Foto: Dante Fernández/FocoUy


Pablo Alfano y Víctor L. Bacchetta

Dos rigurosos cuestionamientos formales a la actuación del Ministerio de Ambiente en el proyecto Neptuno surgieron en los últimos días. Por un lado, una petición apoyada por unas 400 firmas de vecinos y pobladores del área afectada demanda el rechazo de la autorización ambiental. Por otra parte, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) manifestó “su profunda preocupación por la dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnicos-científicos de esta propuesta”.

Desde el 24 de julio pasado, la idea de extraer de agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí, en el departamento de San José, para el suministro de agua potable a Montevideo y la región metropolitana, conocida como proyecto Neptuno, se encuentra inmersa en un litigio judicial donde se ordenó a OSE no innovar y suspender la firma del contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, constituido por las empresas Ciemsa, Fast Industria y Comercio Ltda, Saceem y Berkes.

A pesar de este juicio que continúa en curso, el Ministerio de Ambiente continuó el procedimiento de evaluación por el cual se decide si otorga o no la Autorización Ambiental Previa (AAP) de este emprendimiento comercial, que plantea potabilizar el agua del Río de la Plata, y en la vía de los hechos constituye una privatización de este recurso natural.

De acuerdo con la normativa, esta autorización es requerida para iniciar cualquier actividad relacionada con el proyecto. No obstante, sin contar con la AAP y sin reparos del ministerio, OSE siguió adelante con los trámites de expropiación de los padrones que ocuparía el proyecto en la zona.

En forma paralela, el Ministerio de Ambiente dio nuevos pasos en el trámite de evaluación y el 28 de agosto pasado inició la Puesta de Manifiesto del proyecto, que consiste en poner a consideración del público por 20 días hábiles el Informe Ambiental Resumen (IAR). Sin que se haya completado cabalmente esta etapa, el ministerio convocó la audiencia pública para el próximo jueves 3 de octubre, acercándose así, en forma acelerada, a la resolución final de la autorización ambiental.

Es en este contexto fue que, en los últimos días, aparecieron estos dos fuertes cuestionamientos formales a la actuación del Ministerio de Ambiente. Por un lado, integrantes de la Facultad de Ciencias manifiesta su profunda preocupación “su profunda preocupación” por el proceso que “obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnicos-científicos de esta propuesta”.

Los científicos solicitan al “Ministerio de Ambiente actuar con responsabilidad, garantizando los cometidos que le adjudica la Ley Nº 16.466 (la ley de evaluación ambiental)y decretos reglamentarios, y proceda a analizar en profundidad las preguntas, sugerencias y dudas que genera este proyecto en la etapa de manifiesto público, y dé respuesta a todas estas cuestiones como etapa previa a la audiencia pública programada”.


Para los académicos “los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, desvirtúan completamente el sentido de la audiencia pública, donde tanto el proponente como el Estado, deben analizar el conjunto de preguntas planteadas por la población en la etapa de manifiesto y realizar las respuestas para cada una de las observaciones y preguntas realizadas; proceso que enriquece los resultados de la audiencia pública con insumos fundamentales para la posterior evaluación del proyecto y su viabilidad como ha quedado de manifiesto en la reciente audiencia pública de Punta Ballena”.

Sin embargo, “el Ministerio de Ambiente en sentido contrario, decidió obstaculizar el normal desempeño del proceso de participación de la ciudadanía en la evaluación de un proyecto que genera muchas críticas e incertidumbres en torno a su viabilidad”, señala la declaración del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA).

Los científicos recordaron que “en la década de 1970 para una propuesta similar emplazada en esa zona, los propios técnicos de OSE se habían manifestado contrarios, en épocas en que incluso el deterioro de la fuente de agua bruta no se había manifestado con tanta intensidad”.

Propuesta de “alto riesgo”

Por otra parte, una petición apoyada por unas 400 firmas de vecinos y pobladores de Arazatí y del área afectada demandan que las autoridades rechacen esta autorización ambiental. Los residentes del departamento de San José señalan en su petición “que resulta insólito que con un juicio y una medida cautelar de no innovar mediante y pendiente de resolución definitiva, igualmente se pretende aprobar este proyecto por el Ministerio de Ambiente quien es el organismo competente y responsable de controlar y proteger nuestro medio ambiente”.

“También nos resulta sorprendente y preocupante la información insuficiente, imprecisa, poco clara, de difícil comprensión para la población en general que se publica en el IAR, por tanto, incomprensible para cualquier ciudadano de que se trata el proyecto y cuales serán sus impactos”, sostienen los vecinos en la misiva presentada por la abogada Carolina Neme.

“No se puede apreciar ni visualizar claramente ni las dimensiones totales del proyecto, cuantas hectáreas totales abarca, si bien se hace una lista de los padrones involucrados no se identifican precisamente los propietarios donde se ejecutará el proyecto, como lo exige la normativa de evaluación de impacto ambiental”, señala el escrito, de 44 páginas, al que accedió Sudestada.

Los vecinos afirman que “tampoco se informa sobre las dimensiones del área de influencia directa ni indirecta, donde se ubica cada componente, población, categoría de suelo, padrones a expropiar y servidumbres como el sector productivo, no hay datos cuantitativos que nos permitan dimensionar el proyecto en su conjunto”.

Los residentes mencionan en la carta varios estudios que muestran la cantidad de cianobacterias existentes en el agua en esa zona del Río de la Plata y también incluyen un trabajo realizado en 2023 por la Asociación de Limnología del Uruguay que consideró que este emprendimiento comercial no cumplirá con el objetivo de reforzar el sistema de abastecimiento metropolitano y demás espacios abastecidos por la planta de Aguas Corrientes.


Aguas Corrientes Foto: Gastón Britos/FocoUy

“Por lo tanto, consideramos que esta propuesta no disminuirá la vulnerabilidad del suministro de agua potable ni contribuirá a proteger las fuentes de agua dulce utilizadas actualmente”, señalan.

Por estos motivos, los vecinos demandan que “se desestime la Autorización Ambiental Previa solicitada por la empresa consorcio Aguas de Montevideo (…) porque consideramos de alto riesgo la aprobación de este proyecto, riesgos en su emplazamiento y formalidades para su aprobación, principalmente porque se está violando el artículo 47 de la Constitución, ya que como expresamos de forma inconstitucional el proyecto Neptuno-Arazatí confía la operación de la toma de captación de agua bruta y del reservorio de agua, además del mantenimiento de todo el proceso, a empresas privadas”.

Los pobladores consideran que “el Ministerio de Ambiente, máxima autoridad nacional con competencias en cuidar nuestro medio ambiente debe aplicar más que nunca el principio precautorio” que “establece que, ante la posibilidad de un daño grave al medio ambiente, se deben tomar medidas preventivas incluso si no existe certeza científica absoluta sobre la ocurrencia de dicho daño”.