Tiempo estimado de lectura:
04/05/2017

Venció el plazo del Mvotma y la empresa Efice incumplió la intimación

Mientras Uruguay enfrenta demoras en la reconversión de la industria de cloro con mercurio, una planta similar en Argentina lo hizo y está libre de contaminación. 
Víctor L. Bacchetta

Uruguay fue gestor y firmante en 2013 del Convenio de Minamata que fijó en 2025 el plazo para cerrar las industrias con emisiones de mercurio como consecuencia de los graves incidentes de contaminación ocurridos en el mundo en los años precedentes. En nuestro país, sin embargo, las demoras en concretar este proceso parecen hacer justicia a aquel refrán que dice "en casa de herrero, cuchillo de palo".

El estado uruguayo tomó conciencia de los impactos del mercurio a fines de la década de 1980 y comenzó a aplicar medidas para reducir y controlar sus efectos, que se dan en una serie de actividades y elementos de uso común, como la producción de cemento y celulosa, los termómetros, entre otras. De todas maneras, la producción de cloro-soda está al frente con 82% de las liberaciones de mercurio en el país.



Desde 1959 hasta el presente, Efice ha sido la industria que provee de cloro y soda cáustica al Uruguay utilizando una tecnología con insumo de mercurio que, a esta altura, es considerada obsoleta. A finales de los años 1970 se puso en práctica una tecnología con celdas de membrana, que elimina por completo los riesgos para la salud humana y el ambiente de las emisiones y residuos del mercurio.

Efice ha alegado que existe poca información disponible en bibliografía y ausencia de experiencias en este país, algo obvio porque ésta sería la primera vez. Sin embargo, la reconversión de las tecnologías que usaban mercurio ha avanzado rápidamente en el mundo, incluso en países vecinos. Sudestada estuvo en la Argentina para conocer el caso de Transclor, una industria casi hermana de la uruguaya.

Idas y venidas de Dinama y Efice


Depósito de residuos de la producción de cloro en la planta industrial de Efice

En agosto de 2011, Efice presentó a la Dinama la solicitud de Autorización Ambiental Especial (AAE) de la ampliación de su planta industrial para pasar a producir cloro y soda con tecnología limpia de membrana y desmantelar la instalación con celdas de mercurio. Estos planes quedaron en suspenso en 2014, cuando la empresa estuvo con riesgo de cerrar, pero fueron retomados en el año siguiente.

En setiembre de 2015, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) solicitó a Efice que presentara en dos meses el Plan de Desmantelamiento de Instalaciones y Equipos. Eso incluía un cronograma del proceso y sus responsables, el análisis de suelos, paredes y equipos, plan de contingencia, el tratamiento y destino final de los residuos contaminados y el mercurio a recuperar de las celdas, que era estimado en 26 toneladas.

En noviembre, Efice respondió que había iniciado consultas con las organizaciones internacionales que recogen experiencia en este sentido "debido a que la poca información disponible en bibliografía y la ausencia de experiencias en nuestro país, no posibilita profundizar con el nivel de detalle requerido". A la vez, la empresa pidió un tiempo adicional de 60 días para entregar la información solicitada.

En febrero de 2016, Efice entregó su Plan de Desmantelamiento. "El mayor impacto es la generación de residuos sólidos para los cuales se ha planteado la recuperación de algunos y la disposición final en la Celda de Seguridad de la CIU (Cámara de Industrias del Uruguay) para otros", dice el informe presentado con criterios generales de actuación en cada sector de la planta y un cronograma estimando en 35 meses la ejecución de las tareas.

El 19 de julio, la Dinama envió a Efice la primera comunicación de que, en vista de la ratificación por Uruguay del Convenio de Minamata y de los antecedentes sobre los monitoreos en los suelos de la planta industrial, la producción utilizando celdas con mercurio "deberá cesar en un plazo máximo de 5 años, debiendo contemplarse este plazo en el cronograma de adecuación de la tecnología de producción".

