Gregorio Álvarez murió en la madrugada de este miércoles 28 de diciembre a los 91 años luego de permanecer internado durante dos semanas en el Hospital Militar.

A pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el dictador había sido detenido en diciembre de 2007 por la comisión de varios crímenes de lesa humanidad en la época del terrorismo de Estado. La solicitud fue aceptada por el entonces juez penal Luis Charles, que se encargaba del caso de las desapariciones de miembros de los Grupos de Acción Unificadora a manos de la coordinación represiva uruguayo-argentina.

En octubre de 2009 Álvarez fue sentenciado en esta causa a 25 años de prisión por homicidio especialmente agravado de 37 personas desaparecidas durante la dictadura.

En octubre de 2011 fue procesado por el delito de homicidio muy especialmente agravado de Luis Roberto Luzardo, ocurrido el 9 de junio de 1973.

Además de los pedidos de procesamiento y condenas que pesaban sobre Álvarez en Uruguay, también fue acusado en el juicio sobre el Plan Cóndor que se sigue en los tribunales de Roma junto a jefes de Estado y jerarcas militares de los gobiernos autoritarios de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay. En octubre de 2016 en el marco de este proceso la Fiscalía pidió la prisión perpetua de Álvarez.

La serie de crímenes de lesa humanidad que perpetró Álvarez ha sido reiteradamente enunciada en los últimos años, y por algunos de ellos ha sido perseguido y procesado por la Justicia ordinaria de la democracia junto a otros represores.

Sin embargo, los ilícitos económicos que se cometieron en ese mismo período nunca se persiguieron, a pesar de que estuvieron explícitamente excluidos de la impunidad consagrada por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

De hecho, el actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Juan Raúl Ferreira, hijo del caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, explicó hace unos años que el inciso B del artículo 2º de la Ley de Caducidad (que deja afuera del pacto de impunidad “Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”) fue incluido pensando en este tipo de crímenes de índole económica.

“Fue introducida por Wilson pensando en el Operativo Conserva y en la probabilidad de que se hubieran cometido secuestros extorsivos”, dijo Ferreira.

La siguiente es la descripción del famoso “Operativo Conserva” incluida en el capítulo “La impunidad de los delitos económicos de la dictadura uruguaya” del libro “El negocio del terrorismo de Estado”.

La carne es débil: Operativo Conserva

Otro delito económico denunciado tanto en el Parlamento como en la prensa y nunca castigado fue el denominado Operativo Conserva, que involucró directamente al exdictador Gregorio Álvarez y a su esposa Rosario Flores de Álvarez, quien integraba el directorio de varias industrias frigoríficas beneficiadas por la millonaria maniobra. Según los detalles de la operación (Carrió, 1987) ésta básicamente consistió en la exportación de carne vacuna uruguaya a Argentina para fabricar corned beef y luego traerlo de regreso al país como conserva para exportarlo. Esta maniobra se realizó, además, en medio de una operación para la reestructuración de la industria frigorífica, que comenzó con el cierre del estatal Frigorífico Nacional, el ente testigo en la materia, con un consiguiente aumento de la ganancia de la industria frigorífica privada.

En concreto, el Operativo Conserva se llevó adelante luego de la firma de un convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca encabezado por Carlos Mattos Moglia e Inversur Trading Company, empresa representada por José María Alori, un empresario vinculado a la industria frigorífica y a la banca. El trámite tuvo que ser confirmado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), presidido en aquel momento por el mayor Armando Méndez, un oficial de la Armada conocido por su afición a la represión ilegal pero no a la corrupción financiera.

Méndez elaboró un informe contrario a la Operación Conserva en el que señala un número de aspectos irregulares: los argumentos de la empresa para fundamentar el negocio son inexactos, la empresa no tiene antecedentes en el negocio, el precio de adquisición del corned beef por parte del Estado es mayor que el precio de mercado, entre otros. Esta postura determinó que Méndez fuera removido por el dictador Álvarez, luego de lo cual la maniobra pudo concretarse (Ibíd: 75).

Alori era además miembro del directorio del Frigorífico Carrasco, que tenía como abogado a Enrique Tarigo, quien sería el vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. También tenía vínculos con los bancos, La Caja Obrera y Pan de Azúcar, dos instituciones financieras que años más tarde darían quiebra y serían rescatadas por el estado democrático. Al final de cuentas, el Operativo Conserva benefició a varios frigoríficos mientras que el estado uruguayo perdió con este operativo unos 12 millones de dólares, mientras que INVERSUR ganó más de 688 mil dólares, a lo que hay que sumar comisiones cobradas al INAC por la venta del corned beef.

El Estado también tuvo que hacer frente a una deuda de 15 millones de dólares, por un préstamo pedido al Bank of America que había financiado la operación. El asunto fue tratado en diversas ocasiones por los senadores de la primera legislatura posterior a la dictadura, entre 1985 y 1990, siempre a instancias de la oposición. El tratamiento del tema consta en los diarios de sesiones de los días 4 de junio de 1985, 13 de agosto de 1986, 23 de julio de 1987 y 21 de febrero de 1989, en esta última ocasión durante la comparecencia en sala de los ministros de Economía, Ricardo Zerbino y de Ganadería, Pedro Bonino.

El 3 de julio de 1985 el Ministro de Ganadería de la democracia, Pedro Bonino, resolvió iniciar una investigación administrativa dentro del Ministerio para investigar el Operativo Conserva. En sus conclusiones, el informe de la investigadora (Carrió, op. cit., p. 88) confirma el monto de las pérdidas para el Estado, señala que se violó la ley de contabilidad y administración financiera del Estado, que el exministro Mattos Moglia se negó a colaborar con la investigación y que «le cabría responsabilidad» en el «apartamiento a las disposiciones vigentes en materia de contrataciones públicas y por no haber actuado en la emergencia con la diligencia de un buen padre de familia».

A pesar de estas contundentes conclusiones, el ministro Bonino ordenó clausurar la investigación, pero cuando el informe tomó estado público fue enviado al Tribunal de Cuentas para que informara sobre las irregularidades constatadas. La asesoría letrada del Tribunal recomendó citar al exdictador Álvarez y al exministro Mattos Moglia pero el caso solo llegó a la justicia en 1987 cuando una denuncia penal fue presentada por el entonces senador Alberto Zumarán. El expediente fue archivado sin resultados.

En 2008 también hubo intenciones parlamentarias de denunciar el asunto, por intermedio del entonces senador del Frente Amplio, Jorge Saravia, a fin de deslindar las responsabilidades que le podrían caber al exdictador Álvarez. Este intento de investigación tampoco prosperó.