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29/08/2014

"¿Quién paga?" provoca investigación por corrupción en la campaña

Corte Electoral y Junta Anticorrupción indagarán donaciones ilegales de las empresas de Eurnekian y de Rocca a los partidos políticos. Lo denuncia la filial uruguaya de Transparencia Internacional.
La filial uruguaya de Transparencia Internacional presenta ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública la investigación de Sudestada sobre ilegalidades en las donaciones de empresas a los partidos políticos a fin de que se indaguen las revelaciones periodísticas.

Uruguay Transparente, capítulo uruguayo de Transparencia Internacional analizó la investigación “El negocio de los mecenas electorales” en la que Sudestada denunció que la familia Eurnekian (Puertas del Sur) y Paolo Rocca (Techint) violaron la ley de financiamiento de partidos políticos (ley 18.485) y se beneficiaron de millonarias exoneraciones impositivas. Luego decidió presentarla ante dos organismos de contralor que ahora deberán investigar los hechos.

Sudestada empleó la aplicación ¿Quien paga? La ruta del dinero en la campaña electoral, para confirmar que los Eurnekian y la empresa Tenaris Global Service SA –subsidiaria del Grupo Techint–, realizaron donaciones para la campaña electoral del año 2009, las que estaban vedadas por la ley 18.485 que regula el financiamiento de los partidos políticos.

De acuerdo a la documentación presentada por los propios partidos ante la Corte Electoral, Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), mientras que su sobrino Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos. Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del Partido Nacional (PN), y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.

Por su parte, Tenaris Global Service SA repartió el dinero en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar la elección: 416 mil pesos para la del FA y la misma cantidad para la del PN (Lacalle-Larrañaga).

El artículo 45 de la ley 18.485 establece que “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas”. La empresa Puertas del Sur es la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco y de su Terminal de Cargas. La licitación de la obra pública fue adjudicada en 2005; la familia también había ganado la licitación del Aeropuerto de Laguna del Sauce.

Techint ya mantenía varios contratos con el Estado, por ejemplo para el “Refuerzo estructural del pavimento en el tramo de Ruta 18 entre Arroyo del Oro y Vergara”, licitación adjudicada por el Poder Ejecutivo el 26 de mayo de 2008. Pero tres meses antes de la elección nacional, la empresa de Rocca había sido la elegida por el Estado para encargarse de la realización del saneamiento en el departamento de Maldonado.

La ley prevé multas para estos casos: los partidos deben pagar el doble del monto ilegal recibido, y los benefactores de dos a diez veces más que la cifra aportada. Pero además, en los casos de adjudicatarios de obra pública, las empresas “y sus directivos responsables, no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones”, señala la norma.
 

Pedro Cribari: la Corte Electoral debió “ejercer los controles”


“La aparición de Sudestada constituye una contribución muy fuerte y saludable desde el periodismo de investigación a la lucha contra la corrupción y a favor de la máxima transparencia en la gestión de lo público”, dijo el presidente de Uruguay Transparente, Pedro Cribari. Añadió que “las investigaciones ya realizadas son todas muy rigurosas y documentadas, en particular esta sobre el cumplimiento de la ley que regula la actividad de los partidos políticos y cómo se financian en campañas electorales”.

Para Cribari “en esta investigación queda de manifiesto que el organismo que debe ejercer los controles sobre la citada ley no lo hace en la medida que surgen evidencias tan claras de irregularidades”. La ley 18.485 establece que las sanciones “serán aplicadas por la Corte Electoral, la cual procederá de oficio o por denuncia fundada de parte”.

El presidente de la filial uruguaya de Transparencia Internacional dijo tener la “esperanza de que la presencia activa de Sudestada cobrará de forma progresiva mayor repercusión y presionará a los actores públicos a evitar las malas prácticas en la gestión de los dineros públicos, así como el máximo respeto de lo que mandan las normas constitucionales y legales en la materia”.

Cribari y el resto de la directiva de Uruguay Transparente se reunirán en los próximos días con los miembros de la Corte Electoral y de la Junta Anticorrupción para dialogar sobre la investigación publicada por Sudestada. Luego se iniciarán las investigaciones de ambos organismos.