María Natalia Rodríguez / @licmnrodriguez / Sudestada

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) constató que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) presentó “deficiencias en términos de imparcialidad, transparencia y equidad” en el procedimiento de auditorías a las radios comunitarias.

Según la resolución, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) “estuvo involucrada en el proceso de toma de decisiones del Regulador”, lo que “plantea dudas sobre la transparencia y equidad en el tratamiento de los regulados así como en la imparcialidad del procedimiento”.

El vocero de la sede uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Cárlos Dárdano, expresó que la Ursec “debería tomar nota y dar respuesta a cada una de las recomendaciones que le hace la INDDHH”.

En diálogo con Sudestada, Dárdano aseguró que Andebu “exige controles para el sector comunitario, que es el más débil de la comunicación, pero tiene asociados que son groseramente incumplidores”. Además, dijo que los medios comerciales “no entregan balances ni tienen controles económicos”. “Hay una discriminación muy grande en el accionar de la Ursec al controlar un sector que es el que tiene más limitantes para tener todo ordenado”, señaló.

Daniel Lema, integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), dijo que desde la organización consideran que las acciones de la Ursec “discriminan al sector comunitario en beneficio del sector comercial” y que la resolución de la INDDHH es un pronunciamiento “contundente sobre un tema vinculado a la libertad de expresión y a la necesaria pluralidad de voces”.

El director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, valoró la resolución de la INDDHH de forma positiva y expresó que para él recoge “con buen criterio” la preocupación que había desde el sector comunitario al señalar que el organismo regulador “debe ser equilibrado en la aplicación de los controles que realiza tanto a los medios de radiodifusión comunitaria como a medios de comunicación audiovisual y que debe brindar los instrumentos para que estas auditorías se realicen de la mejor manera”.

“Creo que además eso contribuye a que el servicio de radiodifusión comunitaria pueda desarrollarse libremente y que tengamos en nuestro país una mayor diversidad de voces en el espectro radioeléctrico”, expresó el jerarca.

Siris explicó que el informe de la Institución de Derechos Humanos fue recibido por la Ursec el día anterior a la reunión del último Directorio. “Se planteó por mi parte que este informe fuera remitido al servicio de la Gerencia de Regulación Jurídica y Económica y al Departamento de Contralor, a efectos de que los compañeros consideren esta información, así como al grupo de trabajo que estuvo vinculado a la realización del protocolo del procedimiento de auditorías de radiodifusión comunitaria, y a efectos de implementar estas recomendaciones”, contó. Sin embargo, “hasta ahora no hubo una opinión del Directorio”, agregó.


La presión de Andebu


Rafael Inchausti, presidente de Andebu. Foto: Captura Andebu.

En febrero de 2023, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) trató el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Radiodifusión Comunitaria y el artículo 14 del decreto reglamentario, ambos referidos a la sustentabilidad económica.

Según el acta de ese día a la que accedió Sudestada, Andebu solicitó que se realicen “pronto” las auditorías a las radios comunitarias con el objetivo “de controlar que no lucren”.

Este punto se aprobó por mayoría, con el matiz de que las radios comunitarias puedan tener el tiempo necesario para ordenar la información requerida para realizar la Declaración Jurada. Sin embargo, Andebu y la Asociación de Radios del Interior (RAMI) votaron en contra por entender que esta modificación es contradictoria con el espíritu de la ley. Además, plantearon que la auditoría debería ser retroactiva, para constatar que estos medios de comunicación vienen cumpliendo con la normativa vigente. El Ministerio de Industria se abstuvo de votar.

Siris explicó que desde Andebu argumentan que el servicio de radiodifusión comunitaria compite con el servicio de radiodifusión comercial. “Yo entiendo que eso es un error de apreciación, que no es así y que la prueba está en las propias auditorías que se están presentando”.

“Son servicios completamente distintos”, señaló. Para el director de la Ursec, la intención de algunos operadores de radiodifusión comercial que plantean que se sancione o elimine alguna emisora comunitaria, “que ellos entienden que estarían compitiendo de manera desleal con su servicio”, se basa más “en una suerte de postura política” que en una “intención de proteger la libertad de expresión”.

“Creo que hay más un interés vinculado a lo comercial, incluso, que a proteger este derecho que debería ser tan importante para todos y particularmente para el organismo regulador de la materia”, agregó.

Por su parte Dárdano, vocero de AMARC Uruguay, aseguró que, desde el punto de vista económico, las radios comunitarias “no mueven la aguja”. Consideró que la presión de Andebu sobre la Ursec responde a que los medios comunitarios “ponen encima de la mesa temas que son invisibilizados por los medios comerciales”. Además, destacó que las radios comunitarias son medios de propiedad colectiva y que “eso hace que no haya una persona que diga qué va y qué no va”.


Las auditorías


Pablo Siris, Merecedes Aramendía y Gustavo Delgado, directores de la Ursec. 

