Lourdes Vitabar/ @louvitabar / Sudestada

El miércoles 23 se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lanzó la campaña regional “Mercosur Libre de Trata de Mujeres” dirigida a quienes puedan estar en situación de riesgo de ser captadas por organizaciones dedicadas a esta actividad delictiva.

En los primeros nueve meses del año los organismos vinculados a la atención de las víctimas han detectado un incremento en el número de casos. “El aumento es notorio, tenemos 260 mujeres de cuyos casos se ocupa el servicio de atención del Departamento de Violencia basada en Género. Puede parecer un número bajo pero en proporción con la población uruguaya es una cantidad preocupante porque seguramente se trata de la punta de un iceberg”, dijo Mariela Massotti, directora de Inmujeres.

La División de Políticas de Género de la cartera trabaja para consolidar la comisión interministerial dedicada al tráfico, trata y explotación sexual que funciona desde 2008. De esta manera se busca afrontar una situación innegable: Uruguay se ha vuelto un país de destino para las redes de tráfico y trata de personas.



En diálogo con Sudestada, la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, recordó que en la década del 90 el perfil del país era de origen, es decir que las redes captaban personas en Uruguay para explotarlas laboral o sexualmente en Italia o España, principalmente; luego fue escenario de tránsito hacia lugares como Estados Unidos. Pero esto ha cambiado: “hemos comprobado que en algunos casos, que fueron muy mediáticos, nuestro país ha sido el destino. Gente que venía de República Dominicana, por ejemplo”, aseguró la jerarca.

Una de las razones clave de este nuevo estatus radica en que Uruguay, a diferencia de otros países de la región, prácticamente no pide visas de ingreso a los inmigrantes, lo que también facilita el tránsito hacia otros lugares de Sudamérica, indicó la funcionaria.

Esta visión del gobierno no es compartida por distintas organizaciones que defienden el derecho de los migrantes, especialmente de los ciudadanos dominicanos que se han visto especialmente perjudicados por la decisión del gobierno de pedir visa para su ingreso al país y aumentar los requisitos para su entrada y permanencia. La abogada experta en Derechos Humanos Valeria España explicó al programa De diez a doce de Radio Uruguay que “no está comprobada la eficacia de estas medidas, pero sí que complejizar los procesos de residencia genera más vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable es el migrante, más fácil de coptar por las organizaciones (delictivas)”. 

Según España, el endurecimiento de los requisitos para los dominicanos implica el pedido de una invitación de un nacional uruguayo para que pueda entrar al país. “Eso dificulta la puesta en práctica de una ley de migraciones que discursivamente apuesta por los derechos humanos”, acotó.

Desde 2010, una comisión interna de la que participan la subsecretaría del Interior, Dirección Nacional de Migración, Crimen Organizado, Dirección de Información de Inteligencia, Escuela Nacional de Policía, Dirección Nacional de Policía, División Políticas de Genero “trabaja en un plan de acción y en un protocolo de detección e investigación similar al que tenemos para violencia doméstica y otros temas”, dijo por su parte Zabaleta.

La funcionaria explicó que era necesario contar con este protocolo específico porque “se intenta que esta experiencia piloto que funciona por acuerdo interno pase a tener calidad de norma. En este quinquenio el Ministerio del Interior pretende revisarlo y mejorarlo para que siente las bases de un decreto o de una resolución ministerial, o para aportar a la mejora de la ley”, explicó Zabaleta.

Redes internas

Si bien el flujo de personas centroamericanas explotadas es importante, se ha detectado un importante arribo desde Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina, además de ciudadanos chinos. Pero también uruguayos han sido víctimas de este tipo de crimen. “Existe cierto movimiento entre diferentes zonas del país según la época del año. Se traslada principalmente a mujeres de un lado a otro. Cada vez que se abre un emprendimiento importante con trabajadores que no son del departamento, a veces ni siquiera del país, se trasladan personas hacia ese lugar, se las instala en las cercanías y se las explota sexualmente”, específicó la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

En los últimos dos años el Ministerio del Interior ha detectado e investigado alrededor de 100 casos de tráfico, trata y explotación sexual. Cada caso puede involucrar a una persona o a una red de tráfico cuyas víctimas pueden llegar a ser decenas.

