El abogado Luis Miguel Hincapié Corcó suscribió en nombre de la cancillería panameña un acuerdo de transparencia fiscal el pasado lunes 7 en el Ministerio de Economía.
En 2010 este hombre fue designado por el estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales (la oficina panameña del bufete uruguayo) como el agente residente de la fundación Vonderex, que el exgerente del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, utilizó como parte de su red de sociedades para lavar el dinero de las coimas.
Es la misma ingeniería de lavado que involucra a los hermanos Jorge y Raúl Davies Cellini, que están presos en Montevideo a la espera del proceso de extradición que se inició desde Brasil, cuando fueron detenidos en el marco de la operación “Cambio Desligo” (“Cambio y fuera”), contra medio centenar de cambistas brasileños.
El “influyente” abogado
Hincapié Corcó (derecha) junto al subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri, el pasado lunes 7 de mayo.
Luis Miguel Hincapié Corcó ocupa cargos en el gobierno panameño desde 2010, siete años después de haber ingresado como socio al poderoso estudio local Morgan & Morgan. Actualmente sigue integrando el bufete, aunque según su currículum oficial está en uso de licencia.
Cuando se produjo su primer nombramiento en el gobierno, el diario La Estrella de Panamá (uno de los principales medios locales) informó de la noticia bajo el título “
Influyente abogado es nuevo viceministro”.
Después de su primera designación con 34 años, Hincapié Corcó fue alternando puestos de jerarquía en el gobierno, hasta llegar a su actual sitio como viceministro de Relaciones Exteriores.
La
página web de la Cancillería panameña dice que el funcionario
“también asesora a clientes en las áreas de fideicomisos, fundaciones de interés privado y contratos en general”, actividad que lo ha llevado a vincularse con Uruguay más allá de sus obligaciones gubernamentales.
Según pudo constatar
Sudestada, Hincapié aparece desde 2009 como agente representante del estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales al momento de la creación de más de 30 sociedades offshore y fundaciones privadas. Según consta también en los archivos conocidos como “Panamá papers”, el abogado devenido gobernante participó en decenas de procesos similares con fundaciones y sociedades offshore.
Una de esas empresas ha sido utilizada como parte de la red que permitió lavar millones de dólares al exgerente del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cuñat Cerveró, quien utilizó la opaca plaza financiera uruguaya para blanquear millones en sobornos.
Vonderex e Interbaltic
El caso de la sociedad de bolsa Interbaltic fue denunciado en 2015 a la Justicia penal por el Banco Central del Uruguay, luego de haber dispuesto su intervención y sustitución de autoridades el 25 de julio de aquel año.
La decisión del BCU se adoptó tras constatar que sus propietarios, Jorge Davies Cellini y Eduardo Brande Winocur, habían omitido sus responsabilidades de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de Cerveró. Las maniobras se realizaron cuando el asunto ya había sido profusamente ventilado por la prensa brasileña y ya se sabía que Cerveró era uno de los principales corruptos del escándalo conocido como “
Lava Jato”.
El director de la Secretaría Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Daniel Espinosa, explicó a radio El Espectador los motivos de aquella medida.
“Hace tres años el BCU resolvió cancelar, cerrar la autorización de la sociedad de Bolsa Interbaltic por operaciones relacionadas con Brasil, con el caso Petrobras, en el que se consideró que había habido una muy mala actuación de parte de la institución y el banco canceló la autorización y realizó la denuncia penal”, recordó Espinosa, quien en aquel momento era el director de la Unidad de Asesoría e Inteligencia Financiera (UAIF) del BCU.
Espinosa explicó que Interbaltic
“manejaba fondos de Néstor Cuñat Cerveró, un alto directivo de Petrobras, que tenía unos fondos acá producto de la corrupción. Cuando el caso se difundió y lo fueron a acusar (los dueños de la sociedad) no reportaron, devolvieron los fondos (a Cerveró) y luego reportaron al BCU”, lo cual impidió que se recuperara el dinero.
Según consta en el expediente judicial en Brasil al que tuvo acceso
Sudestada, Cerveró construyó una trama de sociedades con el fin de ocultar el destino final de sus fondos, y en esa ingeniería es que aparece el abogado panameño Luis Miguel Hincapié Corcó, como la firma que da origen a Vonderex Foundation, según los documentos que los abogados de Cerveró entregaron en el marco de su acuerdo de colaboración con la Justicia.
Esta fundación privada nació en Panamá el 26 de marzo de 2010 y en ese momento su único patrimonio era la empresa offshore Forbal Investments Inc., una sociedad fantasma creada en Belice, y controlada por Néstor Cerveró y sus hermanos Patricia y Bernardo. En ese momento Forbal tenía un capital de 1.457.184,23 dólares, según el balance al que accedió
Sudestada.
Por lo tanto, Vonderex hacía usufructo de los bienes que ingresaban a Forbal, la offshore que usaba Cerveró con la asistencia del estudio De Posadas, de los doleiros Davies Cellini, y del estudio Algorta & Asociados, a fin de lavar el dinero que provenía de las coimas obtenidas por la corrupción en Petrobras.
El Consejo de Vonderex estaba integrado por el abogado uruguayo Luis María Piñeyrúa Pittaluga, empleado del estudio Posadas & Vecino (fundador fiduciario de la fundación), y por otra empresa fantasma, la SA Metropole Corporation, que aparece cumpliendo el mismo rol en 434 sociedades panameñas. El abogado que firmó la documentación fue Luis Miguel Hincapié Corcó, en su rol de “agente residente” en Panamá.
El acuerdo de transparencia
El pasado lunes 7 Uruguay y Panamá
suscribieron un acuerdo con el fin de iniciar el intercambio de información en materia tributaria, que incluirá el intercambio de información sobre cuentas financieras correspondiente al año 2017.
La firma de este documento deriva en el retiro de Panamá de las listas de países de baja o nula tributación (que había sido confirmada el marzo del año 2017 mediante la
resolución 1315/2017), es decir aquellos “no colaborantes” con el combate al lavado de dinero.
En contrapartida, la nación caribeña excluyó a Uruguay de la lista de países que “discriminan” a Panamá.
(*) Este artículo es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info (Venezuela), LA NACION (Argentina), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México) e IDL-Reporteros (Perú).