Hubo casos de Hostigamiento físico que afectaron a mujeres, con un claro componente de género, dice el informe.

En promedio se registraron anualmente 25 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en los últimos cinco años en Uruguay, según un estudio que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) desde 2014.

Este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización presentó su informe anual con los casos ocurridos entre abril de 2018 y marzo de 2019, pero además publicó un estudio de todos los casos sucedidos desde el año 2014 hasta marzo de 2019.

El documento da cuenta de un descenso en el número de casos en cada uno de los informes (hubo 37 el primer año y este último hubo 18 episodios). En total, se informa que existió en todo el período “una concentración de los registros en Montevideo (73 casos), mientras que los departamentos que lo siguen son Soriano (10) y Colonia (8)”.

El texto consigna que “las Amenazas de distinto tipo (29), la Obstrucción al trabajo periodístico (25) y el Hostigamiento a través de la Justicia (22) son las categorías que registran el mayor número de ocurrencias y que entre las tres suman 76 de los 126 episodios confirmados (60%) en el período analizado”.

Además agrega que “el Rechazo a pedidos de acceso a la información pública es la única categoría que aumentó el número de casos registrados anualmente y llegó a 4 en el quinto informe”. Asimismo destaca que el episodio más grave de los últimos cinco años, la agresión con un arma de fuego sufrida por la periodista Isabel Prieto en febrero de 2017, todavía continúa sin esclarecerse.

Amenazas y juicios

Funcionarios públicos y políticos siguen hostigando periodistas a través de la Justicia.

El informe elaborado por CAinfo plantea que las “Amenazas” fueron los casos que más se repitieron en los últimos 60 meses, un total de 29 episodios, la mayoría de ellos en departamentos del interior (15).

La organización destacó en su informe que es necesario “avanzar en mecanismos que permitan garantizar el libre ejercicio del periodismo en el país, libre de los riesgos que implican para los periodistas la existencia de amenazas que en la mayoría de los casos no derivaron en un castigo a los perpetradores”.

Por esa razón se planteó la conveniencia de avanzar en “la elaboración de un protocolo de seguridad para periodistas en situaciones de riesgo, de forma de prevenir posibles hechos de violencia contra profesionales de la comunicación”.

“También resulta especialmente preocupante que se mantenga la práctica de hostigar a periodistas y medios de comunicación mediante la presentación de demandas judiciales cuando se realizan publicaciones que no son del agrado de las personas aludidas. Esto sucedió en 22 ocasiones en los últimos cinco años y reproduce una tendencia que se constata con similar gravedad en varios países de América Latina y el Caribe”, resalta el documento.

“Si bien Uruguay avanzó en los últimos años en la despenalización de los delitos de comunicación, e incorporando a su orden jurídico la figura de la ‘real malicia’, todavía persisten en distintos actores del Estado y del sistema político la costumbre de recurrir a los estrados judiciales para reclamar responsabilidades penales o exigir la publicación de una réplica o un desmentido, cuando esto podría realizarse sin entrar en un proceso judicial”, plantea la investigación.

Por otra parte, según los datos consignados en el monitoreo hubo 14 episodios relacionados con hostigamiento físico directo a periodistas en el ejercicio de su profesión y en esta categoría también ocurre que la mayoría de los casos tuvo lugar en departamentos del interior (9).

“Asimismo se presentaron tres casos en los que las víctimas fueron mujeres periodistas (uno en Montevideo, otro en Flores y el tercero en Cerro Largo) donde existió un claro componente de género en las agresiones verbales sufridas”, planteó el documento.

Acceso a la información, censura y desempleo

Los casos de pedidos de acceso a la información pública que se rechazan siguen en aumento.

Respecto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que es una categoría específica dentro del informe, se señala que hubo una docena de episodios. “Esta es la única categoría que presenta un aumento en el número de casos en el último informe respecto a los años anteriores”.

Por esta razón, CAinfo insiste con la exhortación a discutir “con el Poder Ejecutivo, el Parlamento, la academia y sociedad civil en su conjunto algunos cambios a la ley”. Por ejemplo, se señala la necesidad de rever la forma en que los organismos públicos clasifican la información como reservada y confidencial a fin de negar el acceso. “Es necesario realizar ajustes para que los sujetos obligados, antes de establecer como reservada o confidencial una información, efectivamente prueben que su divulgación generará un daño a la administración. El objetivo de la revisión es evitar el uso abusivo de estos artículos”, propone el documento, entre otras modificaciones.

Por otra parte, en los cinco años que registra el informe se registraron 11 casos de distintas formas de “Censura”, entre los cuales se destacó el de “un artículo de un decreto del Poder Ejecutivo firmado por varios ministerios que afecta el derecho a la información y establece un mecanismo de censura previa para la divulgación del trabajo científico”.

Tal como informó Sudestada, el 24 de abril de 2018 el Poder Ejecutivo emitió un decreto con la firma de los ministros de Ganadería, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (No. 19.175). “Esta medida no solo afecta a los investigadores sino también el derecho a la información de la población en general”, sostiene la organización, porque “establece un mecanismo de censura previa que va en contra de la Constitución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a la cual Uruguay se adhirió”.

En los cinco informes realizados también se dio cuenta de la pérdida de fuentes de trabajo de periodistas, ya sea por el cierre definitivo de los medios o por la decisión de las empresas periodísticas de despedir o enviar a sus trabajadores al seguro de paro.

Si bien el documento aclara que se trata de un “conteo incompleto de las pérdidas de fuentes de trabajo en el sector”, subraya que es “un síntoma claro de la crisis que enfrentan los medios y de que los primeros afectados por esta situación son los periodistas y los trabajadores de las empresas periodísticas en general”.

“Un total de 13 empresas periodísticas de Montevideo y el interior recurrieron a la reducción de sus plantillas o al cierre del medio como forma de solucionar sus problemas económicos, en lo que significa una afectación de la libertad de expresión de los periodistas, del derecho de las audiencias a acceder a la información y de la pluralidad imprescindible para que exista una necesaria pluralidad informativa”, sostiene la investigación.