Sin embargo, la cantidad de procesamientos es muy baja. De estos 24 meses solo dos casos fueron caratulados en la justicia como “trata de personas” y determinaron encarcelamientos, según datos del Ministerio del Interior. En ambas situaciones las causas estuvieron relacionadas con ciudadanas dominicanas. A estos debe agregarse un número algo mayor de procesados por explotación sexual infantil, con casos especialmente notorios como el del empresario de Maldonado Javier Moya –dueño del restaurante la Posta del Cangrejo– y el del ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos.

Para Zabaleta existe una naturalización de las situaciones de explotación sexual que es difícil de derribar. La funcionaria encuentra en este aspecto una de las causas del bajo número de procesamientos, pero también observa una falta de concientización de la problemática de parte de los funcionarios.

“Cuando empezamos a trabajar estas temáticas siempre cuesta un tiempo sensibilizar y capacitar. Con violencia doméstica nos ha pasado algo parecido, debimos aprender, concientizarnos, y así se duplicó el número de denuncias. Y con este tema de la trata, el tráfico y la explotación en algún punto pasa algo similar. Hay que seguir trabajando con los distintos actores del sistema de justicia para ir mejorando la respuesta”, señaló Zabaleta.

Previo a la aparición en escena de las redes que explotaban a mujeres dominicanas, el único procesamiento por “trata de personas” dictado en Uruguay había tenido lugar en 2005 a partir de una investigación por tráfico de estupefacientes gracias a la cual se comprobó que mujeres trasladaban narcóticos en el viaje de ida y dinero al retornar al país. Esto hizo que se cambiara la tipificación del delito.

Desde entonces, la policía si bien llega a conocer algún posible caso de tráfico o trata de personas al investigar otros delitos como el narcotráfico, son más las veces en que estas situaciones afloran por denuncias anónimas, mediante una llamada telefónica o un formulario online, así como por personas que se presentan en una seccional.

Para Zabaleta “el análisis de los datos es una debilidad a mejorar” porque existen “dificultades” para identificar estas situaciones como delito y lograr la aplicación de la ley. “Es importante mejorar las estadísticas de la captación y el registro. También la manera como después se contabilizan los casos a la hora de generar datos. Por ejemplo, en explotación sexual se puede rotular el caso a través de la ley específica o se puede vincular a delitos conexos que si no se leen, si el personal no se interioriza de estas posibilidades, no sabe si puede estar relacionado a explotación sexual. Hay que aprender a leer mejor esos datos”, explicó.

Para mejorar la efectividad del trabajo policial, se están desarrollando actividades de información y reflexión, en algún caso junto a la Organización Internacional para las Migraciones, en otros junto a Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social u organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática. La formación abarca diferentes escalas jerárquicas, incluyendo mandos superiores y agentes que se preparan en la Escuela Nacional de Policía.

Las víctimas

El último diagnóstico sobre el tráfico, la trata y especialmente la explotación sexual en Uruguay, fue publicado en 2011. La socióloga Cristina Prego, autora del trabajo, dijo a Sudestada que salvo por la aparición masiva de los dominicanos (que según cálculos recientes supera las 4 mil personas), la situación no ha variado sustancialmente.

La directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior confirmó además que las personas víctimas de tráfico y trata encontradas en Uruguay proceden de también de otros países como peruanos, bolivianos, cubanos, argentinos, brasileños, paraguayos, y hasta chinos.

Se trata de personas de pocos recursos económicos (no pobreza extrema) y bajo nivel educativo, que son tentadas con un futuro mejor en Uruguay. En ciertas ocasiones se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos o Europa, y se las obligaba a trabajar en el país con la excusa de costear parte del viaje al destino final.

Para el caso de los hombres, la trata conlleva generalmente explotación laboral en el área de la forestación, donde fueron hallados ciudadanos bolivianos, paraguayos y peruanos. Y también en la agricultura, donde hace varios años se encontró a una treintena de chinos en condiciones de semiesclavitud en un establecimiento de Canelones.

A pesar de estas detecciones los latinoamericanos y chinos continúan llegando y se los sigue vinculando en el ámbito rural a la actividad forestal o granjera y, en las zonas urbanas, al trabajo en restaurantes. Más allá de la gravedad de estas situaciones, la mayoría de las víctimas son mujeres, extranjeras y uruguayas.

