“Las organizaciones firmantes de esta declaración expresan su preocupación por las dificultades persistentes para acceder a información de calidad a más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19 en el país y exhortan a las autoridades nacionales y departamentales a dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Acceso a la Información Pública”, señala el pronunciamiento.

La declaración fue suscrita por Agencia Voz y Vos – El Abrojo, Amnistía Internacional Uruguay, Casa Bertolt Brecht, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), C.i.e.en.p.re Juntos, CIVICO, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, DATA, Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva, Hermandad Pro Derechos – Uruguay, Instituto Comunicación y Desarrollo (ICD), Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva, PODER, Red Pro Cuidados, Uruguay Transparente y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

La declaración se hizo pública el mismo día que CAinfo difundió su informe anual de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, en el que constató 49 casos, la mayoría de ellos relacionados con restricción al acceso a la información pública.

En el pronunciamiento las organizaciones recuerdan que “el acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza la transparencia del Estado y proporciona los elementos necesarios para estimular el debate democrático y la participación ciudadana”, pero que el Estado uruguayo no está cumpliendo con los estándares que se establecieron a nivel internacional en la materia.

“Por lo tanto, no está ejerciendo su rol de garante del ejercicio pleno de este derecho. Este incumplimiento se debe en buena medida a decisiones gubernamentales que impiden conocer información esencial sobre el avance de la pandemia en el país, y sobre la forma en que el Estado la enfrenta”, sostienen las organizaciones de la sociedad civil.

Luego de citar algunas recomendaciones en el ámbito de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el documento plantea que “A pesar de estos claros lineamientos, el Estado uruguayo, desde sus tres poderes, no garantiza de manera plena el ejercicio de este derecho, basándose en la urgencia e impidiendo conocer información esencial sobre el impacto de la pandemia en el país y las medidas que el Estado toma para mitigarlo”.

Según la declaración, “la población necesita un Estado que proporcione información completa, pertinente, actualizada y veraz, sobre las políticas públicas que se impulsan para combatir la pandemia de Covid-19. De lo contrario, es imposible mantener un debate público enriquecedor, y que las personas tengan elementos suficientes para tomar decisiones informadas para proteger su derecho a la salud y a la vida digna”.


Deterioro en libertad de expresión

Este lunes se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa y, según el informe presentado por CAinfo, Uruguay mostró un deterioro de su situación en el último año. Con 49 casos, el último fue el año que más episodios tuvo respecto a los informes anteriores, en los que solo el presentado en 2015 había llegado a 37.



Según los datos registrados por la organización en los últimos siete años, en el último período se constató un aumento significativo de episodios, fundamentalmente vinculados a restricciones al acceso a la información pública. Varios de esos casos tienen que ver con la pandemia de Covid-19.

De las 12 categorías que incluye el informe, Uruguay no registró casos en las más graves (Asesinato, Desaparición forzada, Detención arbitraria, Secuestro y Tortura), como así tampoco en Restricciones en Internet.



El informe de CAinfo establece que en 38 casos los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios estatales, en 6 fueron personas que no pertenecen al Estado y en 5 fueron personas no identificadas o grupos. Cuatro casos afectaron directamente a mujeres periodistas, en 30 se afectó a varones y en 15 a equipos periodísticos o medios de comunicación.

En cuanto al contexto de la libertad de expresión en lo que va del 2021, CAinfo destacó que “un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques”.

Especialmente el documento señala la práctica de “figuras públicas, que acusan a periodistas cuando se realizan coberturas, se difunden noticias o se dan a conocer opiniones que no son de su agrado o conveniencia política”.

“El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve. Más allá de los motivos que puedan ser esgrimidos, el despido se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”, explica el documento.

“Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de CAinfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”, aclaró la organización, que mencionó otros sucesos vinculados a otros trabajadores de medios de comunicación como Aldo Silva, Darío Klein y Patricia Madrid.

“Este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias”, advirtió CAinfo.

Lee el informe completo.