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21/09/2017

La ruptura de Cataluña desafìa al gobierno y el estado españoles

El independentismo catalán ha llegado a una instancia decisiva que pone en juego no solo el centralismo histórico de Madrid sino las condiciones de existencia del estado español


Víctor L. Bacchetta, desde Barcelona

Cuando el debate se sustenta en lógicas distintas es imposible lograr acuerdos. Esto ocurre hoy en el conflicto desatado por la convocatoria de Cataluña a un referéndum para decidir si se independiza o no de España. Para el gobierno español esa decisión es inconstitucional, para los catalanes es ejercer su derecho a la autodeterminación. En tales condiciones, la confrontación se ha vuelto inevitable.

Para entender este conflicto hay que remontarse a la historia de, por lo menos, cuatro siglos atrás. Historia de una lucha constante entre dos lógicas de poder contrapuestas: entre imperio o nación, monarquía o república, dictadura o democracia, totalitarismo o libertad. Es un ejemplo más de la lucha universal por el derecho de un pueblo a decidir su destino, aunque con unas características muy peculiares.

La fuerza principal del independentismo catalán hoy es el alto grado de organización y participación de la sociedad civil. Muchos lo tratan como un conflicto entre gobiernos y partidos, pero la contundencia de ese independentismo proviene de una movilización masiva sin precedentes, que se diferencia incluso de otras luchas similares dentro de España como el caso de la guerrilla de ETA en el País Vasco.

Nacionalismo republicano



El himno oficial de Cataluña, ‘Los segadores’, evoca un levantamiento en armas de 1640 contra el rey Felipe IV, donde los campesinos fueron protagonistas relevantes de la rebelión. Los catalanes proclamaron entonces la primera república independiente, bajo protectorado francés. La monarquía española reconoció su Constitución en 1641, pero la abolió en 1659, al firmarse un tratado de paz entre España y Francia.

Con Felipe V, ganador de la guerra de sucesión, los Borbones accedieron por líneas de sangre al trono de España. Felipe V abolió las leyes y constituciones propias de Cataluña, que se volvió un territorio español más. No obstante, la región vivió un auge económico, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVIII, reflejado en el aumento demográfico y la creación de una fábrica de papel y una industria textil en Girona.

A principios del siglo XIX, contrastando con la situación económica y social de España, la prolongada expansión de Cataluña generó una conciencia colectiva y la reivindicación de un plan político catalán. Con la ocupación napoleónica de 1809, Cataluña se vuelve una provincia del sistema federal francés, pero España la somete nuevamente al recuperar la independencia en 1814, bajo la monarquía absoluta de Fernando VII.

Durante el siglo XIX, Cataluña se modernizó al ritmo de la revolución industrial y nació un movimiento obrero limitado sólo a esta región. Paralelamente, surgen las primeras organizaciones políticas del catalanismo que comienzan a reclamar al rey autonomía política y el uso del catalán como lengua oficial. Mientras tanto, el resto de España todavía seguía preocupada por las sucesiones de la corona real.

Entrando en el siglo XX, la burguesía catalana lucha por una autonomía relativa y las multitudes se rebelan en las ciudades para mejorar condiciones de vida miserables. En 1931, mientras en las elecciones españolas triunfaba una alianza de socialistas y republicanos, en Cataluña lo hizo Esquerra Republicana. En las grandes ciudades se proclamó la República; el rey Alfonso XIII abdico y se fue del país.

El estatuto de autonomía de la segunda república de Cataluña, presentado por el nuevo gobierno de la Generalitat, fue aprobado por las Cortes de Madrid en 1932. En febrero de 1936, el Frente Popular ganó las elecciones españolas y en julio se produjo el alzamiento militar de Francisco Franco contra la República y los intentos revolucionarios. Se desató la guerra civil que se prolongaría hasta el 29 de marzo de 1939.

Cataluña fue el último bastión de la República española, cuyo gobierno se trasladó a Barcelona, pero tras la batalla del Ebro, que duró cuatro meses, las tropas franquistas entraron en Barcelona el 26 de enero de 1939. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, huyó a Francia junto con las tropas republicanas y cientos de miles de refugiados. El 1 de abril 1939, toda España estaba en manos de Franco.

