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19/05/2019

Legajos personales de Gavazzo y Troccoli son pruebas de su rol en el Plan Cóndor

En junio se cumplen 20 años de la denuncia que dio inicio al juicio en Roma. Las nuevas pruebas que presentó Uruguay en la apelación, en vísperas de la Marcha del Silencio

Andrea Speranzoni y Miguel Ángel Toma durante la audiencia del 13 de mayo en Roma. Foto: gentileza de Janaina Cesar para Sudestada.

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

En junio se cumplirán 20 años de la presentación de la denuncia que dio origen a lo que hoy se conoce como “Juicio Cóndor” en las Cortes Penales de Roma. Fue por iniciativa de Luz Ibarburu que, ante la falta de respuesta en los países que participaron de la coordinación represiva, especialmente de Uruguay, se resolvió presentar en 1999 una demanda para que se investigara la desaparición de cinco víctimas uruguayas y una argentina, todas con ascendencia italiana.

Quienes se presentaron fueron las uruguayas Cristina Mihura, esposa de Bernardo Arnone; Marta Casal del Rey, esposa de Gerardo Gatti; María Luz Ibarburu, madre de Juan Pablo Recagno; María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi; Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi; y la argentina Claudia Allegrini, esposa de Lorenzo Viñas.


Aurora Meloni junto a su abogado, durante la audiencia del 13 de mayo. Foto: gentileza de Janaina Cesar para Sudestada.

Luego, cuando la causa ya estaba en manos de la Corte romana el número de casos aumentó significativamente, incluyendo 33 casos de víctimas uruguayas, cinco argentinas y cuatro chilenas, cuya persecución y desaparición involucró a todos los países participantes de la coordinación criminal: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las víctimas uruguayas son Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, Andrés Humberto Domingo Bellizzi Bellizzi, Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco de D’Elía, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Raúl Gámbaro Núñez y Héctor Orlando Giordano Cortazzo.


Cristina Mihura durante la audiencia de apelación. Foto: gentileza de Janaina Cesar para Sudestada.

Ademas, imputados únicamente a Troccoli, son los casos de Alberto Corchs Laviña, Elena Lerena de Corchs, Alfredo Bosco Muñoz, Guillermo Sobrino Berardi, Gustavo Goycochea Camacho, Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Huerga, Jose Mario Martinez, Aida Sanz, Elsa Haydee Fernandez, Atalivas Castillo, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Da Fontoura, Carolina Barrientos de Carneiro, Maria Asuncion Artigas Nilo, Alfredo Moyano, y Célica Gomez Rosano.

Veinte años insumió la investigación liderada por el fiscal Giancarlo Capaldo hasta derivar en un proceso judicial que tendrá su dilucidación en apelación en los primeros días de julio. Está previsto que antes de la lectura de la sentencia, que se prevé para el 8 de ese mes, se produzca la presentación de los abogados de las demás víctimas que se presentaron como querellantes (el 21 de junio) y de los defensores de los acusados (28 de junio).

Las vacilaciones del Estado uruguayo


"La ley es igual para todos", inscripción en la corte de Roma.

La presencia del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, en la última audiencia del juicio Cóndor en Roma es emblemática de una política del gobierno hacia el tema Derechos Humanos que es errática y reactiva al contexto político del momento, con la ausencia de una verdadera apuesta a encarar el tema del pasado reciente como una política de Estado.

¿Cómo explicar la participación de Toma en Roma el lunes 13 de mayo si no es en función del escándalo generado por la difusión de las actas del Tribunal de Honor contra José Nino Gavazzo y la cuestionable gestión del jerarca presidencial en el asunto?

Hubo otras audiencias en este juicio que fueron quizás aún más transcendentes pero no contaron con su presencia. Entre octubre y noviembre de 2018, el abogado del Estado uruguayo presentó formalmente a la Corte las nuevas pruebas recopiladas en Uruguay, y en diciembre de 2018, el Tribunal decidió admitir esos nuevos documentos como parte de la fase de apelación.

La versión de Presidencia fue que Toma “actuó intensamente en el hallazgo de las pruebas relevantes” y luego viajó a Roma para presentarla, cuando en realidad la mayor carga de trabajo investigativo del Estado uruguayo estuvo a cargo del abogado Andrea Speranzoni, quien además de representar al país patrocina las causas de varios familiares de detenidos desaparecidos.

Speranzoni viajó a Montevideo junto con su colega Alicia Mejía en el segundo semestre de 2018 y se encargó de recopilar, con la correspondiente autorización oficial, la documentación que se presentó en la Corte de Asís.

Los legajos como prueba



Exoficial del S2 (Inteligencia) del Fusna y enlace con la ESMA argentina Jorge Troccoli.

Según pudo confirmar Sudestada, Speranzoni escogió 13 documentos del total de la información recopilada en los archivos investigados en Uruguay y fue ese material el que se presentó en el mes de octubre ante los tribunales romanos.