En los últimos años ha aumentado la cantidad de casos detectados de bolivianas, paraguayas o peruanas que son explotadas laboralmente como servicio doméstico; situación en la que también se han encontrado dominicanas. Sin embargo, existe la percepción de que son más las que terminan como víctimas de explotación sexual; en esta situación se agrega a argentinas, brasileñas, y uruguayas.

Según el informe realizado por Prego en 2011, “la trata internacional involucra mujeres adultas, de entre 18 y 30 años, y la trata interna incluye adolescentes a partir de 16 años de edad aproximadamente”.

Las investigaciones policiales señalan que las víctimas de trata interna y explotación sexual son principalmente oriundas del litoral oeste (Paysandú, Rio Negro) y la frontera con Brasil (Cerro Largo), pero también del oeste de Montevideo y San José. De acuerdo al estudio de Prego, “la violencia doméstica y el abuso intrafamiliar es un factor de alta incidencia” y muchas de estas mujeres estuvieron en situación de calle por la expulsión del hogar durante la adolescencia.

“Cuando se viene de un hogar donde los derechos han sido vulnerados, es más difícil que la persona pueda percibir que está siendo víctima de un delito o que pueda prevenirlo en una etapa anterior”, agregó la jerarca del Ministerio del Interior.

“Ella sabía', 'lo hizo por necesidad', 'hay un señor que la ayuda', 'si, pero si el señor no la ayuda…'; son frases bastante habituales. Por ejemplo si una niña o adolescente es abusada o explotada, su entorno lo puede saber pero nadie lo denuncia porque esas cosas se siguen percibiendo como un problema familiar”, explicó Zabaleta.

La funcionaria considera algo habitual que durante una investigación por explotación sexual infantil se escuchen otras frases, como “el padre la vendió”, y que aún ante tal situación “nadie haya pensado en denunciar”.

Los tratantes

Lo que se sabe de los tratantes proviene del testimonio de las víctimas de los casos que han derivado en un procesamiento judicial, por lo que la información aún es insuficiente. Sin embargo, se conoce que las redes tienen distintos niveles de complejidad, si es una organización de trata interna o internacional, e incluso que en algunos lugares el vínculo entre estas y la víctima sea un familiar o una persona muy allegada al hogar.

Las redes mayores presentan una fragmentación del proceso ante las víctimas que hace imposible que estas puedan identificar cómo funcionan exactamente. También se sabe que existen vinculaciones entre los delincuentes dedicados al contrabando y al narcotráfico con la trata de personas, en especial de mujeres.

A la vez las investigaciones han involucrado a taxistas, camioneros, proxenetas y empresas vinculadas al turismo. En este último rubro no solo existen casos en el este del país pues se detectaron casos de turismo sexual infantil en estancias turísticas.

Pero además, en el caso de Montevideo, el nexo local de la red es presentado como el “protector “de la zona, “el que manda en el barrio” y en algún caso también es el que brinda apoyo económico a actividades infantiles lo que le hace ganarse la simpatía de las comisiones barriales.

Se desconoce cómo funciona la captación o reclutamiento en el exterior, pero se estima que tiene una modalidad similar a la detectada a nivel nacional. Y debido a que la trata de uruguayos se vincula mayormente a la explotación sexual, se indica que los sectores donde más víctimas se captan son el trabajo sexual y las adolescentes de hogares con violencia doméstica debido a que permanecen mucho tiempo en la calle.

“A las adolescentes se les ofrecen ropas, paseos, acceso a bailes, tarjetas telefónicas y se les comienza a ingresar al mercado del sexo principalmente en las calles o en whiskerías apartados del mayor movimiento, en algunos barrios se utilizan cantinas o bares frecuentados por varones de la zona los que también funcionan como punto de venta de drogas. El abordaje en la calle es uno de los mecanismos de primer contacto. Este se hace por intermedio de otras mujeres o captadores que se presentan como ‘rescatadores que comprenden las necesidades de la víctima’ y le ofrecen abrigo y contención en un principio sin necesidad de intercambio”, detalla el informe. Pero las adolescentes también ingresan a la red a través de convocatorias para “modelos”.