En el Estado Nuevo se prohibió la oposición. Todo lo que pudiera parecerse a repúblicas liberales, llamadas por Franco ‘democracias petrificadas’, fue abolido. Las autonomías de Cataluña y el País Vasco fueron anuladas y prohibido el uso público de la lengua catalana. Capturado en Francia por la Gestapo, Companys fue devuelto a España donde, tras ser preso y torturado, fue finalmente ejecutado el 15 de octubre de 1940.

De una autonomía controlada …


A fines de los años 50, las acciones de sectores intelectuales y obreros reactivaron el nacionalismo catalán y se fue relajando la prohibición de la lengua. De hecho, la protesta catalana se convirtió en la principal crítica al franquismo. El dictador falleció el 20 de noviembre de 1975; Adolfo Suárez lideró la transición democrática que entronizó a Juan Carlos de Borbón, a quien Franco había elegido en lugar de su padre.

En 1979, Cataluña y el País Vasco recuperaron su estatuto de autonomía. El catalán fue aceptado como segunda lengua oficial y Cataluña definida como una “nacionalidad” sin atributos de un estado pleno. Para los catalanes independentistas, el nuevo estatuto era más avanzado que el antecesor de 1932 en ciertos asuntos como enseñanza y cultura, pero inferior en otros tales como justicia, finanzas y orden público.

En los años 80, algunos grupos independentistas catalanes radicales como Terra Lliure (Tierra Libre) realizaron acciones semejantes a las del MLN Tupamaros en Uruguay, sin que lograran un apoyo significativo de la población. ETA incursionó también en Cataluña entre 1982 y 2004, protagonizó una serie de atentados que generaron un fuerte rechazo local y terminó retirándose.

A fines de los 90, el Partido Socialista (PSC) y Esquerra Republicana (ERC) discuten la reforma del estatuto de 1979 con el objetivo de avanzar en el autogobierno y el reconocimiento de la “nación” catalana como parte de una España plural. Tras las elecciones de 2003, aquellos partidos, Iniciativa por Cataluña y los Verdes forman el llamado ‘gobierno tripartito’ e impulsan el cambio del estatuto.

Cuando era oposición, el dirigente del Partido Socialista Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que respetaría el estatuto aprobado por Cataluña. Zapatero llegó a la Presidencia en 2004 con apoyo catalán y el Parlamento de la región votó la reforma en setiembre de 2005, pero al llegar a las Cortes Españolas enfrentó una resistencia feroz del Partido Popular (PP) y sectores del PSOE.

La reforma iba a ser rechazada cuando Zapatero llegó a un acuerdo con la minoría del Parlamento catalán, Convergencia i Unió (CiU), por el cual se eliminó la proclamación de la “nación” y, aunque elevó la cuota fiscal de la Generalitat hasta el 50% del IRPF y el IVA, los impuestos seguirían siendo recaudados por el estado español. El estatuto así modificado fue aprobado por las Cortes en mayo de 2006.

Sometido a un referéndum en Cataluña en junio de 2006, el estatuto obtuvo 73,9% votos por SI; 20,76% por NO y 5,3% en blanco, en una abstención del 50,59%. El socialista Pasqual Maragall, que había liderado la reforma del estatuto y era candidato a la reelección ese año, presionado por el PSOE se retiró. Triunfó CiU y ocupó la Presidencia Artur Mas, quien negociara el acuerdo con Zapatero.

El Partido Popular, cuyo líder Mariano Rajoy había declarado que “no hay más que una nación, la española”, recusó ante el Tribunal Constitucional (TC) 187 de los 223 artículos del estatuto. Cuatro años más tarde, el tribunal anuló 14 artículos y precipitó la reacción catalana. “Somos una nación, nosotros decidimos” fue el lema de la concentración de un millón y medio de personas en Barcelona el 10 de julio de 2010.

