Se realizaron los mismos dos pedidos en 13 países de América Latina y Uruguay obtuvo el puntaje más bajo. La ley de acceso cumplió 10 años esta semana
Uruguay se ubicó en el último lugar entre trece países de América Latina en
un estudio realizado por organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con Unesco, para medir el grado de cumplimiento de las leyes de Acceso a la Información Pública.
Los países participantes fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, y el trabajo fue coordinado por la organización argentina Chequeado, y en Uruguay participó UyCheck.
El estudio se basó en el envío de dos pedidos de acceso a la información iguales en todos los países: se pidió el recibo de sueldo del presidente y los datos de homicidios de 2017, con una desagregación de los femicidios.
En base a las respuestas en los 13 países se elaboró otorgaron puntajes y se elaboró una lista de cumplimiento que tuvo a México en el primer lugar con 60 puntos (el máximo posible) y a Uruguay en el último (17).
En cuanto al recibo de sueldo presidencial hubo sólo cuatro países que respondieron al pedido tal como fue realizado: Paraguay, El Salvador, México y República Dominicana. En los casos de Argentina, Colombia, Guatemala y Uruguay los gobiernos no enviaron el recibo pero produjeron un documento con la información solicitada, algo que las leyes respectivas no obligan a realizar.
Respecto a los plazos de respuesta, Colombia y Chile lo hicieron en 4 días, Paraguay en 7, Guatemala en 13 días mientras que Perú y Uruguay respondieron en 18 días al pedido. El país que más demoró en responder fue Argentina (46 días), mientras que Honduras remitió en su contestación a un enlace en un sitio de transparencia gubernamental que no funcionaba.
En base a la información recogida en los pedidos se elaboró, además, una clasificación salarial de los presidentes de los 13 países en comparación con los salarios mínimos pagados en cada uno de ellos.
El presidente que gana más es el de México, quien percibe un salario mensual equivalente a 81 salarios mínimos mexicanos. En segundo lugar se ubica Guatemala, que le paga a su presidente el equivalente a 54 salarios mínimos. El tercero es Uruguay, donde el mandatario percibe 49 salarios mínimos por mes.
Los presidentes que ganan menos son los de Ecuador (15 salarios mínimos), Perú (16) y Paraguay (19).
Homicidios: el silencio de Uruguay
El otro pedido de acceso refería a los datos de homicidios ocurridos en los 13 países en el transcurso de 2017, con una discriminación de los femicidios.
Uruguay fue el único país de la región que nunca respondió el pedido de acceso a la información sobre el número de homicidios ocurridos en el 2017. Perú tampoco aportó los datos aunque sí respondió el pedido: sostuvo que no tenía todavía la información disponible en el último año.
Los datos que proporcionaron los otros países varió mucho en cuanto a su detalle, formato y tiempo de respuesta. Sólo Argentina, México y Paraguay respondieron lo que se requería en la solicitud de información en cuanto a la tasa de homicidios.
Respecto a los femicidios el resultado fue peor. Entre los países que respondieron, Paraguay, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras no discriminaron la información.
Argentina no dio datos desagregados respecto a femicidios mientras que Brasil respondió que esa información está en poder de los estados y no del gobierno federal.
Diez años de la ley
El martes 16 se realizó una actividad de evaluación de los 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública. Foto: CAinfo.
La Ley de Acceso a la Información Pública cumplió esta semana diez años de aprobada, lo cual fue recordado mediante un evento organizado por las dos unidades creadas en esa norma para monitorear su cumplimiento: la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
Durante la
jornada realizada el martes 16 de octubre, el presidente del Consejo Directivo de CAinfo, Daniel Lema, consideró que la aprobación de la Ley N° 18.381 significó hace diez años un avance fundamental para “pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia”.
Sin embargo, Lema se mostró partidario de trabajar a fin de “robustecer el derecho de acceso a la información pública”, dejando de lado prácticas institucionales como el abuso de las excepciones previstas en la ley mediante clasificaciones genéricas para negarse a responder a los pedidos. Lema afirmó que este tipo de prácticas “desincentivan a la ciudadanía a seguir buscando información y a hacer uso de la herramienta de acceso”.
Por su parte el presidente de la UAIP, Gabriel Delpiazzo consideró que “todavía hay obstáculos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, entre los cuales mencionó la clasificación de información de manera genérica, la falta de respuesta o la resistencia a contestar pedidos realizados por vía electrónica.