La normativa vigente establece que las radios comunitarias deben realizar una auditoría anual para demostrar que los recursos que obtienen son volcados en su funcionamiento y la mejora de sus servicios. “Las emisoras deberán llevar un sistema de registro de los movimientos de fondos, que permita demostrar el destino de los mismos, debiendo presentar anualmente dicha información a la Administración, la que tendrá carácter de declaración jurada”, dice el decreto 417/010.

A instancias de lo solicitado por Andebu, la Ursec activó el mecanismo de contralor y en febrero de este año dio un plazo de dos meses para que las radios comunitarias presenten sus balances, trámite que, a solicitud de representantes del sector, el Directorio de URSEC resolvió prorrogar hasta fines de mayo.

En ese entonces, AMARC Uruguay denunció que “el gobierno hace explícito que las auditorías a las radios comunitarias las realiza a pedido de Andebu, gremial que nuclea a los medios comerciales de mayor poder económico y también con mayor concentración de medios de comunicación en pocas manos”. Esto es recogido en la resolución de la INDDHH: “Andebu estuvo involucrada en el proceso de toma de decisiones del Regulador y tuvo conocimiento del Proyecto de Resolución que implementaría las auditorías a las radios comunitarias más de medio año antes que estas”.

“Lo expuesto plantea dudas sobre la transparencia y equidad en el tratamiento de los regulados así como en la imparcialidad del procedimiento”, agrega el documento.

Lema apuntó que para Cainfo es importante que la Ursec también aclare esta situación denunciada por AMARC.

Solo 24 radios presentaron la Declaración Jurada, lo que equivale a un 14% de las emisoras del sector comunitario. De esa cifra, 14 fueron archivadas sin observaciones o con las observaciones que tenían en su momento, hay dos que presentan alguna dificultad y ocho que aún no se han podido estudiar. Desde la Ursec todavía no se ha analizado qué hacer con las emisoras que no hayan presentado auditorías.

De acuerdo a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Sudestada, las radios comunitarias que funcionan bajo la órbita de la Ursec son 170, sin contar las que antes estaban bajo la administración del Ministerio de Educación y Cultura: 4 de Artigas, 35 de Canelones, 3 de Cerro Largo, 3 de Colonia, 3 de Durazno, 2 de Flores, 5 de Florida, 4 de Lavalleja, 3 de Maldonado, 107 de Montevideo, 2 de Paysandú, 2 de Río Negro, 3 de Rivera, 4 de Salto, 3 de San José, 1 de Soriano, 4 de Tacuarembó y 3 de Treinta y Tres. Todas las frecuencias fueron renovadas hasta el año 2030.

En caso de que una radio comunitaria no realice la auditoría, el organismo regulador establece que se “estará cometiendo una falta que será sancionada”.


Discriminación del gobierno hacia el sector

Desde AMARC Uruguay han denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno discrimina a las radios comunitarias. “Desde el inicio de este período hemos tenido distintos incidentes”, aseguró Dárdano. El vocero de la asociación que nuclea a las radios comunitarias recordó cuando el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo a El Telégrafo que las radios comunitarias “que no cumplen la finalidad y compiten en forma ilegal, sin lugar a dudas, van a cerrar”.

“La discriminación más grande que hay es que el gobierno no ha asumido el rol de fortalecer a los medios comunitarios”, señaló Dárdano. “De hecho, ha sacado políticas de apoyo al sector comercial y no ha sacado absolutamente ninguna para promover al sector comunitario”, agregó.

Dárdano también contó que cuando se decidieron los criterios de publicidad oficial el sector comunitario fue marginado. En esa línea, Siris explicó que el decreto que establece porcentajes de distribución de la publicidad oficial en el interior destina para las emisoras comunitarias un 0,1% del 20% de la publicidad oficial, cifra que se debe distribuir entre las radios comunitarias del interior del país. “Si eso no es discriminatorio, ¿qué es?”, expresó.


Sin comisión asesora

Una de las recomendaciones de la Institución de Derechos Humanos es que la Ursec le permita a AMARC formular recomendaciones para la elaboración de tutoriales “que luego sean remitidos a la CHASCA para su validación”.

La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) era una comisión interinstitucional creada en el marco de la derogada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para asesorar en esa materia. Sin embargo, la nueva Ley de Medios promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado miércoles 16 de octubre la elimina, al derogar la Ley N°19.307 en su totalidad.

La Chasca estaba integrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Educación y Cultura; instituciones educativas; representantes de agremiaciones de servicios de comunicación audiovisual, comunitaria y comercial; agremiaciones del sector; productoras de contenidos audiovisuales; el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Consultado sobre cómo la Ursec implementaría esa recomendación sin la Chasca, Siris dijo a Sudestada que en el Directorio no hay definición adoptada al respecto. “Yo entiendo que lo que corresponde en este caso es al menos enviarlo a las asociaciones que nuclean la radiodifusión comunitaria para que estén en conocimiento previo y puedan incluso asesorar a sus asociados, que es otra de las recomendaciones que hacía la Institución Nacional de Derechos Humanos”.