SCJ admite nueva chicana del militar indagado por homicidio político y aplaza el caso hasta 2015. Jorge Díaz inicia sumario para el traslado de la fiscal Tellechea, que pide procesar al general
La fiscal Ana María Tellechea se enteró de que estaba sumariada y en riesgo inminente de ser trasladada tan solo un día después de presentar un recurso contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de acoger un nuevo planteo de la defensa del general Pedro Barneix que aplaza para 2015 un eventual fallo de procesamiento con prisión.
A impulso del jefe del Ministerio Público, Jorge Díaz, el fiscal inspector Luis Pacheco inició una investigación por una denuncia contra Tellechea –proveniente del Poder Judicial– por un pedido de archivo que la magistrada había solicitado en un caso de drogas.
En este proceso Tellechea había pedido el procesamiento del indagado, pero cuando la defensa presentó un recurso de reposición –el que pretende una revisión del fallo por el propio juzgado de primera instancia que lo dictó–, la fiscal revaloró el asunto y entendió que debía pedir el archivo de la indagatoria.
Se trataba de un joven de 22 años, sin antecedentes penales, que ingresó a la visita del Comcar con una torta que contenía diez gramos de marihuana. El muchacho alegó que fue engañado por la mujer de su amigo recluido: “Ella me dio la torta para que se la llevara, pero yo no sabía que tenía marihuana”, declaró en la sede judicial. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Tellechea decidió pedir el sobreseimiento del joven.
Esto dejó a la jueza Fanny Canessa sin más opción que clausurar el proceso, en tanto se considera que el fiscal “es el titular de la acción penal”, lo que implica que sin pedido de procesamiento de parte del Ministerio Público, la justicia no puede decretarlo.
Esta es la razón oficial por la cual se investiga a Tellechea, pero fuentes del gremio de fiscales cercanas a la magistrada sumariada entienden que el caso se enmarca en un plan de “persecución” encabezado por Díaz. Y así se está comentando en las oficinas del Ministerio Público de las cuáles
Sudestada obtuvo la información.
“Yo eso no lo puedo afirmar pero me llama mucho la atención que trasladen a la fiscal Diana Salvo que podía llegar a solicitar el procesamiento de un militar por torturas, y que a pedido de la Suprema Corte de Justicia me inicien un sumario a mí que pretendo que Barneix termine en la cárcel como autor del homicidio de Aldo Perrini”, dijo la fiscal a
Sudestada.
Además, sostuvo que la Fiscalía de Corte está “discriminando a ciertas magistradas por razones de edad”, en tanto desde la jefatura del Ministerio Público se alega que son necesarios “fiscales más jóvenes” para encargarse de los casos cuando se aplique el nuevo Código del Proceso Penal, que se espera entre en vigencia en 2017.
Pero acotó: “Más allá de eso, yo sé que a muchos le gustaría verme fuera de este caso. Hace más de dos años que pedí el procesamiento del general Barneix por un crimen de lesa humanidad y aún no se pudo dictar el fallo de primera instancia, algo totalmente fuera de lo normal”, subrayó.
La fiscal Tellechea entiende que Barneix es autor del homicidio político de Perrini, detenido el 26 de febrero de 1974 en Carmelo, y trasladado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, donde fallece el 3 de marzo de ese año. Barneix era uno de los integrantes del servicio de inteligencia (S2) que tenía a cargo el interrogatorio de los detenidos, y otro de los responsables era el entonces teniente José Puigvert, también indagado.
El traslado de la fiscal Tellechea significaría un nuevo revés para las causas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en bajo terrorismo de Estado. Así como el traslado de la jueza Mariana Mota en febrero de 2013 deparó una especie de empantanamiento de las causas y la ausencia de nuevos procesamientos de militares durante los últimos dos años.
Antes de ser trasladada por razones de “mejor servicio” y de “edad”, la fiscal Salvo había solicitado el inicio de una causa contra el oficial Asencio Lucero, quien confesó en sede judicial haber torturado a mujeres cuando estaba a cargo del servicio de inteligencia en el Regimiento de Caballería Nº 9. Allí fueron detenidas en los años setenta decenas de mujeres que en 2011 presentaron denuncia penal como víctimas de abusos sexuales por parte de los represores.
El procesamiento de Lucero era inminente, pero también la posibilidad de que a partir de las declaraciones de este militar se reuniera mayor prueba para enjuiciar y encarcelar a otros represores, algunos de los cuales ocupan cargos de relevancia en el Ejército.
Enésima chicana y el tiempo para el traslado
El general Barneix llegó a ser jefe de Inteligencia del Estado. Y en 2005 el entonces presidente Tabaré Vázquez, le encomendó un informe sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que resultó un fiasco por estar plagado de mentiras.
Aún así el militar conservó su estatus dentro de la elite del Ejército que se codea con el poder político.
Ahora, en las puertas de un nuevo mandato de Vázquez –reelegido presidente en el balotaje de noviembre–, Barneix hace gala de nuevas chicanas que lo mantienen en libertad.
El 3 de setiembre de 2013, la jueza Beatriz Larrieu,
lo citó a declarar bajo el artículo 126 del Código del Proceso Penal, lo que implica que de esa audiencia podía salir hacia la cárcel. Pero diversos recursos que apuntaron a entorpecer el proceso lo han salvado.
Y eso porque la SCJ ha admitido una y otra vez que se dilatara la investigación. Ahora la fiscal Tellechea acaba de presentar un recurso contra la decisión de la corporación de admitir una nueva chicana del general.
Existen dos sentencias –una del juzgado de primera instancia y otra del tribunal de apelaciones– que confirman que el caso no ha prescripto como pretende Barneix y que por tanto se debe seguir adelante con el proceso.
Estas sentencias no suelen ser revisadas en casación por la SCJ, pero en este caso la corporación ha aceptado analizarla.
“La pretendida revisión de lo resuelto por dos sentencias confirmatorias no está prevista legalmente y, (con) el sólo hecho de haber hecho lugar a la revisión de los fallos anteriores dictados (...), la Suprema Corte de Justicia está cometiendo una ilegalidad que difícilmente podrá sostener”, señaló la fiscal en su escrito al que accedió
Sudestada.
La Corte acepta revisar su propio fallo que el 10 de setiembre declaró “inadmisible el recurso de casación oportunamente interpuesto” por la defensa de Barneix.
Para la fiscal, la corporación debe negarse a aceptar revisar la sentencia del tribunal que habilitó la prosecución de la investigación contra Barneix, “so pena de sentar un muy peligroso precedente, instaurando una tremenda ilegalidad, actuando fuera del marco de sus competencias”.
Lo cierto es que esta inusual revisión que ahora admite la SCJ aplaza nuevamente la posibilidad de que Barneix sea procesado. La proximidad con la feria judicial mayor que se inicia el 24 de diciembre, implica que el caso se retome al menos en febrero de 2015.
Para entonces, la fiscal Tellechea pudo haber sido traslada por la Fiscalía de Corte a un juzgado civil, y otro integrante del Ministerio Público deberá estudiar el expediente y decidir si mantiene la posición de su antecesora e impulsa el procesamiento del militar o pide que se archive el caso.
No sería la primera vez que el titular de la Fiscalía de Corte traslada a un fiscal que pretende el procesamiento de una figura pública o política.
Apenas asumió el cargo, Díaz trasladó al fiscal Ricardo Perciballe, quien se aprestaba a solicitar el procesamiento del ex canciller y ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, por conjunción del interés personal y del público. Una vez trasladado, la fiscal que lo subrogó en el caso, Mónica Ferrero, pidió el archivo del expediente.