El indagado dibuja una relación inocente con mandamases del Escuadrón de la Muerte y colorea sus andanzas turbias bajo terrorismo de Estado. Sudestada revela foto histórica del detenido
Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter
Como aquel 6 de mayo de 1971 en que posó para que la cámara fotográfica enfocara su mejor perfil barbudo, chorreando de rojo hasta los zapatos, el ahora septuagenario Miguel Sofía intentó reeditar su papel de víctima, esta vez ante la justicia.
En aquel momento tenía 22 años y se encontraba en el interior del llamado IAVA 2 (Instituto Preparatorio Nº 2), que funcionaba en Canelones y Constituyente, donde unos jóvenes procuraron expulsarlo del lugar, puesto que lo consideraban integrante de los grupos “fascistas” que cometían atentados armados contra los estudiantes, y terminaron por volcarle un tarro de pintura en la cabeza.
“Este es el estado en que quedó un estudiante luego de que un grupo de ‘valientes’ desahogara en él todo el resentimiento que solo puede motivar acciones de este tipo”, opinaba el diario El País en el pie de foto (7/5/71).
Ahora Sofía asumió un rol similar ante la sede penal:
“Desde hace 40-45 años vengo siendo víctima de un permanente escrache en diarios, revistas, testimonios, declaraciones, hasta en una película, programa de televisión, donde lo que hacen es crear una mala imagen sobre mi persona”.
Cuando la foto salió publicada en aquel mayo del violento año electoral 1971, Sofía ya se había vinculado con el paraguayo Ángel Closa Cuevas, agente de la dictadura de Stroessner, amigo del subsecretario del Interior uruguayo, Armando Acosta y Lara, e ideólogo del escuadrón de la muerte. Faltaba poco para la desaparición forzada de Abel Ayala (17/7/71), el asesinato de Manuel Ramos Filippini (31/7/71), la desaparición forzada de Héctor Castagnetto (17/8/71), y unos meses para el homicidio de Ibero Gutiérrez, todos a manos del Comando Caza Tupamaros/Escuadrón de la muerte.
“Por lo que sé, el CCT Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas (Closa), Sofía, el oficial inspector Fleitas (Freitas) como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil”, declaró en actas el ex agente de Inteligencia, Nelson Bardecio –hoy condenado por sus crímenes como integrante del Escuadrón de la muerte–, una vez secuestrado por el MLN/Tupamaros en febrero de 1972.
Bardecio explicó que el ayudante militar del Ministerio del Interior, Walter Machado, le había presentado al paraguayo y a
“un joven de barba a quien llamaban ‘José’, al que posteriormente reconocí como Miguel Sofía, el cual según un comentario suscitado en el Ministerio, integra la JUP (Juventud Uruguaya de Pie)”.
“Crosas y ‘José’ desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio, dijeron que viajaban a Brasil, pero a ‘José’ lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo” de Juan María Bordaberry, relató el ex agente.
Fueron hechos demasiado relevantes como para que alguien los olvide. Sofía se acomodó en el banquillo (una silla común en un pequeño despacho judicial) y pinceles en mano, comenzó a esbozar su extraordinaria historia…
La jueza Fanny Canessa comenzó con las preguntas de rigor, por ejemplo si
“padece alguna enfermedad”. Entonces el indagado se despachó con un largo historial médico: presión, diabetes, pérdida de visión, derrames cerebrales con
“dos operaciones de cerebro”. Y aprovechó la pregunta para señalar que por esas intervenciones quirúrgicas mantiene secuelas: el “dolor” y, nada menos, la capacidad de recordar.
“Hay veces que me falla la memoria”, deslizó.
Sofía admitió que ingresa periódicamente a Uruguay:
“Vivo con mi familia, las veces que puedo vivir en Montevideo; recibo de la empresa que manejan mis hijos 2.500 dólares mensuales”.
