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25/05/2016

Fernández engordaban offshore en Panamá e Islas Vírgenes mientras mataban a Fripur

Al tiempo que dejaba a cientos de trabajadores en la calle el grupo económico utilizaba empresas fantasmas para eludir al fisco. El BROU financió todos los negocios de la familia  


El Frigorífico Pesquero Uruguayo (Fripur) tuvo su desenlace fatal cuando Alberto Fernández Alonso -el propietario de mayor perfil público y político- se distanció de su hermano Máximo, quien junto a sus hijos se hizo cargo de timonear el cierre de la industria.

Pero la ruina de Fripur está lejos de ser la quiebra de los negocios familiares. Una prueba de ello es la existencia de Selquist Enterprises Ltd, sociedad offshore creada el 31 de marzo de 2006 en las Islas Vírgenes británicas, uno de los paraísos fiscales más prósperos del mundo financiero. Esta empresa de papel -que aún continúa activa y está registrada con el número 1019255- es dirigida por Máximo Fernández Alonso y su esposa Magdalena María Rodríguez.

Una de las hijas del matrimonio, Adriana Fernández Rodríguez figura como directora de la empresa y fijó su domicilio en Rondeau 2260, el lugar donde funcionaba Fripur, según la documentación a la que accedió Sudestada.

Al parecer la planta industrial de Fripur tenía una actividad prolífica para muchos negocios, salvo para la pesca. Porque Alberto, a fuerza de relaciones públicas y su alto perfil, se convirtió en el cónsul general honorario de Malta en Uruguay. Y según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado también funcionaba en Rondeau 2260, donde casi un millar de trabajadores mal pagados procesaban el pescado y frutos del mar en condiciones denunciadas hasta el hartazgo en el Parlamento.



Pero Selquist Enterprises Ltd no fue la única incursión en el próspero mundo de las empresas extraterritoriales. También existe Sofer Corporation, una offshore creada por el estudio jurídico panameño Mossack & Fonseca el 4 de enero de 2006, en la que figuraba Máximo Fernández Alonso como presidente y director, y su esposa Magdalena María Rodríguez como directora y secretaria.

Poco antes de que se comenzara a procesar el cierre de Fripur, Máximo y su esposa resolvieron pasarle la titularidad de esta offshore a sus hijos. Así fue que el 16 de agosto de 2012 María Laura se convirtió en la nueva presidenta de Sofer Corporation, su hermana Adriana del Carmen en secretaria y otro de los hermanos, Ricardo Gabriel en tesorero, según los documentos en poder de Sudestada.



Los tres hermanos Fernández también recurrieron a los buenos oficios de Mossack & Fonseca mucho tiempo antes de que el estudio jurídico panameño se hiciera conocido en todo el mundo por la filtración conocida hoy como los Panamá papers. Los Fernández ya sabían de la pericia de los abogados panameños el 29 de agosto de 2001 cuando recurrieron a sus servicios para abrir la sociedad fantasma Realdream Management SA.




Y por si las tres anteriores empresas fantasma no fueran suficientes, abrieron otras dos empresas en Panamá. El 7 de mayo de 2002 fue el turno de Collins Consultants Capital SA y tres años después, el 11 de mayo de 2005, Venstar Capital SA, ambas de la mano del incansable estudio Mossack & Fonseca.






Las reuniones de los directorios de estas sociedades offshore suelen suceder en la oficina 101 de la calle Rincón 477, donde funciona el estudio jurídico HFFV encabezado por los abogados Margarita de Hegedus y Alberto Flores Rossi. En su lista de clientes, según la página web del estudio, se encuentran Fripur, Kentilux y Magdalena Sag, todas empresas del grupo económico de la familia Fernández Rodríguez.

Mientras obtenían millones de dólares en préstamos de la banca estatal uruguaya, que invertían en sus empredimientos familiares más prósperos  -la pesquera Fripur ya no daba sus réditos y prefirieron dejarla morir, con trabajadores incluidos-, los Fernández operaban con estas empresas offshore para evitar el pago de renta a las arcas públicas uruguayas, amparados en la opacidad que permiten esas sociedades de papel.   

Pero además, se armaron un negocio con dineros públicos cuyo producto es totalmente comprado por el mismo Estado que ahora trata de recuperar los millones perdidos.