Fue en una audiencia en el último mes de diciembre que la corte anunció su decisión de permitir la integración de nueva documentación probatoria. Según la legislación italiana, en una segunda instancia sólo se permite la incorporación de nuevas pruebas documentales o testimoniales si fueron encontradas después de dictarse la sentencia de primera instancia y si, a juicio del tribunal, aportan novedades al proceso en curso.

Por ese motivo, los magistrados resolvieron aceptar 12 de los 13 documentos aportados por Speranzoni y rechazar todas las propuestas de interrogar a nuevos testigos.

En la audiencia de apelación del lunes 13 Speranzoni defendió la postura de Uruguay respecto a la necesidad de aportar nueva documentación probatoria y vinculó estos nuevos archivos a los datos que se habían incorporado al proceso durante la primera instancia respecto a la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante los años 70 y 80, conocida como plan u operativo Cóndor.

Según asistentes a la audiencia consultados por Sudestada, Speranzoni basó su exposición de más de dos horas en una memoria escrita, entregada al tribunal, que consta de más de 200 fojas. Durante su presentación el abogado del Estado uruguayo expuso la vinculación que existía entre las pruebas presentadas en primera instancia y las que fueron aportadas en la presente etapa de apelación.

En particular, Speranzoni explicó que tanto Gavazzo como el capitán Jorge Troccoli, así como los otros represores que fueron absueltos en la primera instancia, participaron directamente en todos los delitos de lesa humanidad que se investigan en la Corte.

En primera instancia fueron absueltos Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.

También estaba acusado el ex dictador Gregorio Álvarez, quien falleció pocos días antes del fallo. El ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco fue el único condenado a cadena perpetua.

Speranzoni se basó en la nueva documentación aportada a la causa y en otra ya existente, como los legajos de los militares que no habían sido tenidos en cuenta por la corte de primera instancia, para demostrar que los mismos tenían una participación activa y oficial en la coordinación represiva.

En el caso de Troccoli, el abogado explicó que en su expediente consta el hecho de haber sido el jefe del S2 (Inteligencia) del cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada y también como oficial de enlace con la marina argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Según la nueva información, Speranzoni confirmó que Troccoli se encontraba en Argentina en la fecha en que se produjeron los secuestros de numerosos militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el MLN-Tupamaros y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), entre otros grupos.

Mientras tanto, en el caso de Gavazzo la cantidad de pruebas que se acumuló en su contra a lo largo de todo el proceso resultó “impactante”, según coincidieron asistentes a la audiencia consultados por Sudestada.

Entre otros detalles, Speranzoni mostró la existencia de una anotación en el legajo personal de Gavazzo, de finales mayo de 1976, en la que el general Amaury Prantl, director del Servicio de Información de la Defensa (SID) consigna que viajaron juntos a Santiago de Chile a la segunda reunión de lo que denomina “Sistema Cóndor”. Según esa constancia, Gavazzo participó de dicho encuentro como “representante del área de Operaciones” del plan represivo regional.


Amaury Prantl y José Nino Gavazzo.

Con este nuevo cúmulo de documentos Speranzoni apuntó a convencer al tribunal de modificar su postura de primera instancia y revertir en la apelación la absolución de todos los militares uruguayos, especialmente en los casos de Gavazzo y Troccoli.

Según estos documentos, resulta probado que Troccoli participó de los operativos de finales de 1977 y principios de 1978 contra los militantes del GAU y el MLN en Argentina, mientras que Gavazzo fue protagonista de la ofensiva contra el Partido por la Victoria del Pueblo en 1976. Los archivos permiten confirmar que ambos formaron parte del monitoreo previo, de la planificación y de la coordinación, y además participaron directamente en los operativos en Buenos Aires.

También se confirma oficialmente que Gavazzo fue partícipe del montaje alrededor del chalet “Susy”, en el que el Ejército simuló un operativo para “blanquear” la presencia de los militantes del PVP en el balneario Shangrilá.



Vale además recordar a luz de la votación para el retiro de los integrantes del Tribunal de Honor que fracasó en el Senado por falta de votos de la oposición unos días atrás, que el juicio en Italia tiene justamente lugar en ese país porque los familiares tuvieron que tocar las puertas de los tribunales italianos para lograr justicia dada la situación imperante en Uruguay en 1999. Los gobiernos colorados y blancos desde 1985 hasta 2005 fueron los artífices de la política de impunidad, encarnada en la Ley de Caducidad, que cerraba todo camino a la búsqueda de verdad y justicia.

Asimismo, es importante, rescatar como hoy en día Uruguay sea el único país querellante en el juicio en Roma, ya que marca un cambio de rumbo significativo con el permanente bloqueo de las investigaciones que llevaron adelante los gobiernos posdictadura que encabezaron Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.

Igualmente, aún falta en nuestro país una política de Estado en relación con el pasado reciente, donde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen conjunta y activamente para abordar los delitos de lesa humanidad que en su enorme mayoría todavía continúan impunes.

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