La empresa Google LLC compareció este martes 24 ante la Justicia uruguaya, luego de la acción de amparo promovida por Sudestada por la desindexación que afectó una nota periodística sobre el papel de estudios jurídicos uruguayos en un caso de corrupción en España.

Esta retirada del buscador más usado del mundo siguió a otro caso notificado previamente, pero en el que se aplicó la normativa de derechos de autor de los Estados Unidos. En ambos casos, las denuncias y posteriores restricciones ocurrieron sin dar posibilidad a la parte denunciada de rebatir la acusación, y no se informó quiénes fueron los denunciantes ni qué parte de las notas fue objeto de cuestionamiento.

La “desindexación” coincidió con la serie de publicaciones periodísticas conocida como “Pandora Papers”, referida al uso de guaridas fiscales por parte de políticos, empresarios y otras personas públicas, para ocultar fondos millonarios.

Nicolás Brause, abogado de la empresa, dijo en la audiencia que la acción de amparo no procede ante la Justicia uruguaya porque “el aviso de Google advirtió que el motivo de desindexación se basó en normas de derecho positivo de Europa y que solo tendría efecto en ese territorio”. Esa es la razón, dijo, por la cual se puede encontrar la nota en búsquedas realizadas en Uruguay.

Por ese motivo, la empresa argumentó que “toda discusión sobre si procede o no la desindexación bajo la normativa de Unión Europea (y con alcance a dichos países) no puede ser resuelta en los presentes obrados, careciendo de jurisdicción”.

Google sostuvo en su escrito que es “el principal defensor de la protección y tutela de la libertad de expresión con el mayor alcance posible” y añadió que su buscador “se construye y tiene como pilar fundamental la libertad de información y expresión sin restricciones”.


Imagen de una de las notificaciones enviadas por Google a Sudestada. 

Sudestada argumentó durante la audiencia que no es posible saber cuánta gente fue privada de leer esa información ni cuál es el impacto de la medida y que en esos casos hubo violación a la libertad de expresión sin posibilidad de una defensa adecuada. “No puede ser que (Google) esté exonerada del control judicial nacional porque ello equivaldría a denegar el acceso a la Justicia a los miles de usuarios que utilizan su servicio” en Uruguay, argumentó el abogado Matías Jackson. “Se desconoce, además, la persona u organización detrás de estos hechos” porque “no se dice quién realizó la denuncia ni de quién se violaron los datos personales”, explicó.

El juez Pablo Benítez, titular del Juzgado Letrado en lo Civil de 20° Turno, luego de escuchar los alegatos anunció que la sentencia se dictará el próximo lunes 29 de noviembre, haciendo uso de los tres días que le otorga la normativa vigente para expedirse.