“Queremos que este proyecto sea retirado del Parlamento y que se inicie un verdadero debate nacional sobre el rumbo que deben tener los juegos de azar que deben estar en manos del Estado para volcar en obras lo que se recauda por todos los juegos de azar”, explicó a Sudestada Leonel Revelese, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) que nuclea varios sindicatos del sector.

Los trabajadores denunciaron que -de aprobarse este proyecto del Poder Ejecutivo- los juegos de azar quedarán en manos de un “superpoder” que podrá transferir este millonario negocio desde el Estado hacia manos privadas “en forma absolutamente discrecional”, lo cual afectará a unos 1.300 funcionarios estatales.

Además, uno de los artículos del proyecto de ley establece que los juegos de azar on line estarán incluidos dentro de la nueva regulación que pretende crear el gobierno. Esto, según los sindicatos, le abrirá las puertas a los “peces gordos” como Bwin y el grupo Enjoy que actualmente explota el casino del hotel Conrad, entre otros capitales internacionales que manejan el juego por Internet.

Por ese motivo, la Fenaju convocó para este miércoles 11, a un paro nacional del juego al entender que el proyecto es “inconsulto y autoritario”, en tanto busca “privatizar todos los juegos de azar”. Es por ello que mañana miércoles no habrá apuestas de quinielas, tómbola, raspaditas, 5 de Oro y más de 25 casinos –que dependen de la Dirección General de Casinos del Estado (DGC) – no abrirán sus puertas, explicó a Sudestada el dirigente Ángelo Olivera.

La Fenaju está integrada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce), Asociación de Funcionarios de Dirección de Loterías y Quinielas (AFAL), Asociación de Empleados Profesionales (ADEP) y Asociación de Funcionarios Administrativos de Casinos Municipales (Afacm), Sindicato de Trabajadores de Hípica Rioplatense del Uruguay (Sidethru), Sindicato de Trabajadores de Gadamix, la sala de esparcimiento de Florida (Sintramix), entre otros.

El proyecto fue enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 20 de marzo y pretende ser un primer paso dirigido a “una reorganización institucional distinguiendo claramente las funciones de regulación, control y fiscalización de la explotación directa del juego por parte del Estado”, según la exposición de motivos. En ese proyecto de 36 artículos, el MEF propone crear una “Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, sucesora de la actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas” y un nuevo servicio descentralizado que suplantará a la actual Dirección General de Casinos.

El texto ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero sin llegar a ser tratado fue enviado a Diputados, y ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Esta “reguladora” podrá otorgar autorizaciones, permisos y licencias para explotar los juegos de azar en todas sus modalidades, incluido el juego on line. Esto despertó gran preocupación entre los operadores de casinos y de juegos tradicionales –como la Quiniela, la Tómbola y el 5 de Oro,– al considerar que perjudicará a sus negocios.

Los empresarios del juego agrupados en la Cámara de Juegos Oficiales de Azar (CAJOA) no quieren que se otorguen licencias a operadores on line al representar una fuerte competencia, ya que el apostador podrá jugar desde su casa o a través de un celular.

Olivera explicó que el proyecto de ley está “plagado de errores” y hará que Uruguay se convierta en una plaza de juegos “sin garantías para los usuarios”. Además, según el sindicalista, este organismo “regulador” generará “un caos legalizado y básicamente, desaparecerá la responsable y esencial tutela social que ha venido ejerciendo el Estado sobre la población, especialmente sobre nuestros jóvenes”.

Las apuestas on line

El artículo 5 del proyecto de ley establece que los juegos de azar a través de internet y otros soportes tecnológicos también estarán incluidos dentro de la nueva regulación que pretende crear el gobierno. El texto señala que se incluyen “loterías y quinielas en sus modalidades y juegos derivados, así como juegos deportivos interactivos a través de internet”. También la regulación alcanza a los juegos de azar operados a través “de tecnologías electrónicas o informáticas, por internet, televisión interactiva, telefonía o, en general, ejecutados a distancia o por medios telemáticos de cualquier tipo o modalidad existente o a crearse a futuro”.

“En los últimos años, tanto en los Estados Unidos de América como en los países de la Unión Europea y también de América Latina, se ha comenzado a debatir con intensidad y celeridad el fenómeno de las apuestas on line, lo cual plantea en todos sus aspectos un desafío a las normas legales vigentes”, señala la exposición de motivos del proyecto.