El ex integrante del Escuadrón de la muerte, dijo tener “conocimiento” de los delitos que le imputa la Fiscalía:
“Primero debemos partir de la base de que la acusación fiscal surge exclusivamente de las actas de Bardecio que como el mismo fiscal, el juez de la causa y los magistrados del Tribunal de alzada declararon en reiteradas oportunidades son totalmente nulas y carente de cualquier valor jurídico porque fueron extraídas a un secuestrado con violencia por un grupo de guerrilleros terroristas”, acentuó.
Luego cuestionó al fiscal de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe por validar prueba
“fruto del árbol podrido”, teoría que indica que si la prueba original no es válida, todo lo que surja a partir de allí, será nulo al considerarse “fruto” de aquel árbol.
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia (SCJ), validó como prueba los hechos que se produjeron luego de que los tupamaros liberaran a Bardecio. Esto es, que el ex agente de Inteligencia se reunió el 16 de mayo de 1972 con el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y con Juan Raúl Ferreira en el Colegio Seminario –adónde también habían llegado Julio María Sanguinetti, Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereyra y Eduardo Paz Aguirre– ante quienes sostuvo que
“estaba dispuesto a firmar lo que había declarado ante el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros”. Y que el mismo día
“brindó su testimonio ante el coronel” Ramón Trabal (jefe de Inteligencia Militar de la época)
“en el cual vuelve a ratificar el contenido de las actas” realizadas mientras estuvo secuestrado.
La Corte sostuvo que
“todos los elementos enumerados son medios probatorios que han sido valorados en debida forma en ambas instancias de mérito (juzgado y Tribunal), dándoles el valor que les es propio y relacionándolos con la prueba incorporada” en el expediente.
“Con respecto a la asociación para delinquir y las supuestas reuniones y atentados, declaro que todo eso es falso y fruto del árbol podrido. Yo era un joven de 22 años, civil, y no era policía ni militar (…) Niego rotundamente mi participación en el referido grupo y en los atentados o cualquier otro tipo de operaciones”, afirmó Sofía.
El indagado cuestionó que se pida su procesamiento y no el de autoridades de la época, cuando en las actas de Bardecio
“están mencionados como integrantes del escuadrón de la muerte cerca de 20 o más personas, de las cuáles todas ellas revisten carácter de ministro de Estado, subsecretarios, generales, brigadieres, contraalmirantes, almirantes y altísimos funcionarios policiales…”.
“¿Cómo es posible que un joven de 22 años, que era yo, pudiese participar de constituciones, escuadrones, de entrega de armas, de atentados? (…) ¿Cree la señora juez y la señora fiscal que es posible que con esos 22 años haya integrado algo con esas altísimas jerarquías?”, se angelizó.
Bardecio ratificó en febrero de 1972 en el Colegio Seminario y ante Trabal que Sofía, alias “José”, era la mano derecha de Closa Cuevas en el Comando Caza Tupamaros, y que juntos participaron del secuestro, tortura, y asesinato de Castagnetto, quien permanece desaparecido.
El uso de documentos falso y el ingreso por frontera seca
Miguel Sofía declaró este viernes por la posesión del documento falso a nombre de Adolfo Casaballe y al cierre de esta nota el fiscal Carlos Negro se disponía a pedir su formalización. La cédula de identidad que poseía Sofía al momento de la detención tiene una foto del titular real que guarda un gran parecido con la del usurpador ilegítimo.
Si bien Sofía sostuvo que el documento le había sido proporionado por "un amigo" y que sólo lo usaba eventualmente durante sus salidas y entradas del país por la frontera seca, el detenido también utilizó ese nombre usurpado para gestionar un seguro médico de la empresa Swiss Medical en Argentina, tal como lo prueba el documento a cuya copia tuvo acceso
Sudestada.
Usó la misma estrategia para asociarse a Megatlon, una red de clubes que funciona en la ciudad de Buenos Aires.
