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17/05/2019

Gorilas en caldo de cultivo

El poder político juega en un campo de mero cotorreo electoral descuidando la impronta que un Estado debe asumir ante quienes desprecian a la justicia civil 


Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

La oposición en bloque votó contra el pase a retiro obligatorio de los generales Carlos Sequeira, Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, integrantes de los tribunales de honor que respaldaron al militar retirado José Gavazzo al negar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este represor mancillaron el honor del Ejército.

Todos los senadores que se opusieron a las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo buscaron llevar la discusión hacia el campo que supuestamente más le conviene a sus partidos en tiempos de campaña, es decir golpear al gobierno por su actuación en el caso. Y en eso se agotó el discurso…

Sin olvidar las negligencias de la Presidencia de la República en este asunto, el Parlamento bien pudo sancionar las conductas de máximos grados del Ejército que siguen negando –no solo en palabra, sino en actos institucionales concretos– la barbarie cometida por militares que actuaron en la época del terrorismo de Estado.

Está claro que el gobierno durmió un expediente en el que se imponía una expedita denuncia penal contra Gavazzo, porque acababa de confesar ante un tribunal de honor que era autor de un delito de desaparición forzada, que luego se transformó en homicidio muy especialmente agravado.

Pero ahora los partidos de la oposición, para no quedar alineados con el Frente Amplio en su postura de cesar a estos militares que hacen gala de la clásica filosofía “gorila” –la que el poder político ni siquiera supo horadar a más de tres décadas de finalizada la dictadura–, optaron por eludir el verdadero tema de fondo: cómo debe actuar un Estado democrático a la hora de juzgar la conducta de un homicida, torturador, secuestrador de niños y autor de desapariciones forzadas.

El Tribunal de honor sostuvo que los “hechos” por los que fueron condenados los militares –sobre los que pesa sentencia firme por 28 casos de homicidio muy especialmente agravado– “no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción (de) que los oficiales faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios”.

El órgano militar entendió que una de las razones para no sancionar, por los homicidios, a los sentenciados en la justicia penal es la “imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos”.

A esta conclusión llegan los generales del Tribunal luego de que Gavazzo admitiera en sus narices que en 1973 cargó el cuerpo de Roberto Gomenso, lo ató con alambre, y lo hizo desaparecer en el Lago de Rincón del Bonete.

Un Estado que se pretenda al menos respetuoso de los derechos humanos no puede ignorar que la conducta de Gavazzo, pero también la decisión adoptada por este tribunal militar, no solo son una afrenta para el Ejército sino para la democracia. Y es el poder político en bloque el que debe posicionarse en defensa del Estado de Derecho y ponerle freno a esta ideología militar pseudonostálgica que sigue viva e impera en las Fuerzas Armadas.

Pero con las cartas vistas puede entenderse que, una vez más, ciertos políticos en campaña han preferido darle un golpecito al gobierno en vez de cortar en seco a quiénes con sus decisiones institucionales abofetean al trípode natural sobre el que se sustenta la vida democrática: atacan al Poder Judicial, desafían al Poder Ejecutivo, y se descasan en el laissez faire, laissez passer del Parlamento.

El adoctrinamiento militar



Decir que el Poder Ejecutivo homologó la resolución del Tribunal de Honor, como máxima razón para mirar hacia el costado ante estos generales protectores de criminales, es una afirmación engañosa, rayana en la mentira.

El gobierno rechazó la posición del órgano militar que salvaguardó a Gavazzo y otros violadores de los derechos humanos por sus actos en el terrorismo de Estado. Lo que homologó fue la decisión sancionatoria que, por otras razones, recayó sobre los sometidos a investigación interna.

El Tribunal de Honor decidió sancionar a Gavazzo y Silveira porque, como oficiales del Grupo de Artillería Nº 1, dependencia militar involucrada en la detención en 1973 de Gomensoro, “no le comunicaron a la justicia penal ordinaria” que el coronel Juan Carlos Gómez (recluido tres años y medio en esta causa), era “inocente” de ese asesinato.

Si faltar a la verdad o hacerse el distraído ante una injusticia merece sanción, cómo se puede soslayar el hecho de incurrir en asesinato, tortura, desaparición de personas…

Más que indolencia lo del Tribunal es una arbitrariedad cómplice que el Poder Ejecutivo –tarde y quizás como manotón de
ahogado– pretendió condenar, pidiendo al Parlamento las venias que determinaran el retiro obligatorio de los generales miembro del órgano militar.

Pero la oposición votó en contra dejando el tufillo de campaña electoral rastrera, y apañando así a unos generales que por razones de edad no tuvieron actuación en la dictadura, pero que fueron adoctrinados en su formación militar hasta profesar sin remordimiento alguno la negación de responsabilidad institucional –y de sus camaradas retirados– en el terrorismo de Estado.

Blancos y colorados en el caso Recarey



Desde hace algunas semanas se pone como ejemplo la actitud del ex presidente Jorge Batlle, cuando se negó a homologar un fallo del tribunal de honor militar que contaba con la aquiescencia del entonces jefe del Ejército, Santiago Pomoli, y que en lo medular sostenía que Gavazzo no ofendía el honor del Ejército al haber integrado una banda de delincuentes que pretendió falsificar dinero.

Colorados y blancos enaltecen tan acertada decisión de Batlle, pero olvidan que en el año 2003 aquel nacionalista comandante en jefe del Ejército protagonizó una verdadera afrenta a la democracia, comparable a la ensayada por el general Hugo Medina cuando siendo ministro de Defensa en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), declaró que había encerrado en una caja fuerte las citaciones enviadas por la justicia penal que pretendía juzgar a los militares denunciados por crímenes durante la dictadura.

El general Pomoli no se valió de una metáfora para escupir sobre la venda de la justicia, prefirió acuartelar directamente a sus camaradas violadores de los derechos humanos y declarar abiertamente que ninguno concurriría a la sede penal ante las citaciones que había librado el juez suplente Alejandro Recarey, quien pretendía agilizar la investigación por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

Al presidente Batlle, ni a los líderes políticos como Sanguinetti o Luis Alberto Lacalle se les pasó por la cabeza pedirle al Parlamento que votaran una venia para el pase a retiro obligatorio de Pomoli.

Lo que hizo el poder político gobernante fue presionar al Poder Judicial para que apartara a ese juez temerario que osaba citar a militares para investigarlos por el caso de una militante de izquierda desaparecida.

Y así fue como el juez titular, Eduardo Cavalli, debió volver a su despacho de inmediato, aun cuando no se recuperaba de una enfermedad severa, mientras que la corporación judicial de turno sepultaba cualquier expectativa de ascenso a la que aspirara Recarey.

Las citaciones a militares fueron suspendidas y todo se mantuvo en la impunidad hasta el final del mandato de Batlle. La justicia dictó los primeros procesamientos de militares –entre ellos los de Gavazzo y Silveira– en el año 2006, una vez que el gobierno frenteamplista interpretó que el artículo 4 de la ley de Caducidad no amparaba a los mandos de la dictadura.

Ya en el tercer gobierno de izquierda, y luego de aquella lejana arremetida para que comenzara a aplicarse justicia contra los violadores de los derechos humanos, la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado sigue vigente, con un permanente letargo judicial, y un poder político cada vez más ausente.

Los partidos están optando por jugar en el campo del mero cotorreo electoral, descuidando la impronta que un Estado debe asumir ante quienes embisten contra la institucionalidad.

Todos se llenan la boca con frases tan oportunas como cliché cuando toca recordar el daño que causó la dictadura, pero muy pocos se embarcan en promover en los hechos las garantías de no repetición.

El acto político de obviar la responsabilidad de un tribunal de honor militar que pisotea decisiones de la justicia civil, habla por sí mismo. Mantener en funciones –con o sin venia parlamentaria– a los generales que integraron ese tribunal, también.


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