investigación que realiza el Estado uruguayo. Esta versión fue transmitida por representantes del Ministerio del Interior a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Montevideo entre el 27 y el 29 de mayo.

La presidenta de la Comisión, la panameña Esmeralda Arosemena, y la relatora para Uruguay, la chilena Antonia Urrejola, se entrevistaron durante tres días con representantes del Estado, la sociedad civil y la academia, y al finalizar hicieron público un comunicado con el resultado de la visita. 

En el pronunciamiento del 31 de mayo se señala textualmente: “la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.

El tenor del comunicado de la CIDH tomó por sorpresa a los amenazados, que se comunicaron entre sí en los últimos días para comentar la llamativa versión sobre aparentes “avances en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas” que nunca les fueron comunicados por el Ministerio del Interior ni por la Justicia.

Quienes recibieron las amenazas fueron la ex vicecanciller Belela Herrera, la ex fiscal Mirtha Guianze, la investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair Kirshke, el juez francés Louis Joinet, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Pablo Chargoñia.

Dos de las personas amenazadas, la investigadora italiana Francesca Lessa y la exfiscal Mirtha Guianze hablaron con Sudestada en representación de todas las víctimas y dijeron que nunca les fue comunicado ningún tipo de avance en la investigación en los más de dos años transcurridos desde la llegada de los mensajes. Incluso, detallaron que hubo pedidos para que se tomaran algunas diligencias investigativas pero eso tampoco se llevó adelante.

Guianze afirmó que la última noticia que tuvieron fue a raíz de la carta abierta de enero de 2018, que motivó un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia a la jueza Julia Staricco, tras lo cual ella convocó a una audiencia el 13 de marzo de ese año. “Esa audiencia fue inconducente. Concurrimos los denunciantes, la policía, la fiscal Mónica Ferrero y representantes de la Facultad de Ingeniería. Lo que propusimos no se llevó a cabo por el Juzgado”, lamentó.

Por su parte, Lessa dijo desde Londres que antes de esa audiencia los abogados les informaron que el expediente “estuvo paralizado en fiscalía durante ocho meses”, hasta noviembre de 2018. En ese momento “la resolución que dictó la fiscalía fue absolutamente inútil”, dijo Lessa, ya que citaba a declarar al entonces decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico y a la exdirectora de la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor.

Incluso, Guianze recordó algunos episodios que le causaron “molestia”, como cuando la Policía la llamó para hacerle consultas sobre el “Archivo Castiglioni”, cuando habían sido los denunciantes quienes habían pedido a la Justicia que se buscara información en esos documentos. “Algunos de nosotros sabemos que figuramos allí como sometidos a seguimientos y a espionaje, pero eso tampoco se hizo y el ‘Archivo Castiglioni’ sigue encajonado”, dijo.

Tanto Guianze como el fiscal Jorge Díaz preguntaron en la audiencia de noviembre de 2018 sobre las razones por las cuales la Policía no había investigado en el cúmulo de documentación encontrado en la casa del excomisario Elmar Castiglioni tras su muerte en octubre de 2015.

“No supieron contestarnos”, recordó Guianze. “Dijeron que ellos se limitaron a lo que les habían ordenado, que era indagar el ‘Comando Barneix’, y que para ellos el ‘Archivo Castiglioni’ no entraba en el asunto. A partir de ahí, quedó claro que sí entraba, pero las diligencias que se hicieron fue citar a Rico y a Wschebor, que habían producido informes preliminares que no ahondaban en el contenido del archivo”.

“El pedido de las víctimas era que el Juzgado pidiera acceso a esos documentos rescatados de la casa de Castiglioni, porque todos tenemos interés en saber lo que contienen, pero eso aparentemente no está”, lamentó Guianze.

Reunión el martes 11


Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola al finalizar la visita de la CIDH a Montevideo, el miércoles 29 de mayo. Foto: Sudestada. 

Luego del pedido de la CIDH, el Ministerio del Interior encomendó a la Directora de Asuntos Internos y del Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado, Estela González, a realizar un primer contacto con las víctimas de las amenazas del “Comando Barneix”, el grupo ilegal que reivindicó su apoyo al general Pedro Barneix, quien se suicidó cuando se enteró de su enjuiciamiento por el homicidio del militante izquierdista Aldo Perrini en 1974.

“Lamentamos que la CIDH haya hablado de avances en la investigación, cuando no hubo ninguno. Hace más de un año que nadie, ni de la Justicia ni del Poder Ejecutivo, se ha comunicado con nosotros para informar de las gestiones que dicen que han hecho en este tiempo”, insistió Lessa.

La reunión se llevará a cabo en la mañana del próximo martes 11, y si bien los amenazados o sus representantes participarán del encuentro, Lessa y Guianze manifestaron que no tienen expectativas debido a la falta de novedades en los 28 meses que transcurrieron desde las amenazas.

“Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a reunirnos y no cerramos ninguna puerta pero también somos conscientes de que ya tuvimos varias reuniones y nunca pasó nada después. Así que le vamos a dar la oportunidad a esta persona que se va a encargar del asunto pero necesitamos resultados concretos para cambiar nuestra postura”, indicó Lessa.

Guianze destacó el perfil personal y profesional de González, la funcionaria encargada por el MI para reunirse con las víctimas, aunque consideró que “no tiene el equipo suficiente para llevar adelante investigaciones a fondo”.

Para la exfiscal penal, el Departamento de Delitos Informáticos debería profundizar la indagatoria en torno al perfil de los autores de los mensajes amenazantes, en función de un informe de una técnica informática contratada por la cartera.

Según ese trabajo, quienes escribieron el correo electrónico con las amenazas son mayores de 50 años, de buen nivel cultural y modismos en su estilo de escritura que denotan la pertenencia a un grupo organizado en torno a la defensa de los acusados por crímenes del terrorismo de Estado. “Ese perfil tendrían que llevarlos a buscar los grupos que operan en las redes sociales. Eso ya lo pedimos pero tampoco se hizo”, explicó Guianze, quien también integró el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Otra de las diligencias solicitadas fue el exhorto a los Estados Unidos para conocer la dirección IP desde la que fue enviado uno de los correos amenazantes, mediante la página conocida como “Guerrillamail”, un servicio que permite enviar correos electrónicos ocultando la identidad. “Ellos dicen que se hizo y no se consiguió nada. Yo creo que no se insistió lo suficiente”, estimó.



En los términos de uso de “Guerrillamail” se establece claramente que está prohibido el envío de mensajes que, entre otras cosas, “contengan cualquier contenido acosador, abusivo, difamatorio, ofensivo, de mala fe, poco ético o ilegal”. Seguramente pueda considerarse que una amenaza de muerte entra en varias de estas definiciones, por lo que en función de eso podría pedirse que se divulguen los datos que permitan identificar a computadora que se utilizó para enviar el correo el 9 de febrero de 2017.

Otro de los reclamos del grupo fue que se cambiara la estrategia de investigación, dejando de considerar como casos aislados todos los episodios de los últimos meses vinculados al pasado reciente y buscar la relación entre ellos.

En ese sentido, Lessa recordó que además de las amenazas del “Comando Barneix” también ocurrieron varias vandalizaciones a placas de la memoria y el robo con intimidaciones a los miembros del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), entre otros.

“Podemos pensar otras cosas que se pueden hacer pero primero hay que conseguir que se hagan estas cosas más directas. Es absurdo que seamos las víctimas las que tengamos que proponer, dar ideas. La actitud del Poder Judicial es la misma que en las causas de delitos de lesa humanidad, ellos son totalmente reactivos, cuando son ellos quienes tienen que hacer ese trabajo”, estimó Lessa.

¿Camino a la Corte Interamericana?


Presidente de la CorteIDH Eduardo Ferrer, canciller Rodolfo Nin y ministro de la SCJ Luis Tosi, en la inauguración del 60° período de sesiones en Montevideo, el 6 de mayo. Foto: Presidencia.

El posible fracaso de las gestiones para investigar las amenazas hace pensar en instancias internacionales a fin de perseguir a los responsables. En este sentido ya está presentada una petición ante la CIDH para que reclame por su responsabilidad al país.

Cabe recordar que ya hubo varias instancias en ese foro. Por ejemplo, se produjo una audiencia ante la comisión, en mayo de 2017 en Buenos Aires, a la que no concurrió (por primera vez en la historia de la CIDH) ningún representante del estado uruguayo.

También hubo pedidos de explicación, cartas de las víctimas y un nuevo reproche de la CIDH en su reciente reunión en Sucre, Bolivia, durante el período de sesiones número 176.

Pero para que este tema pueda llegar a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la única que puede llevar el caso es la CIDH, por lo que es necesario esperar que prosiga el trámite que ya se inició. Sin embargo, el segundo paso del proceso, que es la notificación al Estado uruguayo, todavía no se produjo debido a la gran cantidad de casos que recibe el organismo interamericano.

“Me han dicho que en el mejor escenario la notificación se realizaría recién a principios del año próximo, lo cual daría inicio a todo el trámite”, explicó Lessa.

Los peticionarios plantearon la posibilidad a la comisión de que se tenga en consideración el cúmulo de hechos ocurridos en los últimos meses (amenazas, vandalizaciones, robo al GIAF) así como la edad de varios de los amenazados para acelerar los tiempos (por ejemplo Belela Herrera tiene más de 90 años y Jair Kirschke más de 80) pero hasta el momento no se obtuvo una respuesta positiva.

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