Efice respondió que ajustes técnicos y de costos le llevarían unos 90 días más. Agregó que "proyectos de esta envergadura pueden sufrir retrasos o dificultades", se apoyó en que el plazo del Convenio vence en 2025 y solicitó "comprensión de las autoridades ambientales" ante eventuales retrasos e imprevistos. Para la Dinama, la empresa no asumía el plazo fijado y le reiteró la intimación en setiembre.





Sorpresivamente, en noviembre, con presencia de altas autoridades, Efice presentó el Proyecto Omega de reconversión y ampliación de su planta, con una inversión de 300 millones de dólares. Pero algunos detalles hacían dudar de la solidez del anuncio: era el mismo plan de 2011, tenía la autorización ambiental pendiente y no contaba con el capital a pesar de habérsele otorgado las máximas exenciones tributarias.

A comienzos de 2017, las dilatorias en concretar las acciones requeridas condujeron a una dura advertencia de las autoridades ambientales.



La tensión aflojó en parte a fines de marzo, cuando Efice comenzó a construir el cerco indicado por la Dinama para clausurar definitivamente una zona del terreno vecino de la planta industrial donde estuvo vertiendo sus efluentes y residuos sólidos entre 1959 y 1992.

Sin embargo, vencido el martes 2 de mayo el plazo de tres meses dado a la empresa Efice por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Sudestada confirmó que la obra está lejos de ser concluida, como puede verse en las siguientes fotografias.






Vencido el 2 de mayo el plazo de tres meses dado a Efice por el MVOTMA la obra fue iniciada recién a fines de marzo y está lejos de ser concluida

Experiencia del otro lado del río


En Argentina, la empresa Transclor, que inició sus actividades comerciando con Efice y sigue haciéndolo hasta hoy, en 1989 montó su propia fábrica de cloro en una réplica de la planta uruguaya. Pero en 2007 comenzó el desmantelamiento de las celdas con mercurio, en cinco años concluyó este proceso y en la actualidad produce unas 180 toneladas de cloro y 200 de soda por día con tecnología de membrana.

La reconversión de Transclor fue exigida por los clientes y las autoridades argentinas ante desastres provocados por la industria química. Uno de los casos más graves fue el de INDUPA (del Grupo Solvay), en la localidad de Cinco Saltos, que comenzó en 1948 a producir fertilizantes con destino al agro y la ganadería, pero debió ser cerrada en los años 80 luego de haber generado un enorme pasivo ambiental.

La empresa que era el sinónimo de progreso en el Alto Valle de la sureña Provincia de Río Negro dejó un cementerio químico de 53 hectáreas con 176 toneladas de tierra contaminada con mercurio, 208 toneladas de grafito de celdas, 232 toneladas de carbón catalítico y 80 toneladas de sólido de pilas. Solo del suelo donde estaba la planta de electrólisis se sacaron más de 10 toneladas de mercurio.

En el Parque Industrial Pilar, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, Transclor instaló 30 celdas con cátodos de mercurio que producían diariamente 44 toneladas de cloro y 50 de soda. Los efluentes descontaminados eran vertidos en un arroyo tributario del río Luján. En 2000 comenzó a montar electrolizadores de membrana de origen alemán, mientras mantenía paralelamente las celdas con mercurio.

En 2007 paró definitivamente la producción con mercurio y, con los mismos obreros, se comenzó el desmantelamiento. Cubas, celdas, electrodos, estructuras de hierro y cemento, parte del suelo, arena de hidrolavado, entre otros insumos, fueron desarmados, aislados y enviados a la disposición final de residuos peligrosos, junto con uniformes, guantes, zapatos, herramientas y otros elementos protectores utilizados.

Desmontar la sección llevó poco más de un año, pero la descontaminación del lugar se prolongó hasta 2012, explicaron obreros que lo vivieron. Sudestada pidió a la empresa Transclor una entrevista para conocer su experiencia de reconversión pero el pedido no fue aceptado. La información proviene de trabajadores de esa planta industrial que, por razones comprensibles, pidieron guardar el anonimato.

