Tiempo estimado de lectura:
19/04/2017

La conexión uruguaya de un millonario caso de corrupción en España

El bufete del abogado Oscar Algorta, el mismo del caso Lava Jato, fue denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Desaparecieron más de 36 millones de euros. Hay una docena de encarcelados


Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv

Cuando todavía se investiga en Montevideo la participación del estudio Algorta y Asociados en el caso de corrupción brasileño Lava Jato, en España se tramita una denuncia en su contra presentada por tres integrantes de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Según la denuncia presentada el pasado 6 de marzo, a la que tuvo acceso Sudestada, el estudio Algorta y Asociados jugó un rol fundamental en la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construcao por parte de la principal empresa pública madrileña, el Canal de Isabel II. A primera vista, resulta inexplicable que una empresa pública española tenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil, invirtiendo decenas de millones de euros. 

El asunto fue objeto de una investigación parlamentaria que duró tres años y que llegó a la Justicia a instancias de los partidos de oposición al anterior gobierno de Madrid, en manos del derechista Partido Popular. La denuncia fue firmada por los diputados Mercedes Gallizo Llamas (PSOE), Eduardo Gutiérrez Benito (Podemos) y Juan Rubio Ruiz (Ciudadanos).



El caso derivó este martes 18 en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien aparece como uno de los principales imputados en la trama junto con una docena de antiguas autoridades de la empresa pública madrileña.

Al igual que en el caso de Lava Jato (la investigación de corrupción en torno a la petrolera brasileña Petrobras) el papel del estudio jurídico del abogado Oscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar en el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa “Soluciones Andinas de Agua”, una SRL que tuvo su sede en su estudio jurídico de la Ciudad Vieja pero en la que aparecen involucradas otras sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, Colombia y las ex Antillas Holandesas.

Compleja ingeniería para desaparecer millones



En estos casos, cuando los “asesores” jurídicos o contables –como es el estudio Algorta en esta ocasión– son pescados “in fraganti”, suelen decir que su tarea se limitó a dar algunos consejos, recomendar buenas prácticas para la formación de sociedades y quizás prestar algún nombre (testaferro) para alcanzar el número mínimo de integrantes del directorio.

Sin embargo, esta eventual explicación no cierra para la tarea que desempeñó este poderoso grupo de abogados uruguayo, que funciona en la oficina 401del edificio de la Ciudad Vieja que se ubica en el 1393 de la calle Ituzaingó, esquina Rincón, frente a la plaza Matriz. Más si se tiene en cuenta que, en ese pasamanos, se perdieron más de 36 millones de euros del erario español. 

El caso tiene ribetes de una película de espionaje internacional, donde se pueden rastrear los indicios de la corrupción en España (Madrid), Panamá, Colombia (Barranquilla), República Dominicana, las ex Antillas Holandesas (Curazao), Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay.

En ese complejo mapa intercontinental fue que se perdieron millones de euros de la empresa Canal de Isabel II, la principal empresa hídrica de la capital española. Y en la ingeniería de ese entramado fue que tuvo un papel fundamental el abogado uruguayo Oscar Algorta y dos integrantes de su estudio: su hijo José Miguel Algorta Garicoits y una de sus secretarias, María Esther Campa Solares.

Malabares empresariales


El cambio de nombre de las empresas y el permanente traspaso de la cuotaparte de las sociedades entre diferentes directivos es una práctica corriente en esta historia de malversación de fondos públicos.

Línea de tiempo: hacé click en la imagen para ver cómo se construyó la trama




La sociedad de responsabilidad limitada Turman Investments fue constituida el 25 de setiembre de 2008 y registrada cuatro días después en Montevideo, con un capital de 150 mil pesos uruguayos, por un plazo de 30 años. Fijó como domicilio el apartamento 501 del edificio ubicado en Obligado 1256, en Pocitos.

Su objeto declarado era el de “Realizar todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos de cualquier clase en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros; participar en sociedades comerciales en Uruguay, y/o en el extranjero (Art. 47, Ley 16.060, y Art. 100 Ley 18.083, respetando las prohibiciones legales en vigencia”.

Allí aparecía como socia administradora, con el 1 por ciento de las acciones, María Esther Campa Solares, una funcionaria del estudio Algorta, y José Miguel Algorta Garicoits, hijo de Oscar Algorta, con el 99 por ciento restante.


Abogado José Miguel Algorta Garicoits, integrante del estudio de su padre Oscar Algorta. 

El 4 de marzo de 2009 Campa Solares cedió su participación a la empresa panameña Yavango Investment Inc, que fijó su domicilio en el estudio Algorta y además quedó como administradora de la sociedad.

Mientras tanto, Algorta Garicoits hizo lo propio con su parte de la SRL y se la cedió a la Fundación Privada Himalaya, una sociedad creada en Curaçao, una de las ex Antillas Holandesas, que también fijó el estudio Algorta como su domicilio.


