Víctor L. Bacchetta, desde Barcelona.

En forma paralela a la evolución de la historia de las relaciones entre el gobierno central español y las regiones, en los últimos años surgió un debate sobre las implicaciones económicas de la unión con España que explica en gran medida la fuerte polarización política desatada por la convocatoria de un nuevo referéndum en Cataluña.

Algunos acusan a los independentistas de estar manejados por una burguesía que no quiere compartir la riqueza de Cataluña con la España más pobre. Esta crítica ignora las políticas diferenciadas de Madrid con las autonomías, en especial con Cataluña y después del estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria en el año 2008.

El presidente Mariano Rajoy afirma tajantemente: “España es un Estado de Derecho y tiene los mecanismos para defender la ley”, “el fundamento de la democracia es el cumplimiento de la ley”. Pero, ¿cuáles son el origen y las características del estado español actual?, ¿cuál ha sido su relación con los regionalismos históricos?

La monarquía parlamentaria

Tras la derrota de la República en la Guerra Civil, la Ley de Sucesión de 1947 definió al estado español como un Reino y confirió carácter vitalicio a Franco como “Caudillo de España y Generalísimo de los ejércitos”, con poder para designar a su sucesor. El referéndum al que fue sometida esta ley contó con una participación de 88,6% y un voto favorable superior al 95%, de acuerdo con la información oficial.

El rey debería ser “varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión, y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”, el partido único del franquismo denominado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.

En 1969, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, por haber dado “pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino”. En esos principios se basó el juramento de lealtad de Juan Carlos, que reiteró al ser investido Rey por las Cortes el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador.

En 1976, el rey designó presidente a Adolfo Suárez, último secretario del Movimiento Nacional, para conducir una transición. En 1977, recuperaron la legalidad los partidos socialista (PSOE), comunista (PCE) y nacionalistas (vascos y catalanes). Avalada en referéndum en 1978 por más de 94% de los votos, la nueva Constitución instauró una monarquía parlamentaria con un Congreso electo por voto universal.

En las elecciones de 1982, con el 48,1% de los votos, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y Felipe González fue elegido presidente del gobierno español. Por primera vez desde 1936 llegaba al gobierno un partido de la izquierda que había sido prohibida y perseguida por el franquismo. Este hecho fue considerado el fin de la transición democrática en España.
González defraudó a sus propias bases. Bajo su gobierno, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) prosiguieron la ‘guerra sucia’ contra ETA y su entorno, llevando los asesinatos incluso a Francia. En 1988, las dos centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, se unieron en el primer paro general contra la política económica y laboral del PSOE, apoyado por ocho millones de personas.

La crisis económica, escándalos de corrupción y el terrorismo de estado provocaron la derrota electoral del PSOE en 1996. Con el Partido Popular (PP), sucesor de Alianza Popular, fundada por ex franquistas, llega a la presidencia José María Aznar. En los gobiernos del PP, la relación con las regionalismos es más tensa, inclusive con el nacionalismo catalán de derecha de Convergencia i Unió (CiU).

En 1998, los líderes de los partidos gobernantes en Cataluña, el País Vasco y Galicia declararon en forma conjunta: “Al cabo de veinte años de democracia, continúa sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional. Hemos padecido una falta de reconocimiento jurídico-político e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado”.

Relación con las nacionalidades

La Constitución española de 1978 reconoce y garantiza, en su Artículo 2, “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”, así como el principio de solidaridad entre ellas. El Artículo 138 reitera que el Estado debe garantizar la realización efectiva de ese principio “velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”.

Sin embargo, la relación entre el gobierno central y las regiones autonómicas no es la misma. El País Vasco, con 5,15% de la población y 6,5% del PIB español posee, por razones históricas, autonomía fiscal y financiera pactada con el Estado. Cataluña, con el 16% de la población y 19% del PIB español, no la tiene. Desde 1978 hasta hoy, cada vez que los catalanes intentaron obtener el mismo trato fueron rechazados.

En la mayor descentralización existente hasta el presente, la Administración española recauda el 95% de los impuestos, que representan 26% del gasto público. Sin mayor capacidad fiscal y teniendo que asumir los servicios sociales, las autonomías, con la excepción del País Vasco, dependen de las transferencias de aquella Administración, pero no existe una norma estricta que regule la distribución de los recursos.