El sistema de licuación y depósito de cloro pudo ser reutilizado porque no arrastra mercurio. Solo se recuperaron y vendieron unas 27 toneladas de placas de cobre luego de ser descontaminadas mediante hidro-arenado.

No pueden caber dudas de que el desarmado, la descontaminación y disposición final de la estructura y los residuos de una planta de mercurio es una acción especial y de mucho cuidado pero, al fin y al cabo, la experiencia de reconversión tecnológica de Transclor en Argentina es un ejemplo de que ese proceso no puede ser tan complejo, difícil y poco conocido como parece plantearse en el caso uruguayo.

Mientras tanto, las nuevas exigencias ambientales se afianzan y están cambiando la realidad del país también en la industria del cloro. A fines de abril, la empresa Alliance presentó en el Parque Industrial de Pando la inauguración de las obras de la primera planta con tecnología de membrana. Es una inversión de 8,3 millones de dólares que comenzará produciendo unas siete toneladas diarias de cloro.

"Uruguay tendrá su primera planta productora de cloro amigable con el medio ambiente", se informó desde el portal de la Presidencia de la República, con detalles de la ceremonia en la que participaron el subsecretario de Industria Guillermo Moncecchi y el intendente de Canelones Yamandú Orsi. 

Herencia del desastre de Minamata


Protestas contra la Compañía Química Chisso, enfrente de la planta cerca de Tokio, durante las audiencias en 1971 del Comité de Contaminación

La Enfermedad de Minamata fue identificada hace 50 años en Japón, pero miles de víctimas están luchando aún por una compensación de la empresa que descargó mercurio letal en sus zonas de pesca. 

En mayo de 1956, cuatro pacientes de la ciudad de Minamata, en la costa oeste de la isla japonesa meridional de Kyushu, fueron ingresados en el hospital local con los mismos síntomas severos y sorprendentes. Registraban una fiebre muy alta, convulsiones, psicosis, pérdida de conciencia, coma y finalmente fallecieron. Poco después, otros trece pacientes de los pueblos pesqueros cercanos a Minamata sufrieron los mismos síntomas y también murieron.

Con el paso del tiempo, los médicos estaban desconcertados porque más personas se enfermaron y muchos fallecieron. Una manifestación de los pescadores locales en 1959 obligó finalmente al gobierno a investigar el origen de las enfermedades y se concluyó que era el envenenamiento por mercurio. Demoró 12 años que se admitiera oficialmente la causa de la contaminación y se ordenara a la petroquímica Chisso la suspensión del vertido en la bahía de Minamata.

Los defensores de la planta química argumentaban que no eran responsables de lo sucedido porque la fábrica de fertilizantes estaba en funcionamiento desde 1907 sin haber registrado tales problemas en las décadas anteriores. Recién en 1995 se dio a conocer públicamente que la planta había modificado sus operaciones en agosto de 1951 y comenzado a verter grandes cantidades de mercurio directamente en la Bahía de Minamata sólo a partir de ese momento.

En total, fueron 900 personas fallecidas y 2.265 personas enfermas certificadas como directamente afectadas por el envenenamiento con mercurio, conocido actualmente como la Enfermedad de Minamata. Más allá del tratamiento médico, las víctimas que se recuperaban a menudo eran socialmente marginadas, al igual que por los otros integrantes de sus familias, porque muchas personas de la comunidad creían erróneamente que la enfermedad era contagiosa.

El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alentó a los estados miembros a "firmar, ratificar y aplicar sin demora el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que contempla medidas jurídicamente vinculantes de ámbito internacional para hacer frente a los riesgos que conllevan el mercurio y los compuestos del mercurio para la salud humana y el medio ambiente".

El Convenio de Minamata fue firmado por 128 países. El 27 de abril, el Congreso argentino ratificó el acuerdo y, hasta la fecha, lo han hecho 43 de los 50 países necesarios para que entre en vigor. La Primera Conferencia de las Partes del Convenio está prevista para fines de setiembre en Ginebra, Suiza.