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21/03/2019

Gobierno y ambientalistas cruzan denuncias judiciales por UPM

 La Justicia deberá intervenir en 30 expropiaciones de predios para poner en marcha el tren de UPM y, en paralelo, varias organizaciones ambientales iniciarán acciones legales contra el gobierno
El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi, confirmó que el gobierno tiene intenciones de expropiar 651 padrones para poner en marchar el llamado proyecto Ferrocarril Central y que de ellos, 81 son propiedades públicas. Rossi adelantó que tiene las autorizaciones para expropiar 439 padrones, pero que existen 30 casos de vecinos quienes se negaron a entregar sus viviendas al Estado a cambio de una compensación económica.

En conferencia de prensa Rossi dijo que hay “disconformidad de los vecinos con respecto a las condiciones que se les ofrecen y en algunos casos, la necesidad de lograr de la Justicia la confirmación documentaria (certificados)”.

El ministro explicó que “el proceso de expropiación se está desarrollando con absoluta normalidad” y que “desde luego, puede haber vecinos que pretendan una mayor compensación, o mayor precio” a cambio de entregar sus viviendas.

Esta semana el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) otorgó la habilitación ambiental de las obras del Ferrocarril Central que ahora le permitirá al MTOP comenzar efectivamente con las obras, a cargo del consorcio Vía Central, integrado por la empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE.

Los juicios de organizaciones sociales

El informe de la Dinama sobre el llamado proyecto Ferrocarril Central señala que esta iniciativa “en sus distintas etapas no presentará impactos ambientales negativos residuales que puedan ser considerados inadmisibles, en tanto los impactos ambientales identificados cuentan con medidas factibles de ser implementados (...) Para ser prevenidos, mitigados o compensados".

Por otra parte, varias organizaciones sociales, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y Por el costado de la vía, entre otras, dieron inicio este miércoles 20 de marzo a una serie de acciones legales contra decisiones del Poder Ejecutivo que consideran ajenas a las potestades de ese organismo.

“Desde la firma en noviembre de 2017 del acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y la empresa finlandesa para la instalación de su segunda planta de celulosa en el Río Negro, asistimos a un proceso de vulneración de nuestra soberanía y de las normas constitucionales y legales que rigen esta república, en aras de un proyecto ruinoso para el país desde el punto de vista económico, social y ambiental”, señala un comunicado emitido por Movus.

En conferencia de prensa, una de las voceras del movimiento, Sonia Gómez, señaló que las compensaciones previstas para los damnificados no incluyen a todos sino a una mínima parte, afectadas en las poblaciones aledañas a las vías.


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