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31/05/2019

UTE reinventa una SA para absorber personal mediante el derecho privado

 Jurídica considera ilegal abrir una empresa privada a fin de contratar empleados para el ente, pero propuso sortear el escollo con una sociedad de prestación de servicios: Solfiral


Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

El directorio de UTE comenzó a buscar desde principios del año pasado, la forma de contratar personal sin asignarle la categoría formal de funcionario público. En ese camino, procuró crear una empresa privada –100 % propiedad del Estado– que se dedicara a contratar mano de obra para trabajar en el ente, pero que quedara fuera del alcance de las normas que regulan la actividad laboral de la Administración Pública.

Un informe de la Gerencia de Asesoría Legal frenó esa idea por considerarla inconstitucional, pero le propuso al Directorio una forma de eludir las barreras impuestas por la Carta Magna, de acuerdo a la documentación a la que accedió Sudestada.

El artículo 190 de la Constitución de la República establece que “Los Entes Autónomos y los Servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro de que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de su recursos para fines ajenos a sus actividades normales”, recuerda el informe de la Gerencia de Asesoría Técnico Jurídica fechado 21 de noviembre de 2018.

Pero indica que “UTE puede constituir una sociedad que se rija con el derecho privado y luego contratar con esta para que la sociedad realice determinadas tareas. Es decir que no contrataría el personal sino que contrataría la prestación de determinada tareas u obra. La administración de esa sociedad será de cargo de la misma y UTE será responsable subsidiaria o solidaria como cualquier otra contratación”.

De conformidad con los cometidos y las competencias asignadas a esta Administración, no es posible constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la contratación y suministro de personal a UTE o a terceros. Sí es posible constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la prestación de asesoramiento, asistencia técnica o servicios”, señala a su vez el documento elevado al Directorio por la Gerencia Asesoría Legal y Notarial. Y amplía la explicación: “La sociedad constituida a tales fines requerirá autorización del Poder Ejecutivo y podrá contratar personal para sus servicios”.

La Gerencia Asesoría Técnico Jurídica especula entonces con que los empleados no se verán perjudicados: “Es de suponer que, siendo mayoría en la sociedad y esta se administre, no existirán perjuicios a los trabajadores”.

Luego de que esta alternativa quedara sobre la mesa, el Directorio del ente vio el camino allanado hacia su objetivo, y decidió “encomendar a la Asesoría Técnico Jurídica, en coordinación en lo que fuera pertinente con la Gerencia Dirección Operativa y la Gerencia Servicios Corporativos, las gestiones conducentes a la constitución de una sociedad anónima en los términos informados y planificar su comienzo de funcionamiento”, según la resolución firmada el 20 de diciembre de 2018 por Gonzalo Casaravilla (presidente) y Jorge Fachola (secretario general).



Desde aquella resolución adoptada el jueves previo a Navidad pasaron tres meses hasta que el Directorio, nuevamente a influjo de la Asesoría Legal y Notarial, declinó la posibilidad de crear una nueva empresa para su cometido de contratar personal por régimen privado. En cambio, decidió que para tales fines usaría una sociedad anónima que ya era propiedad –100 %– de UTE.

Solfiral SA había sido constituida por el ente para “llevar a cabo proyectos eólicos”, pero nunca operó en ese ni en ningún otro rubro. Los representantes de UTE en el directorio de la empresa son Casaravilla y el gerente general Carlos Pombo.

La Asesoría Legal y Notarial sugirió que se usara Solfiral SA, pero apuntó que era necesario “modificar la cláusula ‘Objeto’ del Estatuto Social original para adecuarlo a las necesidades que se plantean”.

La empresa originalmente concebida para tareas en el campo de la energía eólica pasaría a “brindar Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica en el Área de la Industria Eléctrica, gestión empresarial y anexos, tanto en el territorio de la República como para el Extranjero, contratando los Recursos Humanos necesarios para prestar dichos servicios”, según la resolución del Directorio fechada el 28 de marzo de 2019.


AUTE opina que es un “artilugio jurídico”


Presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. 

El Directorio se pronunció a favor de la “utilización de Solfiral SA”, estableció que la sociedad sea “cerrada, o sea 100% de UTE”, que se “contemple la existencia de una comisión fiscal”, y autorizó a que “pueda financiarse a través de la emisión de obligaciones negociables”.

Además designó como representantes de UTE en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a los funcionarios Claudia Martínez y José Busca, a quiénes instruyó “para votar afirmativamente la modificación estatutaria aludida”. 

La primera contratación que realizará el ente será a unos 120 trabajadores que hoy se encuentran trabajando en el call center de UTE (Telegestiones), pero que son empleados de una empresa privada que vende el servicio al Estado.

Fuentes vinculadas al directorio señalan que esta es una forma de eliminar la “precariedad laboral” y la “intermediación” de empresas privadas. Pero la Agrupación de funcionarios de la UTE (AUTE) cuestiona la iniciativa por considerarla un “nuevo impulso hacia la privatización” del servicio.

El presidente de AUTE, Sebastián Herrera dijo a Sudestada que el gremio “es muy cuidadoso en el relacionamiento con los demás sindicatos y trabajadores porque está en juego algo tan delicado como la fuente de trabajo”. 

Pero calificó de “artilugio jurídico” el camino por el que optó UTE para contratar personal mediante una “sociedad anónima”, porque “significa un retroceso enorme en el marco de la defensa del derecho público, y del rol de la empresa pública que debe garantizar el acceso a la energía, en tanto con esta medida se evidencia el ánimo de lucro en detrimento de las condiciones de trabajo”.

“Detrás de este telón de humanización que se esgrime, se esconde la posibilidad de contratar en forma permanente bajo un régimen puro y duro de derecho privado a cuánto personal quiera este Directorio o el que llegue el año próximo, sin que exista límite alguno en el tiempo ni en la cantidad de sectores que abarca”, subrayó Herrera.
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