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28/02/2020

Desaparición del matrimonio Julién-Grisonas fue denunciada a la Corte Interamericana de DDHH

La denuncia contra el Estado Argentino fue promovida por el abogado de Anatole y Victoria, los hijos del matrimonio desaparecido tras su cautiverio en Automotores Orletti en 1976. El caso no afecta a Chile ni a Uruguay

El matrimonio Julien-Grisonas pasó el por el CCD conocido como Automotres Orletti y hoy permanece desaparecido. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el pasado 19 de febrero la presentación de la denuncia contra el Estado Argentino por la detención, torturas y desaparición forzada del uruguayo Mario Roger Julién Cáceres y de su esposa argentina Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus dos hijos, Anatole Boris y Victoria Eva.

La familia Julién Grisonas fue víctima de un operativo en el marco del Plan Cóndor el 26 de setiembre de 1976 en su domicilio ubicado en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. En horas de la tarde, un comando militar que tomó el control de toda una manzana mediante el uso de vehículos del Ejército secuestró en su domicilio a Roger y Victoria, junto a sus dos hijos, Anatole de 4 años y Victoria de 16 meses.

Mientras testigos del operativo aseguraron que Julién fue asesinado en el mismo momento de su detención, Grisonas fue brutalmente golpeada y llevada luego junto a sus dos hijos al centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”, donde coincidían represores argentinos del Ejército, la Policía Federal y la triple A, con sus cómplices uruguayos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Allí Grisonas fue sometida a torturas, asesinada y posteriormente desaparecida, mientras que sus dos hijos fueron trasladados de manera clandestina a Montevideo, a la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicado en Bulevar Artigas y Palmar.

De allí, Anatole y Victoria Julién Grisonas fueron nuevamente trasladados de forma clandestina a Chile, en diciembre de 1976, a fin de ser entregados en adopción a una pareja en la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, al fracasar la apropiación, los niños fueron abandonados en una plaza de la ciudad, donde fueron encontrados por Carabineros, que los llevaron a un orfanato.

Allí permanecieron varios meses, hasta que el matrimonio integrado por el médico Jesús Larrabeiti y la educadora Silvia Yáñez (quienes no tenían relación con el aparato represivo) aceptaron adoptarlos por la vía legal.

“Luego de una intensa búsqueda y campaña nacional e internacional llevadas a cabo por las abuelas biológicas, en julio de 1979 la abuela paterna dio con el paradero de Anatole y Victoria. El 2 de agosto de 1979 se firmó un certificado notarial entre la familia biológica y el matrimonio Larrabeiti Yáñez en el cual se consintió la adopción de los hermanos y se acordó que mantendrían vínculos con su familia biológica. Anatole y Victoria fueron así, los primeros niños desaparecidos recuperados, mientras aún regían las dictaduras del Cono Sur”, reseña la denuncia presentada por la CIDH ante la Corte IDH.


La Justicia negada en democracia


Algunos de los represores argentinos condenados en la causa Orletti, en Argentina. Foto: CIJ. 

Para el organismo del sistema interamericano de derechos humanos, el caso de la familia Julién-Grisonas es “emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina en el marco de la Operación Cóndor. El mismo refleja en particular el accionar de la coordinación represiva argentino-uruguaya respecto de personas uruguayas refugiadas en Buenos Aires, así como la práctica de desapariciones forzadas”.

Por otro lado, las dificultades que debieron enfrentar Anatole y Victoria, los hijos del matrimonio, para acceder a la Justicia, mediante la búsqueda de los restos de sus padres en Argentina y el cobro de la reparación que les correspondía por ser víctimas directas del terrorismo de Estado a nivel regional, también fueron tenidas en cuenta por la CIDH para denunciar el caso a la Corte.

En este sentido, la CIDH determinó que “el Estado argentino violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas por no haber aún sancionado a los responsables de la desaparición forzada de Mario Julién y de la tortura y desaparición forzada de los hermanos Anatole y Victoria, ni haber establecido el destino y paradero de Victoria Grisonas y Mario Julién. Asimismo, concluyó que el Estado es responsable por la obstaculización a la búsqueda de justicia generada por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, y por la tipificación tardía de la desaparición forzada”.

En su informe de Admisibilidad y fondo sobre el caso, fechado el 4 de mayo de 2019, la CIDH fundamenta que si bien el Estado Argentino dio trámite a numerosas causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, respecto a la búsqueda de los restos del matrionio Julién-Grisonas “no surge que se hayan utilizado todos los medios necesarios para realizar con prontitud las actuaciones y averiguaciones necesarias para esclarecer la suerte de las víctimas, en los términos de la jurisprudencia interamericana”.

La Comisión “observa con preocupación que, a pesar que han pasado 42 años desde el inicio de los hechos, 33 años desde el regreso a la democracia y 13 años desde que se levantaron los obstáculos legales para la investigación y sanción de estos delitos, aún no se han sancionado a los responsables por las desapariciones forzadas de Mario Julién e hijos, ni se ha determinado el destino y paradero de Victoria Grisonas y Mario Julién”.

El informe también resalta que, respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas contra Anatole y Victoria Julién Grisonas, “a la fecha no ha sido sancionado ningún autor material ni otros autores intelectuales de la privación ilegal de la libertad de los hermanos ocurrida durante el operativo, la tortura a la cual fueron sometidos por haber estado detenidos ilegalmente en un centro clandestino de detención y el posterior traslado ilícito fuera del país y consiguiente desaparición forzada por casi tres años. Por lo tanto, de acuerdo a la información disponible, a la fecha los delitos de lesa humanidad cometidos contra los hermanos Larrabeiti Yáñez permanecen en la impunidad”.

Mario Roger Julién, de nacionalidad uruguaya, y Victoria Lucía Grisonas, argentina nacionalizada uruguaya, vivían en Montevideo, ciudad donde en septiembre de 1972 nació su primer hijo, Anatole Boris. En 1973, luego del golpe de Estado, al igual que varios opositores a la dictadura uruguaya, Julién se exilió en Buenos Aires y obtuvo el estatuto de refugiado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En 1974 el matrimonio volvió a reunirse en Buenos Aires y al año siguiente, el 7 de mayo de 1975, nació en la capital argentina Victoria Eva, su segunda hija. El 24 de marzo de 1976 tuvo lugar el golpe militar en Argentina y seis meses después se produjo el operativo ilegal que terminó con el secuestro de Julién y Grisonas, quienes todavía permanecen desaparecidos.

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