El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein cuestionó la “persistente impunidad por violaciones cometidas durante la dictadura militar” en Uruguay.

El funcionario internacional realizó una visita oficial de dos días al país, durante la cual se reunió con el presidente Tabaré Vázquez, con la presidenta de la Asamblea General Lucía Topolansky, ministros, legisladores y mantuvo reuniones de trabajo con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesionó toda la semana en Montevideo.

El Alto Comisionado reconoció los intentos del gobierno uruguayo por abordar la impunidad ante crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo subrayó la falta de avances en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Ya han pasado 32 años desde el fin de la dictadura, pero Uruguay aún debe lidiar en forma adecuada con un periodo brutal de su pasado reciente. Esto es esencial para que la sociedad pueda mirar hacia el futuro sin miedo, y el derecho internacional de los derechos humanos también es clave en este cometido”, dijo Zeid.

También instó a las autoridades a investigar las amenazas de muerte realizadas por el conocido como “Comando Barneix” contra funcionarios, abogados y defensores de derechos humanos que el Estado sigue sin resolver.

Zeid realizó estos cuestionamientos al finalizar su visita, y señaló además las carencias del país respecto a condiciones carcelarias “inhumanas”, la generalizada violencia contra las mujeres.

Estas críticas fueron en la misma línea que las realizadas por los miembros de la CIDH en la conferencia de prensa que cerró el 165 período de sesiones en Uruguay.

“Las autoridades uruguayas han realizado esfuerzos importantes para integrar los derechos humanos en las políticas públicas, y claramente existe una voluntad política para avanzar en esta área”, dijo Zeid, y destacó la adopción de leyes y políticas que apuntan a combatir la discriminación, reducir la pobreza y mejorar los derechos de las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

“Uruguay es un país con un enorme potencial, que se ha atrevido a marcar la diferencia en muchas áreas. Sin embargo, el progreso realizado hasta la fecha no es suficiente: el país puede hacer más para combatir las graves violaciones de los derechos humanos que continúan ocurriendo”, sostuvo el alto comisionado.

Zeid fue especialmente duro con las críticas respecto a la situación de las personas privadas de libertad. “En un país que ha tenido éxito en tantos ámbitos, es difícil entender que las autoridades sigan sin poder abordar las deficiencias de su sistema penitenciario, de larga data”, comentó. En este sentido cuestionó particularmente la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, y consideró que “la sociedad necesita darse cuenta de que la juventud es su esperanza para el futuro”.

Los cuestionamientos del funcionario de Naciones Unidas llegaron en momentos en el parlamento acaba de aprobar un agravamiento de la situación de los jóvenes en conflicto con la ley y la Suprema Corte de Justicia hizo pública una sentencia que consagra la impunidad de los delitos de lesa humanidad, al admitir la prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura.

“Uruguay necesita utilizar el encarcelamiento como último recurso, así como implementar más medidas alternativas a la privación de libertad e introducir más programas de rehabilitación”, enfatizó Zeid. También expresó su preocupación por los altos índices de deserción educativa y la “persistente discriminación contra algunos grupos incluyendo las personas en situación de calle, las y los afrouruguayos y las personas con discapacidad”.

Proteger a los defensores

Comisionados Margarette May Macaulay y Francisco José Eguiguren, Alto Comisionado de ONU Zeid Ra’ad Al Hussein y comisionada Esmeralda Arosemena.

Al principio de la visita oficial, el miércoles 25 de octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas participó del lanzamiento de un mecanismo conjunto de protección de defensores de los derechos humanos junto con la CIDH. El acto se realizó en la sala Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Las personas defensoras de los derechos humanos son esenciales para el funcionamiento saludable de las sociedades y, sin embargo, en los últimos años, en las Américas, han sido cada vez más atacados. Estas personas son víctimas de amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, malos tratos, e incluso, tortura. Muchas de ellas corren el riesgo de ser víctimas de ataques violentos, a veces mortales, incluso por parte de particulares vinculados a intereses empresariales o a poderosas bandas criminales", dijo Zeid.

En 2016, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en el mundo ocurrieron en las Américas, y el 41% de estas personas asesinadas fueron opositores a proyectos extractivos o de desarrollo, o que defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas, según los datos del Alto Comisionado.

En un panorama de “continua impunidad para los perpetradores, vemos una tendencia preocupante del uso de ley para criminalizar las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos, para silenciarlas o castigarlas”, dijo José de Jesús Orozco, relator sobre defensores de derechos humanos de la CIDH.

Entre las acciones conjuntas se encuentra el estudio de las medidas que los países de la región han implementado para proteger a las personas defensoras y la elaboración de un manual de buenas prácticas para contribuir a su protección.