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01/04/2019

Purga en el Ejército incluye a seis generales

Presidencia informó esta tarde que la destitución abarca a todos los militares que actuaron en los casos de Gavazzo, Silveira y Maurente.

Tabaré Vázquez, Jorge Menéndez y Guido Manini Ríos, antes que se iniciara la crisis militar.

El presidente Tabaré Vázquez dispuso este luns la desitución del comandante en Jefe del Ejército José Ariel González, del jefe del Estado Mayor de la Defensa Alfredo Erramún y anunció el envío de la venia al Senado para el pase a retiro anticipado de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, “al amparo de lo dispuesto por el artículo 192 literal G) del Decreto Ley 14.157 - Orgánico de las Fuerzas Armadas, en la redacción dada por la Ley 19.189”.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno explicó que estos oficiales “integraron el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 del Ejército Nacional que juzgaron sucesivamente las conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata.

El pronunciamiento de la Presidencia no aclara la situación del exministro de Defensa Jorge Menéndez y del viceministro Daniel Montiel, quienes según trascendió este lunes también abandonarán sus cargos.

Omisión deliberada


José Gavazzo y Jorge Silveira, delincuentes de lesa humanidad.

Según el comunicado de la Presidencia, el expediente administrativo relativo a los fallos del Tribunal de Honor sobre los tres represores fue puesto a consideración de la Presidencia de la República. Los fallos respectivos se hicieron públicos el 12 de marzo, día en el que se anunció la destitución de Guido Manini Ríos en la comandancia del Ejército y el nombramiento de su sucesor José Ariel González.

Tanto en el tribunal relativo a Gavazzo y Silveira como en el de Maurente, la Presidencia resaltó que hubo “la discrepancia con los fallos del Tribunal Especial de Honor, habida cuenta que los mismos, entre otras cuestiones, planteaban la lógica de cuestionar al Poder Judicial, intentando socavar su prestigio, contrariamente a lo que es valor entendido en un Estado de Derecho, donde todos deben respetar los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social”.

De inmediato, el gobierno alude a la publicación de la comparecencia de Gavazzo ante el Tribunal de Honor, en la que reconoce haber sido responsable del asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro en la unidad militar de Paso de los Toros en 1973.

Como consecuencia de esa publicación en el diario El Observador “se solicitó con carácter urgente al Ministerio de Defensa Nacional los antecedentes de las actuaciones de dicho Tribunal Especial de Honor”, señaló el Poder Ejecutivo.

“El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”, acto que no se había producido al momento del pedido presidencial.

Según el comunicado, el presidente Vázquez “ordenó la inmediata remisión a la Fiscalía General de la Nación, de los testimonios vertidos por José Nino Gavazzo Pereira, Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata en el curso de la investigación llevada adelante por el Tribunal Especial de Honor”.

El pronunciamiento del Poder Ejecutivo explica, asimismo, que “de las declaraciones vertidas por indagados en el fuero mencionado, existen hechos confesados, entre ellos por José Nino Gavazzo Pereira, que constituyen delitos, advirtiéndose sin embargo, que el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985”.

Dicha norma establece que “cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

La Presidencia resalta además que “la grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente; y aún omite denunciar dicho hecho al Ministro de Defensa Nacional cuando el 13 de febrero de 2019 elevó las conclusiones, con las consideraciones que derivaron en su cese”.

Díaz: nunca se denunció



El Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, explicó por qué decidió remitir la publicación periodística sobre la comparecencia de Gavazzo a la fiscalía de Flagrancia y al fiscal especializado de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.

Díaz dijo que el sábado se encontra con “la situación” de que se habían puesto en conocimiento del Tribunal de Honor del Ejército la comisión de “hechos delictivos” sin que se cumpliera lo que disponen los reglamentos en cuanto a la obligación de informar a los superiores y detener sus actuaciones cuando eso sucede.

El titular de la Fiscalía dijo ignorar si se produjo la información a los superiores por parte del Tribunal pero sí confirmó que nunca hubo una denuncia judicial de los hechos. “Puede haber, eventualmente, un hecho delictivo en la omisión de un funcionario público de denunciar”, subrayó.

Díaz aclaró que los fiscales actuante deberá determinar dos delitos diferentes. Por un lado, en el caso de Perciballe “la admisión del homicidio y las circunstancias de la pretensión de desaparición del cuerpo” por parte de Gavazzo. Por otra parte, “la eventual omisión en denunciar ese delito por parte de aquellos funcionarios que tuvieron conocimiento”, en referencia a los miembros del Tribunal de Honor, que ahora fueron destituidos por el gobierno.

Todavía resta establecer si en esa omisión también incurrieron el exministro de Defensa Jorge Menéndez y el viceministro Daniel Montiel, ya que el presidente Tabaré Vázquez aseguró que no estaba en conocimiento del contenido de las actas del Tribunal, a pesar de haber firmado la resolución sobre los fallos.

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