Pero este jueves el asunto de su identidad falsa también surgió durante el interrogatorio de la fiscal Sylvia Gari.
"¿Con qué documentación ingresó al país?", le preguntó la fiscal Gari. Y el indagado reveló su estrategia:
“No precisaba ninguna documentación, pues tenemos frontera de tierra. Si (uno) está en Rivera, Chuy o cualquier lugar donde hay frontera seca pasa sin hacer Aduana ni Migración.
-¿Tiene alguna documentación falsa”, insistió la fiscal.
"-Sí, a nombre de Adolfo Casaballe. La he usado muy pocas veces para registrarme en los hoteles, pues ahí me exigen documentación, pero la foto no se parece en nada a mí. Me dio esa documentación un amigo que la encontró; la exhibía en los hoteles pues estaba requerido nacionalmente e internacionalmente”.
-¿Quiere agregar algo más?
Desde mis tiernos 14 años tengo una militancia en favor de la democracia, del Derecho Constitucional y de la defensa de todos los derechos que poseemos como ser humano y como ciudadano –Sofía se erigía así en un precoz defensor de los derechos humanos–.
Eso llevó a que en la conflictiva década de los años sesenta, como estudiante y dirigente gremial me opusiera fuertemente en contra de las presiones de los grupos de extrema izquierda que en la época controlaban y mandaban en todas las ramas de la enseñanza, secundaria, escuela industrial, universidad.
Se reveló entonces como dirigente de la
“Confederación de Estudiantes Liceales (CEL)”, sostuvo que desde allí enfrentaba a
“extremistas de izquierda” y que
“tenía éxito y ganaba muchas asambleas importantes”. “Eso motivo un ensañamiento contra mi persona lo que entre otras cosas provocó dos atentados contra mi casa con bombas de alquitrán y otra con bombas Molotov”, recordó entonces con nitidez.
La inocente presencia de Sofía en la oficina del escuadrón
Sofía contó que “ante” sus “éxitos” recibió una “brutal paliza en el IAVA” hecho que, según dijo, fue cubierto por la prensa y motivo la suspensión de las clases por dos días.
Sostuvo que, como consecuencia de “la paliza” fue desgremializado y quedó fuera de la institución: “no se le permitía el ingreso a los institutos de Enseñanza” y que incluso fue “agredido a golpes” y expulsado otro día que pretendió ingresar a la Facultad de Derecho.
Sofía no recordó que una asamblea de estudiantes del IAVA Nº 2 convocada el 27 de abril de 1971, había resuelto por unanimidad desgremializarlo por
“sus atentados contra la Universidad como el baleo de 1968 y otros; por entrar armado en institutos de Secundaria y amenazar, golpear y tatuar con esvásticas a estudiantes; por atentados a locales políticos; por haber sido ya desgremializado de las Asociaciones de Estudiantes de Preparatorios en 1965, oportunidad en que se comprobó su vinculación con entidades yanquis, que lo financiaban; por su conocida trayectoria fascista”, entre otras causas, según consignó El Popular (7/5/71).
En la sede penal, el indagado sí rememoró que en aquellos momentos escribió una “carta abierta” publicada en algunos diarios:
“solicitaba que el gobierno y las autoridades de la Enseñanza me diesen la seguridad de poder hacer uso de mi derecho constitucional de estudiar y crear un futuro”.
Y así ingresa a la historia contada por Sofía un importante ex miembro del Escuadrón de la Muerte:
“Eso motivó que el presidente de la interventora de Enseñanza Secundaria, que era la máxima autoridad de entonces, presidida por el asesinado profesor, Armando Acosta y Lara (lo mata el MLN en abril de 1972), me citara a su despacho y comprendiendo mi difícil situación para mí y para la propia autoridad, que no podía brindarme seguridad, me ofreció dar los exámenes en una oficina de Enseñanza Secundaria y no en el Liceo que correspondía”, espolvoreó Sofía.
