Último informe de DDHH del Departamento de Estado de EEUU señala que el 30% de los internos sufrió tratos crueles y que otro 30% no ha tenido posibilidades de reinsertarse en la sociedad
“Las condiciones de las cárceles y los centros de detención siguieron siendo malas e inhumanas en algunas instalaciones debido al hacinamiento, condiciones higiénicas y la atención médica inadecuadas, programas socioeducativos inadecuados y altos niveles de violencia entre los reclusos”, afirma el último informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU.
El documento, de 28 páginas, destaca que de las 47 muertes registradas en el año 2018 en las cárceles uruguayas, 17 fueron en enfrentamientos entre internos y 10 fueron suicidios. “La superpoblación, el aislamiento y la falta de actividades socioeducativas llevaron a un alto riesgo de violencia. La falta de personal y de elementos básicos de control, como cámaras de seguridad, hizo que la prevención, el control y la aclaración de hechos en los incidentes de seguridad fueran difíciles” de aclarar, asegura el documento.
El informe señaló que en noviembre las cárceles tenían 10.243 reclusos, a diferencia de los 10.735 que había en 2017. La densidad promedio de la población carcelaria (número total de reclusos en relación con la cantidad de espacios disponibles) fue 103 % en 2017, con 18 de las 29 cárceles por encima del 100 %, pero hubo dos cárceles que estuvieron por encima del 200 % de su capacidad.
El documento de EEUU destaca varios informes elaborados por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, que señalan que el 30% de los presos sufrió tratos crueles o degradantes y que otro 30% no ha tenido posibilidades de reintegrarse a la sociedad y que el hacinamiento afectó partes de las cárceles en varios de los 19 departamentos.
El informe norteamericano recoge denuncias realizadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que señalan que los reclusos a veces pasaron 23 horas del día en sus celdas. “Ciertas cárceles tuvieron falta de higiene, acceso insuficiente al agua, alimentos insuficientes y de mala calidad, y muy pocas actividades socioeducativas y laborales. Los reclusos en ocasiones estuvieron expuestos a riesgos eléctricos, sanitarios y de otros tipos por la mala infraestructura”, agrega el documento.
Como contrapartida, el Departamento de Estado de EEUU tiene consideraciones elogiosas hacia Uruguay al destacar que el gobierno “mantuvo a las fuerzas de seguridad bajo control” y que “tomó medidas” para investigar a los funcionarios que cometieron violaciones.
Libertad de expresión y caso Sendic
En el capítulo referido a la libertad de expresión, el documento señala que en febrero de 2018 “un hombre llamó “mentiroso” al presidente Tabaré Vázquez después de que él y otros representantes de la organización de trabajadores (sic) Un Solo Uruguay se hubieran reunido con el presidente. Poco después, Presidencia publicó un comunicado en su sitio web oficial con información personal avergonzante sobre el hombre, quien dijo que esta acción le causó ridículo público. Presidencia recibió en abril un fallo de la INDDHH sobre una denuncia presentada al respecto. Allí se afirmaba que el comunicado violaba los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica del hombre. En consecuencia, Presidencia eliminó la información de su sitio web”.
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En el capítulo referido a la corrupción estatal el informe destaca que “tras renunciar a su cargo en setiembre de 2017, el ex vicepresidente Raúl Sendic fue procesado en mayo de 2018 por los delitos de abuso de funciones y peculado. Los abogados de Sendic apelaron el procesamiento, dado que todavía estaba siendo investigado por parte de la empresa petrolera estatal ANCAP por presuntamente hacer compras personales con una tarjeta de crédito oficial y por mal manejo de fondos”.