Tiempo estimado de lectura:
15/04/2021

La pelea de “hinchas con memoria” para expulsar a Gavazzo y Cordero de Peñarol

Ambos represores forman parte de la lista de socios vitalicios. Uno de ellos participó del crimen de Alberto Mechoso, abuelo de un jugador juvenil del club


Álvaro Levin / Sudestada / @alvarolevin

Con la publicación de un comunicado desde el colectivo “Un gol contra la impunidad” se inició una campaña para expulsar del padrón de socios del Club Atlético Peñarol a los represores Manuel Cordero y José Gavazzo, condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del Plan Cóndor durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). Ambos represores forman parte de la nómina de socios vitalicios de la institución.

Cordero se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena mientras que Gavazzo está internado en el Hospital Militar.

“Hinchas con Memoria” es el nombre de un grupo de hinchas, socios y asambleístas mirasoles que iniciaron la campaña al constatar que ambos represores siguen formando parte de la institución. Además de lograr la expulsión de ambos terroristas de Estado del padrón social de la institución, también tienen el objetivo de iniciar un proceso de concientización y visibilización pública sobre la participación de estas figuras de la última dictadura cívico-militar en las instituciones deportivas del Uruguay.

Si bien en este caso concreto la institución involucrada es el Club Atlético Peñarol, el colectivo pretende ser el punto de referencia para que socios, hinchas y/o dirigentes de cualquier institución deportiva puedan acercar datos, acontecimientos y experiencias que permitan visibilizar y condenar la impunidad con la que ciertos autores de delitos de lesa humanidad asisten a instancias deportivas en Uruguay.


José Gavazzo está condenado por 28 homicidios, entre otros delitos de lesa humanidad. 

El antecedente más inmediato es que durante el año 2018, la campaña de denuncia y condena social contra Miguel Zuluaga, jefe de seguridad de la selección uruguaya de fútbol desde el año 2000, generó su desvinculación dos meses antes del mundial Rusia 2018. En ese momento la campaña logró la adhesión de 30 organizaciones sociales.

El vocero de la campaña iniciada por “Hinchas con memoria”, bajo el ala de “Un gol contra la impunidad” es Ignacio Couto (30), hincha y socio de Peñarol, que también participó en el 2018 en la campaña contra Zuluaga.

En diálogo con Sudestada, Couto dijo que “no somos un grupo de locos… aquí nos juntamos una barra de hinchas, socios y asambleístas de Peñarol… contamos con el apoyo y asesoramiento de Crysol, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y el Observatorio Luz Ibarburu. Antes del inicio de la campaña hemos recolectado información y documentos, gracias también al asesoramiento específico de Raúl Olivera y el abogado Pablo Chargoñia”.


Manuel Cordero, durante una audiencia en Argentina en 2013. 

Couto aclaró que la campaña tiene ciertos hitos inamovibles. “Nosotros nos trazamos una línea de acción, que es independiente de la resolución que adopte Peñarol como institución”, explicó, aunque el planteo inicial será realizado a dirigentes y asambleístas del club que preside Ignacio Ruglio.

Las vías por las cuales se puede expulsar a los represores del padrón de socios son dos: mediante una resolución de la Comisión Directiva o mediante resolución de Asamblea de Socios en mayoría simple (la mitad más uno). El llamado a asamblea se hará durante el año 2021, ya que se tiene que aprobar el último balance del club, por lo que desde “Hinchas con memoria” confían que la expulsión de Cordero y Gavazzo ingrese en el orden del día.

Según la última elección de autoridades en Peñarol, realizada en diciembre del 2020, los 164 asambleístas quedaron distribuidos de la siguiente forma según los votos recogidos por los candidatos: Juan Ignacio Ruglio: 56; Juan Pedro Damiani: 52; Guillermo Varela: 25; Evaristo González: 19; Mario Colla: 12

Consultado sobre la viabilidad del pedido de expulsión de de Gavazzo y Cordero, Couto recordó lo que ocurrió cuando se pidió el retiro del jefe de Seguridad de la selección uruguaya de fútbol: “No sabemos cómo puede influir la opinión de los diferentes actores… En el caso de Zuluaga escuchamos opiniones de todo tipo, de personas que no te lo esperabas. Para un lado y para el otro. Ahora lo más importante es poner el tema en el tapete y esperar los pronunciamientos que toman los dirigentes del club. Por otro lado, nosotros concebimos que la situación es una locura, una aberración. Es como tener nazis en el Bayern Munich”, comparó. 


El nieto de Mechoso

Un ejemplo que ilustra esta convivencia del deporte con las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado reciente refiere a que el pasado 21 de marzo de marzo del 2021, por el torneo clausura de primera división del fútbol uruguayo, debutó contra Progreso el delantero aurinegro Ezequiel Mechoso (21), quien desde el año 2018 forma parte de las juveniles del club.