El indagado dijo que aceptó la “excepción” y que
“cada vez que iba a dar examen se pedía oportunamente protección policial”, es decir aparecía rodeado de uniformados. Todo esto
“ocurría antes del secuestro de Bardecio”, puntualizó.
Sofía olvidó relatar –quizás producto de sus secuelas cerebrales– que desde 1970, cuando Acosta y Lara asume como presidente de la cuestionada por inconstitucional e ilegal Comisión Interventora de Secundaria (Comin), se clausuraron liceos, se prohibieron las asambleas docentes, se detuvo, encarceló y destituyó a profesores, directores de centros de enseñanza, se persiguió y suspendió a estudiantes que militaban gremialmente…
Tampoco recordó que era ostensible la represión de los grupos ultraderechistas (apoyados por las fuerzas policiales y militares) contra los estudiantes, a quienes se les disparaba a matar en las marchas y manifestaciones.
“Posteriormente, por resolución parlamentaria el señor Acosta y Lara es destituido y nombrado (por el gobierno de Pacheco) subsecretario del Ministerio del Interior”, apuntó Sofía, y dio una nueva pincelada a la escena de su relación con el nuevo jerarca de aquella cartera:
“dado que entablamos un diálogo con dicho profesor, de comprensión y crítica a mi situación al no poder ingresar a la Facultad de Derecho por las agresiones antes mencionadas, resolví ir a hablar con él al Ministerio del Interior, hecho que hice varias veces…”.
El motivo esgrimido:
“preguntarle que me asesora adónde me convenía ir a estudiar, si a Argentina, Paraguay, Chile o España, y solicitarle si por su intermedio era posible obtener alguna beca o algún trabajo en el lugar donde fuese a estudiar a fin de sustentar mis gastos”, difuminó Sofía.
Con la obra casi pronta, el indagado dio un gran toque de color a las zonas grises, turbias:
“Eso hizo que las veces que fui a ver al subsecretario Acosta y Lara al Ministerio del Interior tuviese que estar en sala de espera, a veces durante horas, antes de que me atendiese, y mientras tanto conversé con muchos funcionarios policiales y jerarcas que estaban o iban a ese Ministerio para hablar con las autoridades…”.
Y como no salía de un claroscuro que se iba empastando, decidió jugar aún más la paleta:
“Es ahí cuando según las actas de Bardecio (…) mencionase la presencia de un tal José, que era miembro de la JUP, que le había entregado armas a la JUP, que se reunía en una oficina con el inspector Grau y Hugo Manini Ríos…”.
El inspector retirado, Jorge Grau Saint-Laurent, era el encargado de la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión, ubicada en el edificio del Ministerio del Interior, y que fue señalada por diversos testimonios –entre ellos el del ex doble agente cubano, Manuel Hevia, y el del propio Bardecio– como la fachada del centro de operaciones del Escuadrón de la Muerte. Manini Ríos era el principal dirigente nacional de la JUP.
Antes de firmar (la obra), Sofía alegó que “nadie prueba” que él fuese “José” y que si hubiera sido integrante de la JUP, se trataba de un
“movimiento político, democrático, permitido por la legislación vigente en su momento, y que nunca fue condenado por ninguna acción terrorista…”.
“Entonces, José nunca me llamaron, integrante de la JUP nunca fui, a la vez que muchas personas declararon que muchos estudiantes amigos del hijo del profesor Acosta y Lara, que usaban barba iban a hablar con él. Entonces cual es la razón por la cual yo soy ese famoso José, miembro de la JUP, que entregó armas, que hizo atentados…”, declamó quizás recordándose joven y barbudo, con la pintura fresca chorreando, posando para la foto…
Pero al volver en sí, se encontró contra el muro métrico, en el que se retrata a los detenidos y enjuiciados por la sede del crimen. Los próximos días los pasará en la cárcel de Domingo Arena, destinada a militares y policías responsables de delitos de lesa humanidad.