Al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad. Foto: Gastón Britos/FocoUy

El nuevo proceso penal de tipo acusatorio, que comenzó a implementarse en el país el 1° de noviembre de 2017, aumentó su eficiencia con el paso del tiempo, según varios datos del informe “Principales indicadores del sistema penal uruguayo. Informe del primer semestre de 2019”, elaborado por el director del Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, el politólogo Diego Gonnet.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró que creció la cantidad de personas privadas de libertad a 20 meses de iniciada la implementación del Código del Proceso Penal y que el 65% de los presos ya tiene sentencia de condena definitiva, una situación exactamente al revés que antes que comenzara a funcionar el nuevo sistema.

Díaz explicó que entre febrero y junio de este año se lograron 28,3% más de imputaciones de adultos por denuncias de hurto y un 42,1% más por denuncias de rapiña que durante 2017.

El análisis del desempeño del sistema penal uruguayo en el primer semestre de 2019 señala que “la capacidad para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos ha crecido desde el inicio de la implementación el Código del Proceso Penal y es actualmente mayor que en años anteriores en el marco del sistema inquisitivo”.

La cantidad mensual de imputaciones de personas es en promedio 8,6% mayor que en iguales meses de 2017 y un 35,6% superior a la del año 2014, destaca el informe de la Fiscalía. “En particular, la persecución de hurtos y rapiñas ha sido consistentemente más exitosa en el marco del Código del Proceso Penal, ya desde el segundo trimestre de 2018. En promedio, entre febrero y junio de 2019 se lograron 28,3% más imputaciones de adultos por denuncias de hurto y 42,1% más por denuncias de rapiña que en 2017”, indica.



Por otra parte, el 55,8% de las investigaciones de homicidios cometidos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018 “tiene al menos un imputado, condenado o se extinguieron por fallecimiento del mismo, al 14/07/2019”, agrega.

“En general, la mayor productividad del Código del Proceso Penal ha permitido que el porcentaje de denuncias con al menos un imputado o resueltas por vía alternativa iguale o supere en el primer semestre de 2019 los niveles de años anteriores, pese al incremento notorio en la cantidad de denuncias registradas entre 2017 y 2018”, señala el documento.

Díaz manifestó que del trabajo estadístico se desprende que se mantiene la expectativa de que los niveles de resolución de denuncias puedan seguir mejorando a medida que este nuevo sistema madura y todos los operadores involucrados (Fiscalía, Ministerio del Interior y Poder Judicial) mejoran su desempeño.

El informe también destaca que “más del 70% de las denuncias se resolvió mediante condena para al menos uno de los imputados, la inmensa mayoría de las cuales supone pena de prisión efectiva”.

En cuanto a los juicios orales el estudio señala que “la tendencia verificada en Uruguay es perfectamente compatible con la observada en otros países que llevaron adelante reformas procesales similares. En efecto, para el primer semestre de 2019 los juicios orales concluidos o en curso (con acusación realizada) representaron el 5,0% de las investigaciones formalizadas. O dicho de otra manera, a 20 meses de iniciada la implementación del Código del Proceso Penal en Uruguay, el 2,5% de las investigaciones se resolvieron por un juicio oral concluido, mientras que en Chile, a nueve años de iniciada la reforma procesal ese porcentaje alcanzaba el 3,4%”.

El trabajo confirma una mayor eficiencia del sistema acusatorio en términos de la rapidez con que se resuelven judicialmente las investigaciones. “Mientras que en 2017 los procesos penales inquisitivos duraban en promedio 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en Montevideo, esa extensión promedio fue de 23,7 días para las investigaciones en el marco del Código del Proceso Penal culminadas en el primer semestre de 2019”.

Por otra parte, el informe consigna que el alto porcentaje de personas privadas de libertad sin condena y el tiempo en que se mantenía esa situación constituían un problema histórico en Uruguay, que vulneraba el principio de presunción de inocencia.

A fines de 2017 el 69,8% de los adultos privados de libertad permanecían sin condena. El Código del Proceso Penal permitió que en 11 meses la cantidad de adultos penados en las cárceles uruguayas superara por primera vez la de aquellos con prisión preventiva. Y en junio de 2019 poco más de uno de cada tres privados de libertad permanecía en régimen de prisión preventiva, señala el trabajo.

El fiscal Díaz dijo que este aumento en la cantidad de personas privadas de libertad indica que el nuevo proceso penal no es más benigno que el anterior. El informe señala que se verificó un descenso de la cantidad de personas privados de libertad desde 6 meses antes de comenzar a aplicarse el Código del Proceso Penal, que se profundizó y continuó hasta junio de 2018. Pero esa baja parece obedecer fundamentalmente a que los diferentes operadores involucrados (Fiscalías, Policía, Juzgados, Defensoría, Instituto Técnico Forense, entre otros.) necesitaron unos meses para adaptarse a los nuevos procesos de trabajo.

Posteriormente se retomó la tendencia histórica de crecimiento y al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad, sólo un 1,2% menos que el máximo histórico registrado en abril de 2017, señaló Díaz.

“Esto coloca nuevamente a Uruguay ante la perspectiva de mantener una de las tasas de prisionización más altas del mundo -con todos los costos sociales, económicos que conlleva- sin que esto genere en el largo plazo un correlato de disminución en la cantidad de delitos ocurridos”, señala el trabajo de la Fiscalía.

La creatividad uruguaya y la cocaína

Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y fiscal general Jorge Díaz.

Por otra parte, el fiscal de Corte aseguró que la utilización del país como tránsito de clorhidrato de cocaína a Europa no es nueva y en ese sentido dijo que los uruguayos inventaron varias formas de traficar droga hacia el viejo continente.

“La utilización del país como tránsito de mercadería de cocaína a Europa no es nueva, ustedes me conocieron como juez del Crimen Organizado realizando investigaciones de ese tipo. La utilización de contenedores con mercadería que pasa por canal verde por las aduanas para exportar cocaína no es nueva. Los uruguayos inventaron llevar cocaína dentro de cargamentos de carne a Europa, inventaron llevar cocaína dentro de cargamentos de pescado, dentro de cargamentos de lana, ahora parece que inventamos llevar cocaína dentro de cargamentos de soja a Europa", afirmó Díaz. 

El jerarca señaló que "toda aquella mercadería que de alguna manera pase por canal verde por la aduana sin revisión física es una tentación para que estos grupos la utilicen para llevar cocaína. Eso se llama matriz de riesgo, ahí la Fiscalía no participa, todos sabemos que pasar por un escáner todos los contenedores es imposible pero tiene que haber una matriz de riesgo que diga cuáles son los contenedores de cualquiera de los tres canales que tengan que pasar por el escáner”.