Su abuelo es Alberto Mechoso, un militante sindical y político del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que fue detenido en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976 y trasladado a Automotores Orletti. En el año 2012, bajo la presidencia de José Mújica, sus restos fueron entregados a la familia

Gavazzo no sólo fue el responsable de la desaparición de Mechoso sino que se hizo pasar por su víctima en el vuelo que trajo de regreso a su familia a Uruguay. Uno de los niños que viajaba con el represor era el padre del futbolista aurinegro, según consta en la información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente

“El día 27 de septiembre de 1976 la familia de Mechoso es llevada a Aeroparque y trasladada ilegalmente a Montevideo. El Represor Nino Gavazzo del SID, forzó al grupo a simular que era el esposo y el padre de los dos niños. Al llegar a Montevideo, las familias de Adalberto Soba y de Alberto Mechoso son trasladadas por hombres y coches sin identificación a centro clandestino de detención y tortura. Las esposas y los cinco hijos de ambos matrimonios, son llevados al centro clandestino de detención y tortura conocido como Casona de Punta Gorda”.

Dentro de los objetivos de la campaña está, según Couto, “ampliar esta movida, y donde surjan nuevos datos, ir atrás, generar la condena, el escrache y promover que hoy o mañana los clubes tengan una política clara sobre Derechos Humanos, ya que es un tema que nunca se ha hablado, ha estado en la oscuridad”.


CUBA, el club proscripto



Uno de los equipos que manifestó rápidamente su apoyo a la convocatoria de “Un gol contra la impunidad” fue el Club Unión Barrio Artigas (CUBA), fundado en 1956 en el departamento de Treinta y Tres. Este cuadro de fútbol, fue proscrito por la dictadura uruguaya en el año 1976 y el año pasado -2020- volvió a competir en la liga local. Es el único caso de un equipo que haya sido desafiliado por motivos políticos.

El 20 de diciembre de 1976 el presidente de facto Aparicio Méndez firmó un decreto dando cuenta de que en ese club se hacía referencia “en forma reiterada a promoción, actividades y comentarios de carácter político, en los cuales se formulan apreciaciones negativas al actual proceso institucional que conduce el Gobierno Nacional”, por lo que procedió inmediatamente a “impedir este intento de perturbar la tranquilidad y el orden público”.

En su blog, el periodista Jorge Señorans recuerda que de esta forma, el dictador dispuso la clausura “en forma definitiva las actividades del Club Unión Barrio Artigas, quedando resuelta su desafiliación”.

En el año 1972, el había llegado a la primera división de la liga de Treinta y Tres. De este equipo emigraron al fútbol profesional Victor Hugo Diogo (campeón del mundo con Peñarol en 1982) y Arsenio Luzardo (campeón del mundo en 1980 con el Club Nacional de Fútbol), jugadores que salieron campeones con la selección uruguaya de fútbol de la Copa América de 1983.

Uno de los motivos más importantes por los cuales el equipo fue desafiliado por la dictadura refiere a que el entonces presidente del CUBA y edil por el Frente Amplio Francisco Laxalte, no sólo generó una gran militancia social en el barrio, sino que en el año 1972 fue el encargado de denunciar el caso de Luis “Nucho” Batalla, quién en mayo de ese año falleció víctima de la tortura en el Batallón de Infantería Mecanizada N°10 del Ejército, ubicado en el barrio Artigas de la capital olimareña. Fue el primer muerto por torturas en un batallón.

En diálogo con Sudestada, Yamandú Sosa, asambleísta y preparador físico del equipo, destacó el trabajo social que realiza hoy Gerardo González, un exjugador de CUBA. “El retorno del año pasado se dio porque una barra de gurises del barrio estaban jugando un campeonato de fútbol siete. Y después de eso armaron el equipo. Increíble como la cultura del barrio permanece”, celebró Sosa.

Antes de volver a afiliarse, la asamblea del club fue a reunirse con el “cura” Francisco Laxalte para tener su autorización y ponerlo como presidente honorario. Destituido por la dictadura, fue restituido por la asamblea del barrio.

Consultado respecto a al tiempo transcurrido, ya que pasaron 35 años en democracia para que el equipo vuelva a competir, Sosa dijo que “el trabajo que hizo la dictadura aquí en Treinta y Tres fue muy duro, por lo que todavía hay consecuencias de esa fuerte represión ya que mucha gente quedó con temor, y hay cosas que tardan años en ir decantando. Ahora estamos con el fútbol, y de a poco iremos colocando la pata social y cultural”.


El reclamo en Argentina 


El plantel de Boca durante un partido de la Copa Argentina, el pasado 24 de marzo, aniversario del Golpe de Estado. 

En Argentina desde hace algunos años hay un movimiento que intenta colocar la temática de los derechos humanos en los clubes deportivos. Los primeros fueron Banfield, Ferro y Estudiantes de La Plata y luego se han sumado River, Boca, Racing y San Lorenzo.

El pasado 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia), a 45 años del Golpe de Estado, los clubes grandes publicaron: "El Club Atlético River Plate, junto al Club Atlético Boca Juniors y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocan a aquellos familiares o allegados/as de socias y socios de ambos clubes que hayan sido víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura militar, que se extendió desde 1976 a 1983. El objetivo es que se pongan en contacto con las respectivas instituciones, con el objetivo de conocer sus historias de vida y reivindicar su condición societaria en el marco de una política de memoria, verdad y justicia".

Aliados de Sudestada