Tiempo estimado de lectura:
08/02/2017

CIDH sesionará en Montevideo en octubre de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá un pedido de audiencia de la sociedad civil sobre el proceso de elección de miembros de la SCJ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará en Montevideo en 2017, entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, anunció la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este será uno de los cinco períodos de sesiones que se realizarán en el correr de este año.

El primero período del año, el 161, tendrá lugar tendrá lugar del 15 al 22 de marzo en Washington, D.C., en la sede del organismo. La Comisión ha recibido las solicitudes de audiencias y de reuniones de trabajo sobre todos los países miembros de la OEA. Las audiencias seleccionadas tendrán lugar los días 17, 20, 21 y 22 y las reuniones de trabajo el día 18.

El 162 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar del 22 al 26 de mayo en Buenos Aires, a invitación del Estado argentino, y se podrán solicitar audiencias y reuniones de trabajo desde el l 15 de febrero al 1 de marzo. Se realizarán audiencias sobre Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

La CIDH informó que el 163 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar del 3 al 7 de julio en Lima, a invitación del Estado peruano y se realizarán audiencias sobre Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Surinam y Venezuela.

El 164 Período Extraordinario de Sesiones tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre en un lugar todavía no definido y se realizarán audiencias sobre países de América Central, el Caribe y América del Norte.

El quinto y último Período Ordinario de Sesiones del año, el 165, tendrá lugar del 23 de octubre al 1 de noviembre en Montevideo, a invitación del Estado uruguayo y se realizarán audiencias sobre todos los países de la OEA. El sistema para solicitar audiencias y reuniones de trabajo estará abierto del 12 al 26 de julio.

“Es histórica la celebración de cinco sesiones de la CIDH en un año”, dijo su actual presidente, el brasileño James Cavallaro. “Es una manifestación del compromiso de la CIDH y de los Estados anfitriones con los derechos humanos en el hemisferio, con la necesidad de diálogo permanente y de avanzar en el pleno respeto de los derechos humanos”, agregó Cavallaro.

“El apoyo de los Estados anfitriones permitirá seguir construyendo altos estándares interamericanos de derechos humanos y fortalecer la contribución de la Comisión Americana para lograr una justicia internacional más accesible y efectiva”, sostuvo por su parte el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Elección de magistrados

La confirmación del período de sesiones de la CIDH llega en momentos en que un grupo de organizaciones de la sociedad civil está reclamando el cumplimiento de los estándares interamericanos en materia de elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Por esta razón, este grupo de organizaciones presentará una denuncia ante la CIDH y pedirán una audiencia especial cuando la comisión sesione en Montevideo en el mes de octubre, según confirmaron las abogadas Tania da Rosa y Marina Morelli

Bajo el título “Preocupación por proceso de elección de Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia”, 27 agrupaciones de la sociedad civil, que reúnen a más de un centenar de organizaciones, plantearon este lunes 23 de enero su preocupación por el proceso parlamentario de elección de los miembros del máximo organismo judicial, que una vez más se está negociando en secreto entre los partidos políticos con representación parlamentaria.

El comunicado de las organizaciones sociales asegura que el “secretismo” con el que se define la renovación del máximo organismo judicial “desconoce los estándares y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido claramente que los Estados deben promover que los ‘procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos’”.

El pasado 7 de marzo de 2016, hace menos de un año, la CIDH hizo público un llamamiento a los estados miembro de la OEA a tomar las medidas necesarias para “fortalecer la independencia judicial en sus respectivos ámbitos internos a través de procesos de designación ajustados a los estándares internacionales”.

Si bien la CIDH menciona los casos puntuales de Argentina, Guatemala, y Honduras la CIDH advierte de riesgos en la región ante procesos de selección que “podrían afectar la independencia de quienes fueron electos o podrían llegar a ser electos, tales como: nombramientos directos por parte del poder ejecutivo sin contar con la participación de otro órgano del Estado o recibir observaciones de actores de la sociedad civil u otras partes interesadas respecto a las candidaturas; la falta de publicidad de las convocatorias y procedimientos por parte de los órganos encargados de designar magistradas y magistrados; y la falta de acceso del público a información acerca de las y los candidatos a fin de permitir la efectiva participación de la sociedad, en cumplimiento del principio de participación de la sociedad civil”.