En el caso de Cataluña, la política de transferencias de Madrid la obligó a usar fuentes financieras alternativas, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) gestionado por el mismo gobierno central. Los independentistas catalanes sostienen que el gobierno español ha provocado, por esta vía, una espiral de endeudamiento capaz de hipotecar la viabilidad económica de esa región, con sus severas secuelas sociales.

“El gobierno español nos presta nuestros propios dineros, dineros que nos ha tomado y que hace tiempo dejó de invertir en Cataluña, a cambio de suculentos intereses con carácter confiscatorio que superan los límites de la usura”, afirma el politólogo Albert Pont. Señala que la Unión Europea refinancia a Grecia a un interés del 1,5% para evitar su quiebra y España refinancia a Cataluña al 5,25% - 350% más.

Los independentistas agregan otros hechos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entre 2008 y 2014, siendo el 16% de la población, en Cataluña se concentró un 32% de los más de 170.000 lanzamientos hipotecarios que hubo en España. El rescate de la Unión Europea a los grandes bancos fue usado para absorber las cajas de ahorro catalanas e invertir una mayor parte de sus depósitos fuera de la región.

En 2010, la deuda de la Generalitat era de unos 24.000 millones de euros y en 2016 había trepado hasta casi 75.000 millones de euros, aumentando una media de 8.500 millones de euros anuales. De acuerdo con Pont, esto hizo sonar las alarmas en el sistema político catalán y determinó el abandono de la reivindicación al interior del régimen autonómico para iniciar la vía independentista sin retorno.

Llegados a este punto, más allá de las razones culturales e históricas, la viabilidad económica de la nueva situación ha alimentado un debate paralelo en medio de la confrontación política. Mientras los separatistas aseguran, con total convicción, que Cataluña resolverá todos sus problemas económico-sociales, los unionistas no se cansan de repetir que una Cataluña independiente no podría subsistir.

Economía de la separación

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas sostiene que en un Estado independiente habría más empleo y que solo para poner en funcionamiento la nueva administración será necesario crear 70.000 puestos de trabajo. Eso significaría reducir de un plumazo el desempleo al menos en un 10%: actualmente en Cataluña hay 726.000 parados y la tasa de desempleo se sitúa en 19,1% frente a 22,37% de España.

Según el economista Germà Bel, un 40% de los impuestos pagados por los catalanes se van y no vuelven, son 2.200 euros anuales por ciudadano, casi 16.000 millones de euros en total, 7,7% del PIB local. Bel afirma que con la independencia habrá pleno empleo, dejarán de pagar el sueldo a más de 145.000 funcionarios madrileños y habrá unas 70.000 personas que vivan, trabajen y aporten en Cataluña.

Los contrarios a la independencia han hecho un caballo de batalla de la dificultad que tendría Cataluña para pagar las pensiones, pero el economista Oriol Amat asegura la Seguridad Social catalana partiría con un saldo positivo de 24.126 millones de euros —generado en el período 1995-2011— en contraposición con el déficit del resto del Estado español que según Amat es de 82.704 millones de euros.

Las opiniones contrarias a la separación de Cataluña aseguran que sólo las ventas al mercado español de los productos catalanes se reducirían un 30%, lo que acarrearía más pobreza y más paro. Los independentistas ponen en duda este dato y declaran que no entienden por qué tendrían que reducirse las exportaciones ni resentirse las relaciones comerciales con el resto de España y del mundo.

Los unionistas advierten que Cataluña quedará fuera de la Unión Europea y su ingreso depende de un acuerdo unánime, incluyendo el de España. En lo inmediato, perdería la unión aduanera, el mercado único, el acuerdo de libre circulación de personas y la financiación del Banco Central Europeo. Esto podría restarle a Cataluña hasta un 20% del PIB y quedaría por debajo de la renta per cápita media de España.

"La independencia sin costo es un cuento de hadas", afirma Josep Borrell, ex ministro del gobierno de Felipe González y ex presidente del Parlamento Europeo. Estar fuera de la UE significa pagar aranceles en una zona que, a su vez, tiene acuerdos de libre comercio con otras naciones. Con esos sobrecostes, las exportaciones catalanas serían menos competitivas que las de otras regiones en España y Europa.

Un 70% de los 75.000 millones de euros de la deuda catalana corresponde a fondos del FLA y la fórmula de pago depende de un acuerdo con el Estado español. Para los independentistas, eso no sería un problema porque Cataluña tendrá que asumir una parte de la deuda externa española y, si no llegan a un acuerdo, España entrará en cesación de pagos al no poder hacer frente a la misma sin Cataluña.