Sede del estudio Algorta & Asociados, en Ituzaingó y Rincón, en la Ciudad Vieja. Allí funcionó la empresa Soluciones Andinas de Agua SRL.

El 27 de mayo de aquel año hubo otro pase de manos. La Fundación Privada Himalaya cedió una parte de su participación en Turman al ciudadano venezolano Daniel José Herrera Oropeza, quien mantuvo el mismo domicilio y se hizo cargo de la administración.

El 9 de noviembre de 2011 el español Ignasi Maestre Casanovas, director del estudio contable Igmasa (con sede central en Andorra y sucursal en Montevideo), entró a la directiva de la empresa panameña Yavango Investment. Inc. El 25 de enero de 2015 el estudio Mossack & Fonseca, principal afectado por el escándalo “Panamá Papers”, se hizo cargo de la administración de la empresa.

La febril actividad de transferencia de acciones de Turman Investments se calmó por unos años, hasta abril de 2012. El 13 de aquel mes el venezolano Herrera Oropeza cedió su participación en Turman a la sociedad anónima uruguaya Tana Investment Company, que resolvió fijar su domicilio en la oficina 201 de la calle Juan Carlos Gómez 1388.

En ese escritoio de la Ciudad Vieja, al lado de la sede del Partido Nacional, funcionan dos estudios contables vinculados con numerosas maniobras en los Papeles de Panamá: Igmasa Management Uruguay SRL y Scafell Sociedad Anónima. Su titular es el español Ignasi Maestre.

También dejó su parte la Fundación Privada Himalaya, propiciando el regreso de la sociedad panameña Yavango Investments Inc, que ahora se había mudado al estudio contable de la calle Juan Carlos Gómez.

Al año siguiente, el 8 de marzo de 2013, se produjo la primera movida que involucra a esta sociedad uruguaya de nula actividad con la corrupción en España. Es que Turman Investments pasó a llamarse Soluciones Andinas de Agua SRL y con ese cambio se abrió la puerta para el ingreso a la empresa dueña de la hídrica española.

Canal Extensia SA es una sociedad creada en 2001 por la empresa pública española Canal de Isabel II a fin de promover sus inversiones en América Latina. Con ese objetivo Canal Extensia compró en 2006 la mayor parte de la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (INASSA), con sede en la ciudad de Barranquilla. Y fueron estas dos empresas (Canal Extensia e INASSA) las que el 20 de junio de 2013 adquirieron la recién bautizada Soluciones Andinas de Agua SRL (ex Turman Investments). La SRL cambió de dueños pero no de domicilio, ya que permaneció en Juan Carlos Gómez 1388 oficina 201.

Cinco meses después, el 14 de noviembre de aquel año, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua adquirió el 75 por ciento de la empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção y pagó 21,5 millones de euros. En diciembre, un mes después de la compra, la empresa brasileña aparece por primera vez en los balances de Canal Extensia con un valor de 10.269.000 euros. Es decir que en 30 días perdió 10 millones de euros.

Continuando la caída vertiginosa, el balance presentado por Canal Extensia un año más tarde (en diciembre de 2014) le atribuía a la brasileña Emissão Engenharia e Construção un valor patrimonial neto de 5.186.000 euros, la cuarta parte de lo que había pagado por ella en 2013 la uruguaya Soluciones Andinas de Agua SRL. Sin embargo, el balance del año publicado por la empresa Emissao en la prensa brasileña decía que el patrimonio superaba los 119 millones de reales, el equivalente a 37 millones de euros al cambio de la época.

Pero la debacle financiera no acabó allí. En diciembre de 2015 la empresa pública española valoró negativamente a la brasileña Emissão, por un total de 5.545.000 euros. También detalló como pérdidas su participación en la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, por un total de 10.528.000 euros. Pero por si esto resultara poco, en su balance de aquel año se decía que para 2016 se proyectaba “restablecer la situación patrimonial” de la empresa brasileña “mediante un anticipo futuro de capitalización de préstamos de su accionista Soluciones Andinas de Agua SRL”.



Así las cosas, si se suman los euros que desaparecieron entre el inicio de las operaciones en 2013 y finales de 2015, la empresa pública madrileña “perdió” más de 36 millones de euros. Y la gestión del estudio jurídico uruguayo está en el centro de las sospechas de los legisladores y los magistrados españoles.

Todo este turbio proceso tuvo este miércoles 19 un nuevo episodio con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de la operación Lezo, que según informó el sitio web Eldiario.es “se centra en la corrupción de la empresa pública Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos”. González también fue presidente de la empresa Canal de Isabel II hasta el año 2014, es decir en pleno proceso de compra de la empresa uruguaya Soluciones Andinas de Agua y la posterior adquisición de la brasileña Emissão Engenharia e Construção.

La denuncia completa


El siguiente es el texto completo de la denuncia presentada el 6 de marzo ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid.