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25/05/2016

El pescado podrido y la política

Grupo Fernández: frenado por la Unión Europea, denunciado por los trabajadores de Fripur, cobijado por bancos estatales y autoridades del gobierno uruguayo
Luego de 39 años de vida la empresa pesquera y de alimentos congelados Fripur cerró sus puertas, a mediados de agosto de 2015, un año después de entrar en concordato. Sus dueños, los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso, dejaron a casi mil trabajadores en la calle y una deuda superior a los 67 millones de dólares, de los cuales 40 millones se los deben al Banco República (BROU), según explicaron las autoridades de la institución en el parlamento.

Además de los préstamos sin pagar, Fripur violó normas sanitarias y fue denunciada en varias ocasiones por las pésimas condiciones laborales que enfrentaban sus trabajadores, en su mayoría mujeres.

Entre noviembre de 2007 y junio de 2008 la empresa intentó exportar productos en mal estado por lo que la Unión Europea (UE) suspendió las compras de pescado uruguayo. Las irregularidades habían sido denunciadas por inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), quienes aconsejaron aplicar una multa de 150 mil dólares.

Tres años después el gobierno multó a Fripur por apenas 2.300 dólares, al comprobarse que la empresa adulteró la fecha de elaboración y de vencimiento de productos de exportación. Luego le rechazaron varios embarques de pescado enviados a Rusia por contaminación microbiológica y en Italia devolvieron calamares de Fripur por estar contaminados con cadmio. El asunto llegó a denunciarse a la Justicia del crimen organizado, que el 27 de julio de 2011 archivó la investigación sin consecuencias, según informó Brecha

Tras el cierre de la empresa varios jerarcas de gobierno como la ministra de Industria, Carolina Cosse, admitieron que el endeudamiento crónico de Fripur lejos de ser una novedad llevaba décadas.

Alberto fue el que pagó a la congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que usó el presidente José Mujica, aunque después el Estado le restituyó el dinero. También donó unos 15 mil dólares para la ceremonia de traspaso de mando y en varias oportunidades le prestó su avión privado tanto a Mujica como al presidente Tabaré Vázquez, durante su primer mandato.