Uruguay comparece este miércoles 23 ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Será la tercera vez que el país sea examinado en este foro del sistema universal, luego de la primera en 2009 y la segunda en 2014.

El 32° período de reuniones del EPU comenzó este martes 21 y terminarán el próximo viernes 1 de febrero y durante ese lapso se analizará la situación de Uruguay y otros 13 estados (Nueva Zelanda, Afganistán, Chile, Vietnam, Yemen, Vanuatu, Macedonia, Comoros, Eslovaquia, Eritrea, Chipre, República Dominicana y Camboya).

La reunión en la que se expondrá la situación uruguaya comenzará a las 9 de la mañana de Ginebra (5 de la madrugada de Uruguay) y terminará pasado el mediodía local. Los tres países que ofician como relatores son Bahrein, México y Sudáfrica. El reporte oficial de la revisión se dará a conocer el viernes 25 a partir de las 17 horas de Ginebra (13 horas de Uruguay).

La delegación oficial de Uruguay está encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino y está integrada además por representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial; autoridades de los ministerio de Desarrollo Social, del Interior, de Educación y Cultura, y de Salud Pública; la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescent (INISA); la Presidencia de la República; la Intendencia de Montevideo y el Comisionado Parlamentario del Sistema Carcelario.

Los documentos en los que se basa el EPU son un informe nacional con información proporcionada por el Estado examinado; una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas; y un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes.

Dicho informe incluye los aportes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) así como las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo único que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU. Desde su primera reunión celebrada en abril del 2008, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas fueron revisados dos veces en el primero y segundo ciclo.

Durante el tercer ciclo del EPU, se espera que los Estados especifiquen las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer un seguimiento, así como a poner de relieve la reciente evolución de los derechos humanos en el país.

Las leyes no alcanzan

La vigencia de la impunidad sigue siendo un motivo de cuestionamiento para Uruguay en la ONU. 

El informe que presenta Uruguay realiza un repaso de las medidas tomadas por el país a partir de las recomendaciones realizadas en el segundo ciclo del EPU, realizado en el 2014.

Sin embargo, el documento elaborado por el Grupo de Trabajo que se basa en la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como informes de diferentes comités del sistema Universal así como el equipo de la ONU en el país no presenta un panorama tan optimista.

Así, por ejemplo, respecto al “Marco nacional de Derechos Humanos” el documento reseña que en el período analizado “la brecha en la implementación del marco legislativo de derechos humanos había sido significativa y que las leyes per se no garantizaban el disfrute de los derechos”

Si bien se destaca que la INDDHH aumentó “sus capacidades en términos presupuestarios y de acción, era independiente y contaba con la categoría” suficiente, en cambio varios órganos surgidos de tratados suscritos por el país habían instado al Uruguay a que dotara a la INDDHH de “recursos humanos y financieros suficientes”.

El informe también recuerda que en 2018, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes alentó al Uruguay a que fortaleciera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (que funciona dentro de la INDDHH), para que este pudiera cumplir adecuadamente y con independencia sus funciones de prevención y monitoreo, y a que ampliara su cobertura y visibilidad en todo el país.

Por su parte, continúa el documento del Grupo de Trabajo, el Comité de Derechos Humanos “lamentó que el Uruguay no hubiera enmendado aún las disposiciones constitucionales relativas al régimen aplicable a los estados de emergencia, y lo instó a que garantizara la observancia de lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

El texto también menciona la falta de avances en el país en materia de Igualdad y no discriminación, especialmente para la población afrodescendiente y las minorías sexuales.

En materia de Desarrollo y Medio Ambiente, el informe subraya que “el modelo de desarrollo económico seguía basándose en el uso intensivo de los recursos naturales, que conllevaba impactos negativos, incluyendo la concentración en la tenencia de la tierra, la migración de la población rural, el deterioro de la calidad ambiental, la pérdida de ecosistemas y paisajes naturales y la contaminación del agua por el uso de grandes cantidades de agroquímicos”.

En materia de Derechos Civiles y Políticos, el documento de Grupo de Trabajo del EPU consignó la preocupación por el asesinato de mujeres transgénero en el país y el bajo número de enjuiciamientos y condenas en esos casos. Además mencionó la existencia de recomendaciones al país para que “pusiera fin a esos asesinatos selectivos, protegiera a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica y del trato cruel, inhumano y degradante e investigara el asesinato de las personas transgénero”.

Por otro lado, también se señala en el documento la grave preocupación del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura por los casos de “malos tratos y tortura infligidos en las comisarías de policía a adolescentes y niños de la calle, de uso excesivo de la fuerza e imposición de castigos colectivos en los centros de reclusión, y de represalias contra víctimas, familiares de las víctimas y funcionarios que habían denunciado maltratos”.

Los dos órganos instaron al Uruguay a que estableciera un sistema independiente de denuncia accesible a todos los niños privados de libertad, investigara todos los casos denunciados y enjuiciara a los autores de los crímenes. También se señaló la situación de violación de Derechos Humanos de los adultos privados de libertad.

Respecto al pasado reciente y a la lucha contra la impunidad respecto a los delitos de lesa humanidad, el informe cuestiona la decisión de la Suprema Corte de Justicia de volver a declarar esos crímenes como prescriptos. “Los Comités (de la ONU) consideraron que la negativa de la Suprema Corte de Justicia a admitir la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad era contraria al derecho internacional de los derechos humanos. El Comité contra la Tortura instó al Uruguay a que asegurara que los crímenes de lesa humanidad, incluidos los actos de tortura y las desapariciones forzadas, no estuvieran sujetos a normas sobre prescripción, amnistía ni inmunidades”, expresa el documento.

El texto también cuestiona al país por no garantizar el derecho al voto a los uruguayos residentes en el exterior, por la existencia de brechas salariales que perjudican a las mujeres, por el acceso limitado a información y servicios de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales (incluyendo el gran número de médicos objetores de conciencia), y también se cuestionó la falta de avances para reducir las altas tasas de embarazo adolescente.