… a la independencia unilateral



En las elecciones de noviembre de 2010, CiU ganó de nuevo y Mas se mantuvo en la Generalitat, pero no pudo cumplir su promesa de campaña por el rechazo del gobierno del PP, presidido por Rajoy, a un acuerdo para reducir el déficit fiscal. Cataluña aporta un 19% del PBI (200 mil millones de euros) y 25,5% de las exportaciones españolas, pero está endeudada por la enorme transferencia fiscal a Madrid.

El 30 de abril de 2011, una amplia reunión de ciudadanos en el Palau de Congresos de Barcelona afirmó que, al cabo de más de 30 años, el modelo autonómico español había demostrado ser incapaz de responder a sus expectativas de autogobierno y decidió constituir la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para iniciar un proceso de independencia que llevase a la constitución de un estado propio.

En la Fiesta Nacional o Diada del 11 de setiembre de 2012, la ANC organizó la mayor manifestación a favor de la independencia en la historia de Cataluña. Influido por la movilización social, Mas convocó a elecciones pidiendo el apoyo para convocar una consulta sobre la autodeterminación. Con CiU a la cabeza, la mayoría de los partidos representados en el Parlamento fijó la votación para 2014.

El 9 de noviembre, la Generalitat realizó la consulta no vinculante sobre si Cataluña debía ser un Estado y si ese Estado debía ser independiente. De 2:305.290 votantes, 33% de los electores, 81% votó SI a las dos preguntas; 10% votó SI a la primera y NO a la segunda y 4,54% votó NO a ambas preguntas. Madrid calificó la consulta como “inútil” y el TC la declaró inconstitucional en febrero de 2015.

Mas propuso un acuerdo sobre el referéndum pero Rajoy rechazó cualquier diálogo al respecto. Los partidos independentistas llamaron “plebiscitarias” a las elecciones del 27 de setiembre de 2015 porque, de resultar ganadores, se comprometían a formalizar la separación. Junts pel Sí y CUP, dos coaliciones que van de una derecha moderada a la izquierda radical, formaron la nueva mayoría legislativa.

En agosto de este año, el Parlamento inició el proceso independentista convocando un referéndum vinculante para el 1º de octubre y aprobando la Ley de Transitoriedad que, de ser mayoritario el SI, define los pasos hacia la Asamblea Constituyente del estado catalán. Inmediatamente, el gobierno español consideró ilegales ambas decisiones y comenzó a desplegar todos sus recursos judiciales y policiales.

Presidente del gobierno español Mariano Rajoy. 

La escena parece retroceder a la época del franquismo. El presidente Rajoy advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlamento y a todos aquellos que colaboren o participen en el referéndum que están cometiendo un delito. Los policías buscan urnas de la votación, allanan imprentas y requisan afiches y papeletas, pero los pobladores cantan “¡Votaremos!” y les lanzan claveles rojos.

Las autoridades catalanas alegan que están cumpliendo el mandato popular. Año a año, la presencia en las Diadas convocadas por la ANC no ha decaído y están cada vez más organizadas. La confrontación elegida por el gobierno de Rajoy definirá su suerte y la del estado español. Cataluña está resuelta a subsistir sin España; cómo se arreglaría España sin Cataluña es una incógnita mayor aún.

En las últimas horas la situación se tornó más tensa debido a la declaración "de facto" del Estado de excepcion en Cataluña. La Guardia Civil fue enviada por el gobierno de Rajoy a detener a funcionarios del gobierno catalán que impulsan las movilizaciones y respaldan el referéndum del próximo 1º de octubre mientras allana ministerios sin respaldo constitucional.

El artículo 155 de la Constitución posibilita la intervención de los gobiernos autonóicos con acuerdo del Senado pero en este caso el Senado no respaldó la medida y los legisladores catalanes han abandonado el parlamento español.

Miles de personas han salido a las calles de Barcelona rodean pacíficamente a la Policia española en las sedes del gobierno catalán mientras la policía local, conocida como los Mossos d’Esquadra, se niegan a cumplir las órdenes que llegan desde Madrid.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont denunció la violación del Estado de Derecho por parte del gobierno de Rajoy y calificó las medidas dictadas desde la capital española como autoritarias y antidemocráticas.