El primero en apurar el pasos para el juego on line fue el grupo chileno Enjoy que tiene el 45 por ciento de las acciones del hotel Conrad. El gerente general del Conrad, Juan Eduardo García, explicó que todos los juegos que se pueden encontrar en el casino del hotel estarán disponibles para jugar online de forma gratuita y los clientes podrán acceder desde sus casas. De esta manera se produce una especie de ensayo donde no se apuesta ni se gana plata. “Tenemos que esperar el tema de la regulación. Una vez que tengamos los permisos, lo vamos a llevar a una modalidad real donde se pueda apostar dinero”, dijo García sobre este proyecto de ley a El Observador.

Sin embargo, la idea es que a futuro la plataforma esté disponible para funcionar desde Uruguay y en otros países donde exista regulación en la materia. Así, el Conrad pretende estar a la vanguardia de esta tendencia mundial. Para eso, a fines de 2013 Enjoy firmó un acuerdo con Bally Technologies, una compañía líder en juego por internet.

Gonzalo Fernández y el “cheque en blanco”

El ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, criticó el proyecto de regulación del juego: “cuando la propia ley ofrece flancos o brechas, a través de las cuales el administrador puede modificar el ámbito o alcance de la conducta prohibida, irrecusablemente se trata de una norma penal en blanco, que no concilia con el modelo penal del Estado de Derecho y que significa un supuesto de ley defectuosa y abierta, también unánimemente cuestionada por la doctrina penal”, señaló el jurista según El País.

El penalista asesoró al grupo “Padres contra las malas costumbres” que está en contra del proyecto de ley que propone el MEF. La organización entiende que la iniciativa busca legalizar las máquinas tragamonedas en bares y almacenes. “El delito de juego clandestino debe establecer a texto expreso qué modalidades de juegos de azar están prohibidas y conminadas bajo pena. No parece aceptable que ello dependa de la decisión de un regulador administrativo, quien podrá así, merced a las prohibiciones o permisos que conceda, restringir o extender por sí solo la materia y la conducta punible. Ello constituye, por así decirlo, un pecado insalvable de la ley que así lo disponga”, señala Fernández.

Lo que pretende el proyecto de regulación

El primer artículo del proyecto de ley de regulación del juego ratifica que el Estado ejerce el monopolio de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifas y similares en los que intervenga público o se encuentra por su propia naturaleza dirigido o abierto al público apostador. Sin embargo, para la Fenaju todo el juego ya está regulado, por lo que no hay razón para crear un organismo nuevo. En realidad, en Uruguay el juego está prohibido salvo por las excepciones que realiza el Estado.

El segundo artículo señala que “en ejecución del monopolio establecido en el artículo precedente, los órganos estatales competentes dictarán los actos jurídicos que en cada caso correspondan a los efectos de prohibir en todo o en parte una determinada modalidad de juego y en su caso sancionar a los infractores, adoptar las medidas cautelares correspondientes e incautar o confiscar los bienes y herramientas utilizados en el juego clandestino y su producido”.

El segundo ordinal del este artículo establece que el Estado podrá explotar directamente una determinada modalidad de juego. Y el tercer punto del artículo 2º es el que más preocupa a los trabajadores ya que “el Estado podrá otorgar las autorizaciones, permisos, licencias o las concesiones necesarias a los efectos que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, exploten o coadyuven a la explotación y administración de una determinada modalidad de juego, sujetas al contralor estatal correspondiente”. Según la Fenaju todo el proyecto de ley “es un gran globo para justificar el ordinal 3 del artículo 2 que brinda la posibilidad de otorgar nuevas patentes de juego a manos de privados”.

El artículo 10 señala que la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar será la sucesora de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y tendrá como cometido fundamental ejercer en nombre del Estado el monopolio de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifas y similares en los que intervenga público o se encuentre por su propia naturaleza dirigido o abierto al público apostador. Y en el artículo 14 se crea la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado como servicio descentralizado, de acuerdo a lo establecido en la sección XI de la Constitución de la República, en sustitución de la Dirección General de Casinos.

Para la Fenaju esto afectará a más de 1.300 funcionarios: a los 1.200 de la Dirección General de Casinos y los más 130 de la Dirección de Loterías.