Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

El viernes de la semana pasada terminó la visita a Uruguay de una delegación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), una organización intergubernamental regional para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta instancia de evaluación busca establecer el grado de cumplimiento del país con los estándares internacionales en la materia.

En una evaluación primaria, la delegación señaló algunas "fortalezas" de Uruguay, lo cual le dio "confianza" al gobierno. Sin embargo, la institución también encontró algunos puntos débiles relacionados con la "efectividad" del cumplimiento de la nueva legislación o algunas deficiencias en la redacción de la nueva Ley Integral contra el Financiamiento del Terrorismo, que terminó de aprobarse a las corridas la semana pasada.

Después de esta visita Uruguay entró en la fase de “intercambio de borradores” con Gafilat, previa a la reunión plenaria de diciembre en Lima. Allí se aprobará el informe final sobre el cumplimiento de las recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la semana que duró la estadía del grupo evaluador se realizaron 42 reuniones y se entrevistaron a 180 personas, 110 integrantes de organismos públicos y 70 del ámbito privado. Entre estos últimos hubo representantes de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como colectivos profesionales, inmobiliarias, casinos, rematadores, casas de arte y hasta el oficial de cumplimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Durante la visita hubo una carrera contrarreloj para aprobar la ley integral contra el Financiamiento del Terrorismo, una norma requerida dentro de los estándares internacionales para proteger la integridad del sistema financiero global. El martes 14 el parlamento finalmente sancionó la norma, que una semana antes había sido votada en el Senado, luego de más de un año de parálisis legislativa.

De inmediato, el miércoles 15, la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y el jueves 16 se aprobó el decreto reglamentario. Sin tiempo que perder para llegar (sobre la hora) a incluir la novedad en el informe de Gafilat, cuya delegación se iba del país al día siguiente. Es que según este mecanismo de evaluación, lo que no sucede mientras los visitantes están en el país no entra en su consideración, y la falta de esa ley iba a generar cuestionamientos severos al momento de la evaluación final.

Ese mismo viernes 17 el Estado uruguayo tuvo el primer atisbo de la imagen que se llevaron los evaluadores (tres miembros de la secretaría técnica de Gafilat y cinco representantes de Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá y República Dominicana), durante una reunión de algo más de una hora en la que se adelantaron algunos elementos del diagnóstico.

La cuestión de la “efectividad”

Daniel Espinosa, director de la Senaclaft. Foto: Presidencia Uruguay. 

En el gobierno existe “confianza” de que se reconocerán los “avances” registrados en el país en los últimos años, dijo a Sudestada Daniel Espinosa, el titular de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), una oficina que depende de la Presidencia de la República.

El funcionario destacó que en la última charla con la misión de Gafilat se destacaron las “fortalezas” que tiene hoy el país, especialmente en materia de “cumplimiento técnico”, que refiere al “marco jurídico e institucional relevante del país, y los poderes y procedimientos de las autoridades competentes”.

En esto incide la aprobación en el último lustro de importantes reformas legislativas como el nuevo Código del Proceso Penal y las leyes de inclusión financiera, contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, consideró Espinosa.

Las calificaciones de cumplimiento de las recomendaciones van, en orden descendente, desde “Cumplida” a “Mayoritariamente cumplida”, “Parcialmente cumplida” y “No cumplida”.

Sobre otros aspectos hubo “observaciones genéricas”, explicó Espinosa, y es allí donde podrían aparecer los flancos más “problemáticos” del informe, particularmente lo referido a la “efectividad”, es decir, la forma en que “el marco legal e institucional produce los resultados previstos” de combate a estos crímenes.

Esto refiere, entre otros indicadores, a la cantidad de procesos judiciales iniciados por lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en cuántos y en qué tipos de sectores de actividad, así como la “idoneidad de la implementación” de las recomendaciones de Gafilat.

La “efectividad” se califica en cuatro niveles: “Alto”, “Sustancial”, “Moderado” y “Bajo”. Tener un nivel “Bajo” de efectividad en más de uno de los aspectos “fundamentales” de la evaluación puede afectar de manera negativa la situación general del país en el documento definitivo, comentó el funcionario de Presidencia.

Si bien ahora se visualiza de forma más optimista el panorama, en los días previos a la visita de la delegación internacional en el gobierno se pensó que existía riesgo de que no estuvieran los votos en el parlamento para la aprobación de la ley contra el financiamiento del terrorismo. Distintos sectores del oficialismo se mostraban reticentes a varias de sus nuevas disposiciones, pero finalmente levantaron la mano en la Cámara de Representantes.

De hecho el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo, que tenía más de 50 artículos, finalmente terminó siendo aprobado con 19. Así, dejó de ser una “ley integral” que tenía la intención inicial de compilar y actualizar toda la normativa en la materia, y en muchos de sus artículos terminó siendo un ejercicio de “reenvío normativo”, refiriendo a disposiciones de leyes que se pretendían actualizar.

Ida y vuelta de borradores 

La primera señal concreta sobre el resultado de este trabajo de los últimos años para acompasar la legislación local a los requerimientos internacionales llegará el 27 de junio próximo cuando se conozca el primer borrador del informe de los evaluadores -con carácter confidencial- que Uruguay tiene tiempo de responder hasta el 9 de agosto.

En base a esa réplica que haga el Estado, Gafilat tiene a su vez hasta el 30 de ese mes para concluir un segundo borrador respecto a la situación del país. Allí se abre un nuevo plazo, hasta el 20 de setiembre, para que las autoridades uruguayas hagan sus descargos.

El 1° de octubre se realizará lo que se conoce como “cara a cara”, en Buenos Aires, donde los representantes del organismo internacional y de Uruguay se encuentran en una misma mesa para evaluar durante dos días las diferentes posturas respecto al cumplimiento de las recomendaciones. De ese encuentro surge un tercer y definitivo documento con la evaluación del país, que se presenta y se discute en el plenario anual de Gafilat, que este año se realizará en Lima, Perú, en el mes de diciembre.

Es en esa reunión, en base al documento elaborado luego de todo este largo proceso, que se decide si Uruguay es considerado un país que cumple con los estándares o si ingresa en un proceso de seguimiento que puede durar un año más (en algunos casos, como el de Costa Rica, puede durar hasta dos) y que tiene el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los compromisos faltantes.