Teniente coronel Raúl Mermot, el 13 de junio de 1973, al momento de asumir como jefe del Regimiento de Caballería Mecanizado No. 10 en Artigas.

A tres días de la 22 marcha del silencio, por verdad y justicia sobre los desaparecidos, el fiscal Pablo Rivas pidió el procesamiento por apología del delito del ex comandante en jefe del Ejército Raúl Mermot. El pasado 14 de abril el militar retirado, quien preside el Círculo Militar, dijo que “hubo excesos” en el trato de los detenidos por la dictadura.

“Me consta en lo personal que nunca estuve en una sesión de tortura pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, tortura no hay”, aseguró Mermot, en una descripción que recuerda a los plantones, un mecanismo de tratamiento inhumano y degradante practicado en unidades militares contra los detenidos.

Mermot también había cuestionado el fallo judicial “infame” que determinó el procesamiento del también ex militar Rodolfo Alvarez, sobrino del fallecido dictador Gregorio Alvarez, por las torturas aplicadas contra el detenido Gerardo Riet, un dirigente del sindicato de la construcción, en 1980. El excomandante añadió: “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”.

Ante estas manifestaciones el fiscal Rivas pidió la condena de Mermot por la “apología” de hechos pasados (artículo 29 de la ley 18.026 contra crímenes de lesa humanidad), agravado por haberse ejecutado por los medios de comunicación, a la pena de dos años de prisión.

Respecto a este agravante, Rivas aclaró que “Los delitos de comunicación-en tanto que restricciones excepcionales a la libertad de prensa deben ser de interpretación restringidísima y sólo pueden ser objeto de condena en caso de una configuración irrefragable”. Por ese motivo el fiscal aplicó este agravante solo en el caso de la apología, ya que incluyó las críticas a los fallos judiciales dentro del derecho a la libertad de expresión.

La jueza penal Blanca Riero deberá resolver el próximo viernes si accede al pedido fiscal. La denuncia había sido presentada por el diputado frenteamplista Luis Puig y Sandro Soba, hijo del detenido desaparecido Adalberto Soba.

El pedido del fiscal