“La adolescente llamó a un anuncio donde ofrecían trabajo como modelo, el nombre de la agencia era el mismo que el de una reconocida, el contacto era un número de celular o un mail, luego de un tiempo le pidieron una foto, encontrarse en una plaza. Le preguntan datos de su edad, dónde vivía, si tenía hermanas y que le pasara la propuesta a otras amigas”, relata un representante de una ONG en el estudio.

En el caso de las adultas, Zabaleta advierte como factor que aumenta la vulnerabilidad ante la trata y la explotación sexual comercial, la vigencia en Uruguay de la Ley 17.515 que desde el año 2002, habilita el trabajo sexual adulto como una actividad laboral legal. Según el estudio, esto estaría favoreciendo que las mujeres sean captadas por las redes y que la promesa de un trabajo sexual en otro país como manera de mejorar sus ingresos sea una opción válida.

En los casos de uruguayas víctimas de trata internacional la situación continúa siendo similar a la denunciada por la periodista María Urruzola en la investigación publicada por el semanario Brecha a principios de los 90 y que luego se publicara en el libro “El huevo de la serpiente. Tráfico de mujeres Montevideo-Milán” que sirviera de base para el guión de la película de Beatriz Flores Silva “En la puta vida”.

Según integrantes de organizaciones que trabajan con las víctimas, el engaño más habitual no es la ocupación que tendrán sino las condiciones en las que lo harán, ya que una vez que se concreta la explotación pasan a un estado de aislamiento, descuido y falta de dinero.

Las rutas

Se destacan los problemas de permeabilidad de las fronteras con Brasil y Argentina, con deficiencias en los controles migratorios, que los propios organismos competentes admiten, adjudicándolos a la escasez de personal asignado.

Si bien las investigaciones han comprobado que las rutas, logística e incluso las personas usadas para el tráfico de personas son las mismas que se utilizan para el contrabando y para el tráfico de drogas, Zabaleta sostiene que las posibilidades para ingresar al país “son infinitas”. “Siempre se va a tratar de encontrar un vacío, un huequito para tratar de llevarla adelante. Hay cuestiones muy a gran escala y otras que son bastante caseras por decirlo de alguna manera”, agrega.

Se han detectado pasajes en autos particulares, barcazas que cruzan el río Uruguay por distintos puntos, pero también usando transportes colectivos internacionales como si las víctimas fueran solo un pasajero más del barco, ómnibus o avión. En las terminales de transporte internacional las personas a veces llegan acompañadas por alguien de la organización que luego contacta al nexo local, o llegan solas y son esperadas por un integrante de la red nacional que fue advertido de su arribo.

Desde hace varios años se ha identificado una ruta de trata de adolescentes que tiene su origen en las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, con destino a Punta del Este. Pero también otra proveniente de Argentina que usa a Uruguay como tránsito (pasando por Paysandú, Tacuarembó y Rivera) y fija el destino en San Pablo, Brasil. Por el norte del país se ha constatado la utilización de la triple frontera en la ciudad de Bella Unión.

En cuanto a la trata interna se han identificado ciudades como Paysandú, Young, Nueva Palmira, Ciudad del Plata, Ciudad de la Costa, Minas, Maldonado, Rocha, Melo y el oeste de Montevideo. Como puntos de destino no solo ha figurado Punta del Este, también lo han sido Nueva Palmira, Colonia y el litoral termal. Estos van variando según donde comience a presentarse más actividad económica o la época del año favorable para “el negocio”.

Dentro del país el traslado por lo general es en autos particulares u ómnibus en los que no siempre las víctimas son acompañadas. Pero además de los medios de transporte y ciudades de origen o destino, también se han identificado recorridos que van de un prostíbulo a otro como proceso preparatorio de la explotación sexual internacional posterior.

“Por esto, nosotros priorizamos mucho el trabajo coordinado de las distintas reparticiones de la policía, pero también a nivel interinstitucional y con otras policías del Mercosur; de hecho existe un protocolo común de las policías del Mercosur que también vamos a retomar y tratar de transformar en norma para que sea de aplicación obligatoria”, concluyó Zabaleta.