Como cada 20 de mayo desde hace 22 años se realizará esta movilización que, a partir de la hora 19, comienza en Rivera y Jackson para recorrer 18 de Julio hasta llegar a la Plaza Cagancha.

Este año la movilización se realizará bajo la consigna “Impunidad, responsabilidad del Estado, ayer y de hoy”.



La representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Silvia Bellizzi dijo a Informe Nacional que la marcha “es un mojón que queda en la historia, contra la impunidad, por verdad y justicia” y consideró que todavía “siguen siendo vigentes porque no han aparecido más restos (y) no aparece más verdad”.  

La activista hizo énfasis en la fuerte participación de los jóvenes que hay cada 20 de mayo, al tiempo que resaltó que la lucha “ya no es sólo nuestra, los desaparecidos son de todos, y los jóvenes lo han tomado como algo propio”. 

Bellizzi destacó que “no hay que olvidarse de que han habido amenazas a jueces, políticos e historiadores, uruguayos y extranjeros por un comando que no se sabe quién es”, en referencia al denominado “Comando Barneix”.
Este grupo amenazó a 13 personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos: el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la ex fiscal Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirschke, y el jurista francés Louis Joinet.

 

Este “comando” tomó su nombre del general Pedro Barneix, quien suicidó en 2015, luego de ser procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el homicidio de Aldo Perrini, ocurrido en 1974. Un correo electrónico amenazó con que “el suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista”.

 

Para Bellizi tampoco se debe olvidar “que han habido robos de documentos del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) que tampoco se han descubierto”, donde se sustrajo el disco duro de una computadora que contenía valiosos archivos relacionados con la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura. 

 

Las personas que ingresaron al laboratorio dejaron en el GIAF un mapa donde aparece señalada la dirección donde vive cada uno de los integrantes del grupo de investigación, lo que fue considerado como una amenaza. “Ya no es solamente que los familiares de los desaparecidos no tenemos información, sino que sigue habiendo delincuencia” con la finalidad de que “no surja la verdad para que se descubra, y la verdad para que se siga haciendo justicia”, afirmó Bellizi.

Por su parte, Oscar Urtasún, representante de Familiares, dijo que la falta de avances en la búsqueda de verdad y justicia es consecuencia de la falta de voluntad política de los últimos gobiernos nacionales. 

"Ningún gobierno, de ningún partido, dejó de dormir media hora por el tema" de los desaparecidos, dijo Urtasún al programa De diez a doce de Radio Uruguay. 

Sostuvo asimismo que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que se formó a instancias del presidente Tabaré Vázquez "no trabaja en la medida de nuestras necesidades" y cuestionó que algunos de sus integrantes, como la mae Susana Andrade o el representante de la comunidad judía Pedro Sclofsky, no tienen experiencia de trabajo en el tema. 
 

Por otra parte, el Observatorio Luz Ibarburu será recibido en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 162º periodo extraordinario de sesiones, que se realizará el jueves 25 de mayo en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

 

En esa oportunidad el Observatorio Luz Ibarburu que realiza en Uruguay el seguimiento de los 306 expedientes referidos a violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y patrocinando cerca de medio centenar de ellas, tratará las condiciones de trabajo de los operadores de Justicia y defensores de derechos humanos en nuestro país.

 

Esta organización había solicitado, el 1° de marzo, una audiencia para informar a la CIDH de las amenazas del “Comando Barneix” y las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman relativo al proceso de Jjusticia.  La CIDH, a su vez, había condenado las amenazas contra varios operadores judiciales y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores judiciales.